La Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país declaró con lugar una demanda de la empresa pública venezolana de transporte e instruyó a la constructora brasileña a reembolsar USD 38.303.068,84 y Bs 418.036.988,34 por incumplimiento de contrato respecto a la edificación de 2.400 viviendas de interés social
Transparencia Venezuela, 24 de octubre de 2023.- La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sentencia número 942, declaró “con lugar” la demanda patrimonial que la compañía Metro de Caracas interpuso en diciembre de 2017 contra Constructora Norberto Odebrecht, por no haber construido las 2.400 viviendas que le encargó y que debían ser edificadas en un terreno ubicado en Mariche (Miranda).
Según reseña del portar Suprema Injusticia, en la misma decisión el máximo tribunal le ordena a la firma brasileña reintegrar a la empresa pública venezolana de transporte USD 38.303.068,84 y Bs 418.036.988,34, estos son los montos indexados desde 2016, por el incumplimiento del contrato que ambas suscribieron en diciembre de 2012.
Tras declarar que contrato revestía “un carácter de interés social” y revestía gran importancia para garantizar el acceso a las políticas sociales de viviendas, en el fallo se rechazaron las excusas que dio Odebrecht para incumplir con lo pactado: Que el terreno no era geológicamente apto para acoger el número de casas previstas y además las autoridades decidieron a última hora incorporar a otras empresas a los distintos proyectos de construcción de viviendas.
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Asimismo, el TSJ no encontró en las pruebas que la demandada presentó durante el juicio “elementos probatorios tendientes a demostrar que (…) haya llevado a cabo la ejecución de los trabajos objeto del contrato MC 4749, dentro de los cuarenta y ocho (48) meses siguientes”. Es decir, la empresa Odebrecht no demostró que “construyera y entregara alguna de las 2.400 viviendas que se comprometió a realizar, tal como fue estipulado por las partes, resultando evidente el incumplimiento de las obligaciones asumidas, ya que la misma reconoció que debido a las condiciones geológicas del terreno no pudo cumplir con el objeto del contrato, siendo que tal circunstancia debía tenerla en cuenta antes de presentar su oferta para realizar a cabalidad la ejecución de la obra en el plazo indicado”, dictaminó la Sala Político Administrativa.
El contrato para la construcción del complejo habitacional de Mariche tenía costo para el Estado venezolano de Bs. 1,8 millardos y de USD 169 millones. Hasta 2013, el Gobierno realizó pagos de más de Bs 500 millones y de USD 50 millones, de acuerdo con los documentos que terminaron en poder del TSJ.
Sin embargo, Odebrecht devolvió parte de los anticipos, pero no la totalidad por considerar que el incumplimiento no era imputable a la empresa. Una tesis que la Sala Político Administrativa rechazó y, por ello, le ordenó reintegrar el resto de los fondos y para reparar el daño provocado por la inflación y por las reconversiones monetarias aplicadas en los últimos años, la instancia solicitó al Banco Central de Venezuela (BCV) que indexara los montos y además estimara los intereses moratorios.
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