La lentitud con la que actúa la justicia venezolana no sólo afecta a los ciudadanos de a pie, sino a los intereses del Estado venezolano. Prueba de ello es que el Tribunal Supremo de Justicia se demoró seis años en atender la solicitud del Ministerio de Vivienda y Hábitat, por incumplimiento de un contrato millonario para construir 6.880 viviendas, que debieron estar listas en 2016.
Transparencia Venezuela, 19 de noviembre de 2023. La lentitud con la que actúa la justicia venezolana no sólo afecta a los ciudadanos de a pie, sino a los intereses del Estado venezolano. Y prueba de ello es que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se demoró seis años en atender una solicitud que el Ministerio de Vivienda y Hábitat le formuló para que embargara los bienes de dos empresas por incumplir un contrato millonario para construir 6.880 viviendas, que debieron estar listas en 2016.
La medida la adoptó la Sala Político Administrativa en su sentencia número 1000, dictada el 9 de noviembre de 2023 , y en la cual declaró con lugar la solicitud que, en marzo de 2017, presentó el Ministerio de Vivienda y Hábitat contra la empresa española Grupo Essentium y subsidiariamente contra la aseguradora venezolana Seguros Universitas.
En el dictamen redactado por la magistrada Bárbara César Siero, el máximo juzgado ordenó la congelación de los bienes y fondos a las dos firmas, luego de constatar que pese a que el Gobierno venezolano entregó como anticipo US$ 143 millones (alrededor del 25% del monto total del contrato) para la construcción de casi 7.000 viviendas prefabricadas, en los estados Trujillo y Falcón, las cuales debían estar listas en enero de 2016, las obras apenas presentaban “una ejecución física del 4,91%” un año después de vencido dicho plazo.
Con el “avance financiero del 37% (…) sobre el monto otorgado a la empresa por concepto de pago de valuaciones y anticipos no amortizados, pudo haberse culminado, al menos 968 viviendas y las dos plantas de prefabricados, sin embargo, a la fecha no se ha iniciado la construcción de viviendas en ambas locaciones”, denunciaron los representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat.
Como el Grupo Essentium está domiciliado en Madrid, el TSJ anunció que solicitará a las autoridades españolas su colaboración para ejecutar las medidas confiscatorias.
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