La medida parece ir a contracorriente de las reformas legales que en los últimos meses ha venido aprobando la Asamblea Nacional, para reforzar el derecho a la libertad personal y combatir el acuciante hacinamiento carcelario
Transparencia Venezuela, 11 de octubre de 2022.- Los acusados de violación deberán esperar sus juicios en un calabazo y los jueces penales no podrán, en ninguna circunstancia, otorgarles ningún tipo de medida sustitutiva de libertad, aun cuando su salud esté en riesgo. Así lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en un movimiento que parece ir a contracorriente de las reformas legales que en los últimos meses ha venido aprobando la Asamblea Nacional, para reforzar el derecho a la libertad personal y combatir el acuciante hacinamiento carcelario, reporta el portal Suprema Injusticia.
La decisión la adoptó la Sala Constitucional del TSJ, en su sentencia número 437 del pasado 2 de agosto de 2021, en la cual declaró “sin lugar” un amparo que el abogado Wilson Rudas, representante de Edgar José Paredes, interpuso en noviembre de 2021 contra el fallo de la Corte de Apelaciones del estado Zulia, que rechazó excarcelar a su defendido, acusado de violación, a cambio de imponerle otra medida, ante los problemas de salud que ha venido registrando durante su cautiverio y podrían llegar a poner en riesgo su vida.
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“El delito por el cual se procesa al presunto agraviado fue calificado por esta Sala como un delito atroz, donde la pena excede en su límite máximo de ocho años prisión (…) por lo que se presume el peligro de fuga, y siendo que las causas que originaron tal medida no han cambiado, y en virtud, de la multiplicidad de víctimas afectadas por el imputado, por lo que no es permisible relajar la medida de coerción solicitada por el accionante de autos”.
Edgar José Paredes, acusado de violación, de acuerdo con lo narrado por su defensor, se encuentra recluido preventivamente, a la espera de su juicio, en el Comando de Unidad Canina Anti-Drogas (U.C.A) de la Policía Bolivariana del Zulia, donde ha comenzado a presentar problemas de salud, tanto físicos como mentales. Una situación que ni el tribunal de primera instancia ni la Corte de Apelaciones y ahora la Sala Constitucional habrían tomado en cuenta, indica la nota.