Según datos de la Fiscalía General de la República, con la reciente “cruzada contra la corrupción” se han detenido 61 personas, pero solo se conoce la identidad de 51 de ellas. 43 están vinculadas directamente con la empresa estatal
Transparencia Venezuela, 17 de junio de 2023.- La gama de servicios que ofrecen los supuestos empresarios acusados por la trama de corrupción Pdvsa – Cripto es inagotable: desde el suministro de alimentos, venta de artículos de belleza o equipos quirúrgicos, recolección de desechos sólidos, suministro de software administrativos, hasta la dotación de equipos para la industria petrolera y la comercialización del crudo. De acuerdo con una investigación de Transparencia Venezuela, al menos 105 empresas están vinculadas a 18 de las personas acusadas por el Ministerio Público de presuntamente participar en operaciones ilegales con petróleo sin tomar en cuenta normativas de contratación ni controles administrativos.
Hace 90 días se conoció este esquema de corrupción en la industria petrolera que dejó una pérdida milmillonaria de entre 13.000 y 16.000 millones de dólares, según reportes periodísticos y estimaciones propias. En estas operaciones participó un grupo de personas ligadas a altos funcionarios del Estado y con empresas creadas en Venezuela (68), Panamá (18), Estados Unidos (9), Barbados (6), República Dominicana (2), Reino Unido (2), Malta (1) y Chipre (1). Al menos 56 de ellas fueron creadas entre 2012 y 2022, justo durante la administración de Nicolás Maduro.
Aunque el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha ofrecido algunas de las identidades de las personas detrás de las empresas que contrataban con Pdvsa, no ha informado a profundidad sobre el rol de cada uno en esta trama. Solo se conoce que 12 fueron detenidos y presentados a destiempo y fuera del Palacio de Justicia. El resto de los señalados tiene orden de aprehensión.
¿Quiénes son los empresarios?
-Bernardo Andrés Arosio Hobaica. Está detenido y ha estado vinculado con 11 empresas en Venezuela creadas entre 2002 y 2018, seis en Barbados, cinco en Estados Unidos (entre 2011 y 2019), otras tres en República Dominicana (entre 2012 y 2019), y una en Panamá fundada en 2010. Es el accionista mayoritario de Prodata Energy, compañía favorecida por Pdvsa para exportar el gas venezolano hasta Colombia. También, según Armando.info, está relacionado con una intermediaria de Pdvsa, Walker International Dw-Llc.
-Juan Manuel Afonso López y Manuel Ramón Afonso López. Tienen orden de aprehensión. Han sido directivos de nueve empresas: siete en Venezuela que fueron registradas entre 2004 y 2022, y otras dos en Panamá creadas entre 2012 y 2019.
-Kristhonfer Argenis Barrios Vivas. Se encuentra detenido y ha estado vinculado con cuatro empresas en Panamá, tres en Venezuela y una en Estados Unidos. Con empresas registradas en los últimos dos países ha contratado con el Ministerio de la Defensa, con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y la Fundación Pueblo Soberano.
-Alejandro José Arroyo Pérez. Está detenido y ha estado vinculado de siete empresas en Venezuela, una en Chipre y otra en Reino Unido.
-Johanna Lisseth Torres Ojeda. Está detenida y ha tenido relación con seis empresas en Venezuela. Por medio de su exesposo, Valmore Guevara Rivas, está vinculada a otras tres empresas, una de ellas con domicilio en Panamá. Ha sido contratista del Programa de Alimentación Escolar en Anzoátegui y de Mercado de Alimentos S.A. (Mercal).
-Fernando José Bermúdez Ramos. Tiene orden de aprehensión. Ha tenido relación con cuatro empresas en Venezuela creadas entre 2012 y 2017, y otras tres en Panamá fundadas entre 2009 y 2014. En una de las compañías comparte rol con el abogado de Alex Saab en Caracas, Amir Nassar Tayupe. Se trata de Global Foods Trading, que en una oportunidad fue contratista de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpoex), para el suministro de 90.000 toneladas de maíz amarillo que presuntamente vendió con sobreprecio.
-Rogers Ignacio Ramírez Dorante. Se encuentra detenido y está estrechamente vinculado al exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, Antonio José Pérez Suárez, debido a que egresaron de la misma promoción de la Academia Militar en el año 1999. Fue contratista de la Corporación Socialista de Cemento en la gestión del exfuncionario y ha estado relacionado con cuatro empresas en Venezuela creadas entre 2013 y 2022, y dos en Estados Unidos creadas en 2012.
-Leonardo Enrique Torres Naim. Está detenido y ha tenido relación con cuatro empresas en Venezuela y otra en Reino Unido.
-Salem Hassoun Atrach es uno de los mayores contratistas de la lista de acusados. Está detenido y ha tenido relación con tres empresas en Panamá y dos en Venezuela. Ha suscrito más de 100 contratos con Petróleos de Venezuela.
-Alejandro Alfredo Londoño Guerrero. Está detenido y ha estado vinculado con cuatro empresas en Venezuela, creadas entre 2005 y 2011. Una de sus empresas, Asociación Cooperativa La Unión es la Fuerza R.L., contrató en 2020 con Gas Comunal, Corporación Socialista de Cemento y Petróleos de Venezuela.
-Daniel Ricardo Prieto Prieto. Está detenido y fue identificado como un operador financiero del exdiputado de la Asamblea Nacional, Hugbel Roa. Ha tenido relación con cuatro empresas en el país, creadas entre 2002 y 2017.
-José Luis Ferrándiz Laya. Tiene orden de aprehensión. Se le relaciona con tres empresas: dos creadas en Venezuela entre 2009 y 2012, y una en Panamá creada en 2018. Una de sus compañías, Servicios Integrales de Distribución, C.A. suscribió en 2016, un contrato con la Gobernación del estado Mérida para distribuir alimentos para eventos.
-Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez y Roger Vicente Perdomo Rodríguez. Se encuentran detenidos. Están vinculados a Pérez Suárez y poseen dos empresas dedicadas a la construcción que crearon en 2012 y 2016. Destacan por ser las personas detrás de muchas de las construcciones de edificios en la urbanización Las Mercedes, en el municipio Baruta de Caracas.
– Ximena Cagide Parada. Tiene orden de aprehensión y se le relaciona con dos empresas en Venezuela que han contratado con el Consejo Nacional Electoral y con Lácteos Los Andes, propiedad del Estado. También fue empleada en Grupo Hardwell Technologies C.A., gran contratista del Estado.
-Olvany Gaspari Bracho. Se desconoce si está detenida. Se encuentra vinculada a una empresa creada en Venezuela en 2019 que está ligada al sector de alimentos.
-Railin Elizabeth Yépez Jaimes. Tiene orden de aprehensión y su nombre ha aparecido en la directiva de una empresa en Venezuela creada en 2015.
-Manuel Enrique Meneses Guevara. Está detenido. Presuntamente era el operador financiero de Pdvsa, bajo el amparo de Pérez Suárez.
En la lista también figuran Eduardo Noriega, Rodolfo Moleiro, William Rivas y Yuravic Ravello Machado, quienes tienen órdenes de aprehensión por estar presuntamente vinculados a la trama Pdvsa-Cripto.
Contratista, contratista: ¿A qué te dedicas?
Luego de la revisión de información que ha estado publicada en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) se identificó el objeto social de 56 de las 105 empresas vinculadas a las personas investigadas. Al menos 27 se dedican al sector alimentos, otras 10 abarcan el sector salud y ocho son del ramo petrolero.
Otras se dedican a obras y construcción, sector automotriz, vigilancia, transporte, asesoramiento financiero, turismo, venta de bienes muebles e inmuebles, papelería, computación, cemento, radiodifusión, ropa y calzado, publicidad y propaganda.
11 de las compañías, que fueron creadas en Venezuela, poseen objetos muy diversos que van desde sistemas y software administrativos, productos de telecomunicaciones, electrodomésticos, suministros para oficina, mobiliarios, papelería en general, alimentos, vehículos automotores, ropa y calzados, alimentos, artículos y equipos de limpieza, aires acondicionados, materiales y equipos médicos quirúrgicos, uniformes de trabajo, juguetes, cosméticos y artículos de higiene personal, bisutería, equipos para industria petrolera y/o petroquímica, industrial y comercial, seguridad industrial agrícola, prestación de servicio de vigilancia, eventos recreativos, culturales, educativos, espectáculos sociales, deportivos, artísticos, electricidad hasta impermeabilización.
Específicamente se está hablando de:
Comercializadora Insumayor, C.A
Servicios Integrales de Distribución C.A.
Grupo Alkon Latinoamericana, C.A.
Servicios Suministros y Construcciones CPC, C.A.
Transport And Services Marítimos Giovalca, C.A
Asociación Cooperativa La Región 82468, Rl
Cooperativa Granos de Maíz 6521, R.L.
Asociación de Cooperativa Rico Sabor 579 Rl
Inversiones Will Anguss 3240, C.A.
Supliven 2021, C.A.
Asociación Cooperativa Santor 339-L, R.L.
Los datos oficiales continúan siendo insuficientes
Según las declaraciones del fiscal Tarek William Saab, en la más reciente “cruzada contra la corrupción” se han detenido a 61 personas, pero solo se ha develado la identidad de 51 de ellos. Al menos 43 están directamente relacionados con el desfalco a la estatal, mientras los demás estarían vinculados con corrupción en el sistema de justicia, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), alcaldías, entre otros.
Entre los detenidos se cuentan 14 funcionarios de Pdvsa, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y la Asamblea Nacional.
La mayoría tiene una larga trayectoria en la administración pública y por lo menos siete han sido designados por Nicolás Maduro y/o Tareck El Aissami: Antonio Pérez Suárez, Heinrich Chapellín Biundo, Hugbel Roa, José Luis Ernesto Silva Orta, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Yamil Alejandro Martínez Núñez e Ysmel Romer Serrano Flórez.
Apropiación del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales, asociación para delinquir y traición a la patria son los delitos por los que se les acusa.
A pesar de estos datos, las declaraciones oficiales no han sido suficientes para conocer la trama de corrupción. El 16 de mayo de 2023, Transparencia Venezuela envió una comunicación a la Fiscalía General de la República con el propósito de profundizar en los hallazgos de una investigación que compromete el patrimonio de la República. Esto suponía saber el monto del dinero involucrado, quién y cómo se inició esta trama, quiénes aprobaron las operaciones, dónde están detenidas las personas asociadas al esquema y el estatus de la causa, así como qué controles administrativos habían fallado para que se ejecutaran estas operaciones ilegales. Un mes después, las interrogantes permanecen.