El ejercicio fiscal para el próximo año fue presentado ante la cuestionada Constituyente, en reiterada transgresión a lo dispuesto en la Constitución, y con escasa información sobre las cifras de discriminación del gasto, las premisas presupuestarias y las fuentes de financiamiento

Transparencia Venezuela, 03 de noviembre de 2020. Una vez más el gobierno de Nicolás Maduro consignó, para su revisión y aprobación, la Ley de Presupuesto, la Ley de Endeudamiento Anual y el Plan Operativo Anual del año 2021 ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no a la Asamblea Nacional (AN), tal y como lo estipula la Constitución de Venezuela, transgresión que viene ocurriendo desde 2016, cuando presentó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la Ley de Presupuesto y la Ley Especial de Endeudamiento 2017. Las leyes correspondientes a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020 también fueron presentados y aprobados por la ANC. 

A la fecha, los presupuestos correspondientes a estos tres últimos años no han sido publicados, y las leyes de endeudamiento vieron la luz a destiempo, por lo que se vaticina que las leyes financieras correspondientes al 2021 seguirán bajo las sombras.  Por otra parte, los ejercicios fiscales anteriores mostraron un evidente desconocimiento en materia de presupuesto, con la aprobación de créditos adicionales y rectificaciones presupuestarias desde el primer mes del año fiscal referido. 

Estas medidas, entre otros aspectos, constituyen un irrespeto a los ciudadanos y a las funciones propias de la Asamblea Nacional, en su rol de regulador y evaluador del presupuesto público y del endeudamiento anual, lo cual transgrede a su vez, los principios constitucionales y de Ley bajo los cuales debe regirse la administración financiera pública: justicia social, legalidad, honestidad, participación, eficiencia, solidaridad, solvencia, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. 

Lo que se sabe del presupuesto. En sus declaraciones ante la ANC del 29 de octubre de 2020, la actual ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, dejó entrever escasos detalles en torno al presupuesto 2021. Afirmó que el presupuesto asciende a un monto aproximado de 3.972 billones de bolívares, lo que equivale a 8.138 millones de dólares, según la tasa del Banco Central de Venezuela de la fecha de su presentación. La cifra representa un incremento de 49,6% respecto al monto anunciado y aprobado para el presupuesto 2020 (5.439 millones de dólares). Además, Rodríguez dijo que se contempla que 76,4% del gasto presupuestado sea en el área social,

Según la información, de esta proporción (76,4%), se hizo énfasis en el sector salud, partida que se “incrementa” en más de un tercio; educación universitaria 20%; ciencia y tecnología, que se triplicó; y desarrollo comunal 20% más, respecto al año anterior. No obstante, no se especificaron montos. Respecto a las premisas presupuestarias y las fuentes de financiamiento tampoco hubo detalles, solo se destacó el papel de la recién aprobada “Ley Antibloqueo” como mecanismo para recaudar más ingresos. En resumen, el presupuesto quedó solo en palabras. 

La actual crisis mundial producto de la pandemia por el COVID-19, vino a profundizar el deterioro desmesurado de la infraestructura: hospitales, centros de asistencia social, escuelas y carreteras, entre otros; y de los servicios públicos (agua, electricidad, transporte, telecomunicaciones, etc.) en el país. Por esta razón, el presupuesto de la nación, siendo el instrumento por el cual se canalizan los gastos e ingresos públicos, y en el que se establecen el cómo, qué y cuándo gasta el Estado, debe ser sometido y evaluado por las entidades pertinentes, y estar destinado a atender las necesidades de todos los venezolanos de una manera equitativa y justa.