La organización actualizó las cifras de su anterior registro en un reciente informe donde, además, advierte sobre riesgos de corrupción en el manejo de las compañías públicas y la opacidad en las negociaciones de algunas de ellas con privados, a la vez que retoma su propuesta de un modelo de gobernanza y propone reformas al marco jurídico que las rige
Transparencia Venezuela, 6 de diciembre de 2022. Desde 2016, Transparencia Venezuela ha desarrollado un conjunto de investigaciones para determinar el número de empresas estatales existentes, modelos de gestión, producción, autonomía e independencia, además de los riesgos de corrupción y el impacto en la vida de los venezolanos. De la quiebra empresarial a la desestatización discrecional, nueva entrega de la serie, revela que la cifra de compañías públicas se elevó a 914 con respecto al anterior registro de la organización que fue de 910 en 2021.
Según el informe, del total de Empresas Propiedad del Estado (EPE) identificadas por la organización, 692 están bajo control del Gobierno nacional, de éstas 91 están domiciliadas fuera de Venezuela, 601 están en el país y 219 son administradas por las gobernaciones. A la par de una solapada desestatización de algunas de estas firmas, bajo condiciones en las que imperan la opacidad y la discrecionalidad, el gobierno mantiene la ocupación irregular de 19 empresas privadas, sobre las que también hay información en la base de datos de Vendata.
El estudio evidencia que este proceso que lleva adelante la administración de Nicolás Maduro, incluye la decisión del mandatario de colocar acciones de empresas estatales en el mercado de valores. En este contexto, se exponen los principales hallazgos del informe Aliados Privados en control de empresas estatales que, entre otros, señala que, desde mediados de 2015 hasta finales de 2021, al menos 33 EPE fueron objeto de algún tipo de negociación para ser operadas por el sector privado. Ejemplo de ello sería la presunta transacción que estarían haciendo con empresas básicas como la Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor).
Vencer la opacidad
Pese a la ausencia de rendición de cuentas de los entes estatales y a que las limitaciones en el acceso a la información dificultan precisar muchos datos que son de interés público, el inventario se actualiza de manera constante en la plataforma de datos abiertos Vendata. De este registro se desprende que, de las 914 EPE, el sector manufacturero reúne al menos 161; hidrocarburos 148; sector agroalimentario 150; transporte 70; construcción 63; finanzas 57; minería 43 y servicios públicos 39.
La data permitió rastrear información sobre la Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), creada en noviembre de 2020, según el Decreto presidencial No. 4.379 y adscrita al Ministerio para el Transporte a través del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A. (Conviasa), que en junio de 2022 terminó envuelta en una polémica internacional cuando un avión de su propiedad, Boeing 747-300M, que antes había sido de la empresa iraní Mahan Air, fue retenido en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, en Argentina.
Las investigaciones realizadas por Transparencia Venezuela entre 2016 y 2022 evidenciaron que, a medida que ha ido creciendo el “Estado empresario”, se han desmontado controles formales que buscaban resguardar el patrimonio nacional y se ha establecido el secreto como una política recurrente.
El seguimiento realizado a las empresas estatales en manos del poder regional también desveló irregularidades en su gestión y el uso político que se les ha dado. Esta realidad se ha traducido en desinversión en infraestructuras y reducción de recursos humanos calificados, conflictos laborales, caída de la productividad, aumento de la dependencia de auxilios financieros desde el Ejecutivo, operatividad por debajo de la capacidad instalada y, en muchos casos, en el cese de operaciones.
En estos años la carga de las EPE en las finanzas públicas ha sido muy significativa. Las transferencias que recibieron crecieron en promedio 44,7%, solo entre 1999 y 2016, lo que significó sacrificios de gasto en sectores esenciales como educación, salud y seguridad social, además del cuantioso crecimiento en la deuda pública.
Esta situación incidió en la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país y llevó a más de 7 millones de venezolanos a la migración forzada, muchos en situación de vulnerabilidad y expuestos a robos, abusos y diversas formas de esclavitud moderna.
Marco normativo y gobernanza
Con De la quiebra empresarial a la desestatización discrecional Transparencia Venezuela retoma las ideas plasmadas en el informe Gobernanza para las Empresas Propiedad del Estado venezolano, una propuesta para institucionalizar la transparencia y la rendición de cuentas, que constituye una importante guía para que los responsables de las EPE enfrenten el mayor y más importante desafío que encontrarán para lograr una gestión exitosa.
Entre otros puntos, se plantea concienciar a los colaboradores y demás partes interesadas sobre los devastadores efectos de la corrupción, cuáles son los primeros pasos que se deben seguir una vez que se asume una empresa estatal y cuáles son las buenas acciones que se deben emprender para lograr resultados satisfactorios para los venezolanos.
Por último, el informe muestra la propuesta de Marco Normativo para las Empresas Propiedad del Estado, que comprende principalmente la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP), instrumento legal que desarrolla los principios de la Administración Pública en Venezuela y regula sus normas de organización y funcionamiento.
De igual modo, se propone la derogación de toda referencia en la Ley de Creación de la Comisión Central de Planificación, por considerarse un obstáculo para la mejora organizativa y funcional de estos entes públicos.
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