Transparencia Venezuela: Emergencia sanitaria acrecienta los riesgos para la debilitada democracia en Venezuela
La pandemia ha servido de excusa para la aplicación de medidas restrictivas que vulneran derechos civiles propios de los sistemas democráticos como el libre tránsito y el acceso a la información, así como para justificar acciones represivas y de abuso de poder
Transparencia Venezuela, 15 de septiembre de 2020. La emergencia sanitaria global por la propagación del COVID-19 ha generado grandes desafíos sociales, políticos y económicos en todos los países del mundo. Los Estados han adoptado medidas urgentes para atender el impacto de la pandemia que, en ocasiones, entran en contradicción con derechos y libertades ciudadanas. Es así como las regulaciones de aislamiento y distanciamiento social han sido utilizadas, por algunos, con fines políticos y de control social. El caso de Venezuela es aún más complejo. La crisis no solo ha puesto en relieve el deterioro del sistema sanitario y el colapso de servicios esenciales como agua, alimentación, energía eléctrica y combustible, sino que ha exacerbado los conflictos políticos internos que agobian a la población desde hace casi dos décadas. El país atravesaba ya uno de los momentos más difíciles de su historia, cuya máxima expresión es el éxodo de más de 5,1 millones de venezolanos durante los últimos años, en lo que constituye el segundo desplazamiento humano más grande del planeta. En este contexto, muchas de las acciones emprendidas por las autoridades venezolanas desde que fue decretada la cuarentena, en marzo de este año, han contribuido a socavar aún más el ya debilitado sistema democrático.
Investigaciones recientes de Transparencia Venezuela revelan que la libre circulación y el derecho al acceso a la información también son víctimas de la pandemia. En la mayoría de los estados del país se han reportado casos de abuso de poder, represión y tratos crueles o denigrantes a quienes cometen faltas relacionadas con las medidas de protección para evitar contagios, como no llevar o usar de forma incorrecta el tapabocas o incumplir el distanciamiento social y los lapsos de no flexibilización de la cuarentena. También ha sido excesiva la respuesta a ciudadanos que denuncian hechos de corrupción, como ocurrió en Lara con la abogada Eva Leal, quien fue encarcelada luego de ser golpeada de forma brutal por una funcionaria militar. En un caso más reciente, el odontólogo Williams Arrieta, en Bolívar, fue detenido y agredido por reclamar su derecho a surtir gasolina. Las protestas que por esta misma causa se registran en todo el territorio nacional también son disueltas con violencia, dejando un lamentable saldo de detenidos, heridos y hasta fallecidos, como sucedió con Joel Albornoz, joven pescador de la isla de Toas, en Zulia, asesinado cuando manifestaba por falta de combustible.
Muro de silencio
La censura, las agresiones y persecución a ciudadanos, trabajadores de la salud y periodistas también han arreciado durante la pandemia, han denunciado organizaciones y afectados. Solo hasta mayo, más de 840 personas habían sido detenidas, entre ellas 22 comunicadores, según cifras de Defiende Venezuela. Mientras que los gremios nacionales reportaban a esa fecha 92 ataques contra comunicadores sociales en el ejercicio de su labor informativa y, además, documentaron 57 hechos que afectan la libertad de expresión y el acceso a la información. Pero el muro de silencio impuesto en tiempos de pandemia por quienes detentan el poder político no solo se ha levantado frente al derecho a informar, sino que también vulneran el derecho ciudadano a estar informado y al acceso a la información pública veraz, oportuna y confiable, con respecto al manejo y evolución de la pandemia. La mayoría de los venezolanos desconfían de las cifras “oficiales” de contagios y fallecidos por COVID-19. De igual modo, la opacidad se impone en materia de datos epidemiológicos, así como en todo lo relacionado con los recursos dispuestos para atender la contingencia. Desde el inicio de la crisis, Transparencia Venezuela ha señalado los riesgos de corrupción en las contrataciones y compras para atender la emergencia sanitaria, a la vez que ha exigido transparencia y rendición de cuentas sobre la inversión de los recursos y el destino de los insumos, sobre todo porque desde los centros hospitalarios reportan carecer de equipos de bioseguridad, y la cifra de personal de salud contagiado y fallecido podría superar los 100. Este llamado se ha hecho también respecto a las acciones de ayuda del gobierno interino, tanto en la recepción y distribución de insumos médicos, como en la transferencia directa de fondos a los trabajadores sanitarios que hacen frente a la pandemia.
La tormenta perfecta
Así han calificado muchos analistas la situación venezolana a la luz de la nueva realidad que impone el COVID-19. La crisis social generalizada tiene como escenario un país convulso, donde no solo está en juego su democracia sino también la estabilidad de la región. Venezuela se debate entre un gobierno en el ejercicio del poder y otro interino; entre una Asamblea Nacional (AN) electa por la mayoría, un Parlamento paralelo designado de forma irregular y una cuestionada Constituyente (ANC). El gobierno de Nicolás Maduro se encuentra deslegitimado y bajo escrutinio internacional, entre otras razones, por denuncias de corrupción y supuestas vinculaciones con el crimen organizado y grupos terroristas; mientras que el interinato de Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional y pese a gozar del reconocimiento y respaldo de más de 50 países del mundo, enfrenta la división interna de la oposición.
La salida electoral a la crisis venezolana, apoyada por la comunidad internacional a través de distintas iniciativas de diálogo, se desvaneció cuando el oficialismo desechó los acuerdos que se discutían en el seno de la AN para, vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designar al nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Pero el chavismo no solo designó a los cinco rectores del ente comicial, sino que también convocó a elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre de este año. A esta medida, siguió la intervención de los grandes partidos de oposición–también vía TSJ- y el nombramiento de nuevos directivos, lo que muchos políticos calificaron de “secuestro” de los partidos, que se sumaron así a los inhabilitados o ilegalizados mediante decisiones anteriores del máximo tribunal. Es decir, el gobierno diseñó un árbitro y una oposición “hechos a su medida”.
En respuesta a estas maniobras y ante la falta de garantías, un sector mayoritario de la oposición decidió no participar en lo que denominaron “farsa electoral” que, afirman, solo busca dar un barniz de legitimidad al gobierno de Maduro. Es entonces cuando se produce el llamado de Guaidó a instaurar un gobierno de emergencia nacional, iniciativa respaldada por 37 organizaciones políticas y por aliados internacionales. No obstante, el pacto unitario propuesto por el presidente interino fue rechazado por otras fuerzas opositoras. Figuras como el exgobernador Henrique Capriles y el diputado Stalin González llamaron a participar el 6-D, tras reconocer haber formado parte de conversaciones que, al parecer, habían dado como resultado el indulto presidencial concedido a más de 100 personas, consideradas presos y perseguidos políticos. Todo en medio de la Crisis Humanitaria Compleja sin precedentes, agravada por la pandemia, y con un panorama nada alentador en el que no se vislumbran soluciones a graves problemas como la hiperinflación y la falta de combustible.
Retos de la democracia
Según el Índice de Democracia 2019, publicado el pasado 22 de enero por la Unidad de Inteligencia de The Economist, Venezuela se encuentra entre los países con peor sistema democrático del mundo y, de hecho, desde 2016 entró en la categoría de los “regímenes autoritarios”. Este informe, que recopila información clave sobre diferentes aspectos de la democracia en 167 naciones, reveló un descenso generalizado del puntaje para la democracia en todo el mundo, que pasó de 5.48 (en en una escala del 1 al 10) en 2018, a 5.44 en 2019, principalmente, como consecuencia del declive en los puntajes de América Latina, África Sub-Sahariana, Medio Oriente y África del Norte. Según el estudio, el impacto de nuestra región tiene que ver con el incremento de prácticas autoritarias en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, y por el deterioro en la calificación de las categorías de “procesos electorales y pluralismo” y “libertades civiles”.
Estas cifras, que son el reflejo del desencanto de los ciudadanos con la política y los partidos políticos tradicionales, que fallaron en resolver las debilidades de los sistemas de gobierno, explican la creciente desconfianza y el debilitamiento de la democracia. Venezuela no escapa de esta realidad, que sin duda tendrá otras dimensiones cuando se analice el período correspondiente a la pandemia. Organismos y agencias internacionales han advertido sobre los riesgos que entrañan para la democracia algunas prácticas restrictivas adoptadas por los países en el control de la emergencia y han exhortado a que se defienda el estado de derecho, se respeten las normas internacionales y los principios básicos de legalidad, así como el derecho al acceso a la justicia, los recursos y la información.
En tanto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, en declaraciones ofrecidas meses atrás, a propósito de la presentación del informe de ese organismo sobre los Derechos Humanos durante COVID-19, instó a los Estados a respetar y proteger, entre otros derechos, la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión.
Estas declaraciones cobran especial relevancia este Día Internacional de la Democracia, fecha instaurada por las Naciones Unidas para recordar que los sistemas democráticos se deben concentrar en las personas y para sensibilizar sobre la necesidad de respetar y fomentar los valores de libertad, el respeto a los derechos humanos y el principio de elecciones periódicas por sufragio universal. En Venezuela no solo se incumplen abiertamente tales objetivos, sino que se han adoptado medidas para controlar la circulación de información, reprimir la libertad de expresión y de prensa y cercenar los derechos ciudadanos.