Transparencia Venezuela, 13 de junio.- Los 5,9 billones de bolívares que el Gobierno destinó en 2017 al sector salud, según un presupuesto rodeado de hermetismo y abultado a fuerza de créditos adicionales, no alivió el calvario por el que pasan los venezolanos cuando se ven precisados a acudir al sistema de salud público.

Esa enorme cifra convertida a tasa oficial para el momento se traduce en 1.764 millones de dólares, de acuerdo a cálculos hechos por Transparencia Venezuela, en el seguimiento continuo que realiza a las cuentas del sistema de asistencia del Estado.

Del análisis sobre el sector salud, cuyos avances fueron presentados a la Asamblea Nacional,  destaca el contraste entre la cifra que según el Estado se destinó para prestar una atención digna a los venezolanos y la realidad compleja de la que son víctimas los ciudadanos en cualquier centro asistencial del país.

Se trata de la confluencia de situaciones que van desde la alta rotación ministerial (nueve ministros durante la gestión del fallecido Hugo Chávez y siete, en la de Nicolás Maduro), ausencia de mecanismos para controlar el dinero, opacidad en la gestión pública, aumento del control militar y débil legislación, entre otras irregularidades que derivan en muchas ocasiones en hechos de corrupción que quedan impunes.

La responsabilidad de altos funcionarios del Gobierno nacional en la vulneración de los derechos a la salud y a la vida es una deuda aun por saldar ante la justicia venezolana.

Presupuesto insano

En un análisis de los recursos destinados a la salud en 2017, se observó que el presupuesto inicial pasó deBs. 563.137.185.906 a Bs.5.901.921.710.296 (presupuesto final), con la aprobación de recursos extraordinarios.

Es una cantidad que pudiera hablar bien de la intención del Gobierno de resguardar el derecho a la salud de los ciudadanos.  Sin embargo, aunque los fondos aumentaron en 948%, esto no representó una mejora sustancial en la calidad de la asistencia ofrecida en materia de salud por el Estado.

Al analizar esos créditos adicionales que abultaron el presupuesto, Transparencia Venezuela encontró que de 28 proyectos del Ministerio de Salud, solo 12 recibieron fondos adicionales, mientras que la mayoría, 16 proyectos contaron únicamente con su presupuesto inicial para su ejecución anual.

En el seguimiento al sector se evidencia que entre los proyectos que no recibieron recursos adicionales durante el transcurso del año 2017 se encuentran:

-Promoción  de  condiciones  y  estilos  de vida saludable para la prevención del cáncer en la población venezolana.

-Fortalecimiento de la atención integral de las  enfermedades  crónicas  no transmisibles en la población venezolana.

–Fortalecimiento de la red de bancos de leche humana y lactarios institucionales existentes en el país.

-Fortalecimiento de los servicios regionales que atienden pacientes con: VIH/Sida/Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades respiratorias tuberculosis, asma, Enfermedades Pulmonares  Obstructivas  Crónicas (EPOC), Hepatitis y bancos de sangre.

-Organización estructural y funcional de la red de atención Ambulatoria en las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC).

–Actualización, seguimiento y control del esquema ampliado de Inmunizaciones en el país.

-Consolidación de la gestión en salud ambiental, desde el ámbito nacional para el mejoramiento de las condiciones sanitario ambiental.

-Fortalecimiento de la gestión sanitario ambiental en el manejo adecuado de los desechos peligrosos, generados en los establecimientos de salud.

-Atención en Salud integral para personas con discapacidad.

–Sistema Integral de Suministro de Insumos para la Salud.

-Humanización de la Atención en la Salud Mental para la Vida Sana.

Corrupción en salud: una dosis letal

A la falta de continuidad en la gestión, con más de una docena de ministros  de salud en la autodenominada Revolución- cuatro de ellos militares- y al abultamiento alarmante del presupuesto, se añade el daño a la República por corruptelas en todos los niveles de administración.

Aunque la realidad es suficientemente cruda en los hospitales y centros asistenciales, con solo echar una mirada a lo que dictamina el organismo del Estado en materia de control, se puede constatar el caos alarmante en el sector salud. En el Informe de la Contraloría General de la República (CGR) del año 2016 se señaló  el desorden en el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).

“En la revisión efectuada a los documentos que conforman cada una de las contrataciones evaluadas, no se constató el presupuesto base, ni documento alguno que demuestre que las contrataciones se efectuaron bajo un adecuado proceso de planificación y programación”, señaló el organismo de control.

Un año antes, en 2015 la CGR reveló que luego de una inspección en el MPPS y el Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR) se constató:

 “…la contratación de 11 empresas por la totalidad de Bs. 103.551.914,90, en donde se determinaron debilidades de control interno administrativo, vinculados con el seguimiento del cumpli­miento al objeto previsto en los contratos, puesto que 8 de las 11 empresas adjudicadas no suministraron la totalidad de los medica­mentos, de cuyo acto el MPPS no aplicó las medidas sancionatorias ni ejecutó de las fianzas de fiel cumplimiento; asimismo, no exigió el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social a 4 de las 11 empresas adjudicadas por Bs. 2.692.344,83. Igualmente, el MPPS omitió procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, vinculados con la conformación de la documentación generada en un expediente único; así como de la preparación del presupuesto base”.

La lista de irregularidades se acumulan en los informes de la GCR. En 2013, el órgano contralor verificó la actuación de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) que firmó 100 contratos de obras en ocho hospitales incluidos en la Red Hospitalaria Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS): Hospital Maternidad Concepción Palacios; Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos; Hospital Dr. José María Vargas de Caracas; Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC); Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay (SAHCM); Hospital Industrial de San Tomé; Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio.

La CGR analizó 64 expedientes de obras por Bs. 274.173.962,70, además de 10 empresas y 32 contratos, por Bs. 169.729.750,17. Sostiene el organismo que:

“En los 8 centros asistenciales incluidos en la Red de Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud el proceso de selección, contratación y ejecución de obras adelantados por la Fundación estuvo signado por debilidades e improvisaciones, en especial aquellas referidas a la supervisión, control y seguimiento, toda vez que se determinaron reiterados incumplimientos de las cláusulas contractuales, por consiguiente, el impacto fue desfavorable en el resultado de la gestión cumplida por la Institución durante el período de los años 2007 al primer semestre de 2010, en cuanto a la consecución de las metas y objetivos en la misión institucional: recuperar, fortalecer y modernizar el Sistema Público Nacional de Salud.”

Los hechos superaban el hermetismo oficial frente a hechos de corrupción. La Fiscalía General de la República determinó en 2014 la responsabilidad de la ministra de Salud (2010- 2013), coronel de la Aviación (asimilada), Eugenia Sader. Fue imputada por peculado doloso, asociación para delinquir y sobregiros presupuestarios en los casos de la construcción de hospitales y compra de medicamentos. Se libró orden de detención en su contra, pero no fue detenida. En el 2017 el Ministerio Público emitió dos órdenes de captura por corrupción contra la misma ex funcionaria, quien todavía no ha respondido ante la ley.

Barrio Adentro

Transparencia Venezuela, a través del Observatorio de Misiones, lleva el pulso de lo que ocurre con Barrio Adentro, uno de los programas emblemáticos de Hugo Chávez, caracterizado por un marcado componente militar y político. La organización ha determinado la ausencia de una política planificada, de seguimiento y control de indicadores, así como la falta de evaluación de impacto.

A este programa bandera del chavismo se le han asignado US$40.400.285.232 y sus resultados no han sido los más favorables. La poca transparencia, inexistente rendición de cuentas y desorganización institucional dan cuenta de la corrupción que subyace a lo interno de este programa.

El abuso del poder por parte de funcionarios públicos para enriquecerse a costa del dinero de la Nación es una de las causas de la regresión de los derechos de los venezolanos y resulta particularmente delicado en el ámbito de la salud, porque la vidas de miles de personas- niños, jóvenes y ancianos- están en riesgo a diario, a merced de un sistema de salud pública sumido en el caos administrativo y en corruptelas a todos los niveles.