Por cada 100 trabajadores de la salud contagiados con COVID-19 en Venezuela, mueren más de cinco. Le sigue Bahamas con casi tres defunciones
Según el organismo internacional, Venezuela ha pagado más de 101 millones de dólares, de los 120 millones de dólares que exige la Alianza Gavi para el acceso a las vacunas anti-COVID-19
Hasta el 2 de mayo, habían llegado 880.000 dosis de vacunas a Venezuela. Sin embargo, su plan de distribución se desconoce
El proceso ha estado marcado por el secretismo gubernamental y el abuso de privilegios para quienes ostentan el poder, sin haber
asegurado la vacunación de los grupos vulnerables.
Durante tres meses regresó al hospital y entrevistó a cuatro médicos y tres enfermeros. La cirujana le dijo que ella le apretaba la mano y él respondía. Incluso dentro del quirófano los agentes del SEBIN y del CICPC, lo estuvieron rodeando sin tregua, le confesó la traumatóloga
El hospital parece un lugar donde la gente va a morir, y solo los que tienen suerte sobre viven, según este ignominioso relato de Marcano, que parece no tener fin.
La opacidad en el acceso a la información pública sobre los recursos presupuestarios invertidos, la operatividad de los centros asistenciales, los boletines epidemiológicos, los indicadores de enfermedades, entre otros aspectos, caracteriza la gestión del Estado en
este sector.
Since 2015, Venezuela has endured a worsening
political, social and economic context, in the
form of shortage of food and medicines, a surge
in crime rates, a booming informal economy,
institutional weakness, mass migration and
widespread poverty.
Estas acciones, tal como lo describe el estudio, contravienen las recomendaciones de organizaciones internacionales, sociedades científicas y academias médicas que instaron a los países a desarrollar estrategias de priorización para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debido, entre otras cosas, a que no se iba a disponer en lo inmediato de un suministro suficiente para inmunizar a toda la población elegible.
La investigación desarrollada para
este informe deja en evidencia los
enormes vacíos de información que hay alrededor de las contrataciones públicas realizadas para atender la pandemia y las oportunidades de abusos.
