Organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Coalición Anticorrupción han pedido a las autoridades regionales de salud que sean transparentes en el manejo de la COVID-19 y publiquen datos sobre el presupuesto asignado para atender la emergencia, los contratos suscritos y los mecanismos para evitar los casos de corrupción
Transparencia Venezuela, 19 de junio de 2021.- El Estado se niega a responderle a la sociedad civil. Desde febrero de este año, cuando llegaron los primeros cargamentos de vacunas anti-COVID-19, la Coalición Anticorrupción ha dirigido 22 solicitudes de información a las autoridades venezolanas con el propósito de conocer los detalles sobre el proceso de inmunización contra el virus. Al momento de esta publicación, ningún documento ha sido contestado.
Las peticiones se han consignado ante la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, instituciones de salud y gobernaciones de al menos 11 estados: Carabobo, Mérida, Táchira, Apure, Barinas, Lara, Yaracuy, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas y Portuguesa. En estos documentos, la coalición consulta cuál es el cronograma de vacunación, cuáles son las prioridades, cuál es el plan de distribución de las vacunas que han llegado al país, los entes que reciben las dosis que envía el Ministerio de Salud y una descripción sobre el proceso de contratación para la adquisición de las vacunas.
También, se solicitan datos relacionados con el manejo de la COVID-19: estadísticas públicas y actualizadas sobre los casos en cada municipio y parroquia, el presupuesto para atender la emergencia y los mecanismos para la asignación, la frecuencia con la que aplican pruebas de despistaje de COVID-19 a los trabajadores de la salud, los cargamentos que han llegado en el marco de la ayuda humanitaria, el tiempo que deben esperar los ciudadanos por un resultado de prueba PCR y qué políticas públicas se están implementado para garantizar el suministro continuo de agua, electricidad y gas en los hospitales.
El pasado 29 de mayo inició la segunda fase de vacunación contra el virus, cuya convocatoria se hace a través del Sistema Patria y de una página habilitada por el Ministerio de Salud. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil han preguntado sobre las opciones que tienen aquellas personas mayores de 60 años y con comorbilidades que no tienen acceso a internet ni a un teléfono celular; y si el Ministerio de Salud otorga un número de registro y cómo se puede tener acceso a él.
Sobre las supuestas ventas de vacunas contra la COVID-19 que se encuentran en manos del Estado, se pidieron detalles sobre los mecanismos que están aplicando para evitar la corrupción.
La Coalición Anticorrupción agrupa a organizaciones colegiadas y que defienden los derechos humanos como Transparencia Venezuela, Médicos Unidos, Creemos Alianza Ciudadana, Alianza para la Defensa de la vida y la salud, Mujer tu voz tiene poder, colegios de abogados y federaciones de trabajadores de varios estados del país.
Hasta dos y tres solicitudes por estado
Estados como Mérida, Táchira, Lara y Apure han reiterado su solicitud ante el silencio de los organismos de salud regionales. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, los funcionarios deben responder las solicitudes de información en los 20 días siguientes a su consignación.
En el caso de Carabobo, se han pedido datos públicos sobre la vacunación en tres oportunidades: a través de correo electrónico y entrega física ante la Gobernación de Carabobo y el Instituto de Salud de la entidad.
Mientras que Barinas, Yaracuy, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas y Portuguesa solicitaron información por primera vez el pasado 11 de junio.
A continuación, cuatro de las solicitudes de información consignadas en los últimos cuatro meses.
Comunicación Vicepresidencia (2)
2da petición Vacunas def junio 2021
Peticion_Vacunas_Merida
Junio Petición de información Vacunas Caraboobo
