El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, explicó cuáles son los elementos que permiten considerar que un plan de vacunación se está cumpliendo de manera adecuada
Transparencia Venezuela, 06 de mayo 2021.- Cuando los ciudadanos tienen acceso a datos públicos pueden tomar mejores decisiones y elevar las exigencias al Estado. Esta fue la premisa del director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, durante una edición de Espacios de Transparencia en la que se discutió este 29 de abril sobre el informe Corrupción en pandemia. La tragedia de Venezuela más allá de la COVID-19.
Durante su participación, Bohórquez mencionó algunos elementos que deben tomarse en cuenta para garantizar la transparencia de un plan de vacunación. En primer lugar, el Estado debe informar las vacunas que son autorizadas, la eficacia y cómo será la logística para la compra, la distribución y la administración. También debe publicarse la situación epidemiológica, de lo contrario, los datos no serán confiables y se destinarán recursos públicos “a lugares que no existen”.
“Después de un año no se puede decir que se está comprando en emergencia”, aseguró Bohórquez, quien estima que ya ningún Estado puede argumentar “seguridad nacional” para ocultar información al ciudadano sobre cómo se están adquiriendo las vacunas en su país.
Por otra parte, enfatiza que los gobiernos deben hacer públicos los acuerdos, condiciones de contratos y donaciones, así como el costo de las vacunas que se van a adquirir. A estos aspectos debe agregarse el criterio de vacunación, que se traduce en la priorización de la población que será inmunizada. Asegura que esta es una forma de evitar fraudes, que otros grupos sean privilegiados y que las vacunas circulen en un mercado negro.
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“Debe ser público y transparente el padrón de los que reciben la vacuna”, apuntó el director ejecutivo de Transparencia México. “Es la única fórmula para evitar fraude y que se puedan contrastar las cifras con las dosis disponibles”.
Bohórquez señaló que si en Venezuela la información difundida es falsa, el programa de vacunación se compromete. También destacó que la declaración de estado de emergencia continúa siendo una justificación para aumentar la discrecionalidad en las decisiones gubernamentales.
En el caso de Venezuela, hay dos estados de excepción vigentes, uno de emergencia económica desde enero de 2016 y otro de alarma desde marzo de 2020. El primero solo es prorrogable por 60 días-pero tiene cinco años vigente- y el segundo por 30 días, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Hasta este 30 de abril, se ha anunciado públicamente la llegada de 880.000 dosis de vacunas; sin embargo, no existen cifras oficiales de cuántas dosis han sido administradas ni a quiénes, tampoco se conoce el valor de las vacunas, el dinero público destinado a la logística, ni el origen de esos recursos.
