Transparencia Venezuela, 3 de marzo de 2026. El Ministerio Público ha cambiado de manos en el sentido más amplio de la expresión. 15 meses después de haber sido reelegido por la Asamblea Nacional (AN) para un nuevo período de siete años, Tarek William Saab sorprendió al presentar su renuncia. Pero, ¿presentó su renuncia por libre iniciativa? Ante la ausencia de un vicefiscal que pudiera reemplazarlo, el Parlamento designó de manera provisional al abogado Larry Devoe.
La salida de Saab es emblemática, pues era una figura cercana a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Su reemplazo es percibido como cercano tanto a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como a su hermano, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez. El cambio es interpretado como el primer paso de la dupla actualmente en el poder para iniciar la colonización del sistema de justicia venezolano.
Tarek William Saab: opacidad y discrecionalidad en los casos de corrupción
La salida de Tarek William Saab se venía comentando desde hacía meses, en especial luego de que a finales de 2025 varios fiscales y directores del Ministerio Público terminaran tras las rejas en otra operación anticorrupción.
Saab asumió el cargo de fiscal general en agosto de 2017, luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por Nicolás Maduro, destituyera a la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien meses antes había roto con el Gobierno y comenzó a cuestionar sus actuaciones.
A lo largo de los más de ocho años que permaneció en el Ministerio Público, Saab desempeñó “un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos”, denunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe. En el documento indicó la Misión que los fiscales recibían instrucciones de sus superiores para actuar en casos donde el Poder Ejecutivo tenía intereses sin importar los hechos.
Pero Tarek William Saab no solamente amparó la persecución y las violaciones a las garantías fundamentales, sino que tampoco tomó medidas contundentes para frenar la corrupción. Y prueba de ello es la suerte que han corrido las investigaciones sobre tramas de corrupción que afectaron a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y que el funcionario dijo haber desarticulado en su gestión.
Transparencia Venezuela ha hecho seguimiento a cientos de denuncias de corrupción. De los 340 casos nacionales identificados que estarían en manos del Ministerio Público hemos seleccionados 10 relacionados con irregularidades en la industria petrolera nacional (sobreprecios en Petrozamora y Petropiar, alteración de producción en la Faja del Orinoco, Pdvsa Cripto, entre otros) y en ninguno se evidencia avances significativos en las investigaciones o que en los tribunales se realizara el juicio y se dictara sentencia, salvo alguna condena contra funcionarios medios que habrían admitido los hechos.
En el caso de Pdvsa Cripto, el gran escándalo de corrupción que terminó costándole su puesto al entonces vicepresidente de Economía y ministro del Petróleo Tareck El Aissami— y junto a él a diputados, jueces, directivos de numerosas empresas públicas y privadas, funcionarios del sistema cripto, entre otros implicados—, es que ni siquiera hay certeza de que los implicados se encuentren en realidad privados de libertad, a pesar de la exhibición de los detenidos con uniformes anaranjados que circularon por los canales y redes oficiales. Y más de dos años después no se ha informado sobre el juicio, ni cuánto fue el daño sufrido por las arcas públicas, aunque cálculos propios ubican lo defraudado en más de 16.960 millones de dólares.
Sobre Odebrecht, por ejemplo, luego que Tarek William Saab sustituyera a Luisa Ortega Díaz en 2017, fue detenido el asistente del fiscal que había ido a Brasil a interrogar a Euzenando Acevedo, director de la empresa brasilera en Venezuela. La investigación quedó en la gaveta de la fiscalía 51.
Y mientras más se busca, más casos quedan perdidos en la opacidad, especialmente relacionados con Pdvsa, como la detención en octubre de 2024 del exministro del Petróleo que sustituyó a El Aissami tras su renuncia, y que también fue presidente de Pdvsa, el militar Pedro Rafael Tellechea Ruiz. El funcionario fue apresado junto a sus “colaboradores” por entregar “el cerebro de Pdvsa” a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según Saab. Nada más se supo, ni siquiera dónde está detenido, aunque se dice que estaría en la cárcel de El Rodeo.
Otro ejemplo es el llamado caso Atlantic, que denunció Tareck El Aissami cuando era ministro de Petróleo en agosto de 2022. Es un desfalco de casi 5.000 millones de dólares a través de un préstamo a Pdvsa en bolívares hecho por la empresa Administradora Atlantic 17107, C.A. y que la petrolera pagó en dólares. Saab calificó la trama como “hedionda” y “putrefacta”, pero —pese al escándalo y luego de mostrar al exvicepresidente de Finanzas de la petrolera, Víctor Aular, en un video “confesando”—, nada se sabe ni de expediente ni de Aular, quien según versiones fue librado de culpas a través de un sobreseimiento, del que el fiscal nunca habló. Incluso se dice que el exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa fue dos veces sobreseído, en este y otro caso similar, porque los tribunales consideran que no hubo delito.
El propio Saab, en su última rendición de cuentas, al hablar de la lucha contra la corrupción se limitó a informar que 24.152 funcionarios y exfuncionarios fueron imputados desde su designación en 2017, de los cuales 6.954 fueron condenados, lo cual representa un 28,7%. No hay información de los casos.
Un rastreo sobre la actuación del Ministerio Público bajo la conducción de Tarek William Saab frente a las economías ilícitas — narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales— reveló que la información suministrada por ese despacho ha sido insuficiente, parcial, discrecional y hasta confusa, lo que exige un esfuerzo de sistematización para tratar de determinar en qué casos avanza la acción penal, en cuántas causas se logra sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles expedientes estarían paralizados.
El Tribunal Supremo de Justicia es el próximo objetivo
Pero Saab no se ha marchado totalmente, pues la Asamblea Nacional decidió enviarlo de vuelta a la Defensoría del Pueblo, aunque en esta ocasión como encargado.
“Es un movimiento bastante obvio porque el control del Ministerio Público por parte de Maduro y de Cilia Flores había sido absoluto, tenían en Tarek William Saab un operador de sus intereses”, aseguró a la cadena Caracol de Colombia Zair Mundaray, el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público en tiempos de Luisa Ortega Díaz.
Mundaray dio por hecho que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también se producirán cambios y que los hermanos Rodríguez buscarán modificar la actual correlación de fuerzas, que ha sido ampliamente favorable al dúo Maduro-Flores.
Este organismo ha debido renovar a su directiva hace semanas, pues se venció su período y según el reglamento del TSJ se ha debido convocar una sesión plenaria para elegir una nueva, luego del acto de apertura judicial.
¿Quién es el nuevo fiscal general encargado?
«Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos», detalló Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, al presentarlo.
Sin embargo, el currículo de Devoe es más extenso. A principios del siglo XXI se desempeñó como segundo de Germán Saltrón, agente del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos; y en 2007 aterrizó en la Defensoría del Pueblo, donde ocupó el cargo de director de Servicios Jurídicos, un puesto que le permitió representar al organismo en instancias de Naciones Unidas y también dentro del país.
“Él formó parte de la comisión que redactó la resolución 8610”, aseguró un excompañero de Devoe. Esta polémica normativa dictada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en 2015 permite a los militares emplear armas de fuego para restaurar el orden público en los casos que “sea inevitable”.
El instrumento contraviene lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que establece claramente que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.
Davoe: una ficha del círculo cercano
Devoe intentó sin éxito hacerse con el cargo de Defensor del Pueblo en 2014. Sin embargo, fue designado como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo creado por el Gobierno que, en la práctica, se convirtió en una Defensoría paralela. El Consejo estuvo adscrito a la Cancillería y luego a la Vicepresidencia, con Delcy Rodríguez a la cabeza.
“Cuando Delcy Rodríguez heredó el Consejo dejó a Devoe, quien, gracias a su preparación y habilidad política, se ganó su confianza”, agregó otro informante.
Los hechos comprueban esto. Devoe ha ido acumulando numerosos puestos en los últimos años, así fue designado agente del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos y ha formado parte de las comisiones gubernamentales lideradas por Jorge Rodríguez que participaron en las fallidas negociaciones con la oposición en México (2021-2023) y Barbados (2023).
También ha sido designado por la actual presidenta encargada en las comisiones de intervención de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y de algunas filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).