Transparencia Venezuela, 18 de julio de 2019.- La compra de alimentos subsidiados a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción se ha convertido en una tarea más titánica. Pese a que cada vez son más las familias que dependen de esas cajas o bolsas de comida los despachos han empeorado. En el primer trimestre del año Transparencia Venezuela recibió 91 denuncias sobre irregularidades con el programa estatal, cuya supuesta temporalidad ya se ha extendido por tres años.

Los reclamos de los ciudadanos pueden agruparse en ocho categorías, entre las que se encuentran retraso en la entrega de los alimentos, discrecionalidad a la hora de realizar los censos, aprovechamiento indebido de los productos, agresiones físicas o amenazas a la integridad, control social, alimentos en mal estado, ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control, así como discrecionalidad en el pago.

El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos, quienes hicieron 31 denuncias. Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días.

“La caja llega cada 4 meses no cumplen con lo que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha dicho, cada 15 días o por menos una al mes”, precisó un ciudadano que hizo llegar su denuncia a Transparencia Venezuela.

El tiempo mínimo registrado de retraso es 2 meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados.

A las irregularidades en los tiempos de entrega se agregan 27 denuncias sobre la discrecionalidad en el registro de los beneficiados y otros 20 reclamos por el aprovechamiento indebido de los productos, en especial por cajas que fueron entregadas “abiertas” o “incompletas”.

Desde 2016, cuando inició el programa CLAP, hasta la fecha, Transparencia Venezuela  ha recibido más de 200 denuncias sobre irregularidades en la implementación de este programa social. Las denuncias son recibidas por la organización a través de la aplicación “Dilo Aquí”, el correo electrónico denuncia@transparenciave.org y el teléfono (0412)3122629.

Del caos a la amenaza

Transparencia Venezuela también recibió 27 denuncias relacionadas con irregularidades al momento de realizar el censo, una actividad a cargo de los llamados jefes de calle. Llegaron reclamos sobre la inclusión de personas que no poseen carga familiar, o que no residen en la comunidad, y la exclusión de familias sin dar información sobre el motivo que da origen a esa medida.

Otras denuncias recibidas tratan sobre la ausencia de procedimientos para desincorporar del censo a aquellas familias que han emigrado del país, lo cual ha originado que algunos miembros del CLAP dispongan de los alimentos de la familia ausente. “Existe el caso de vecinos que se han ido del país y no sabemos el paradero de sus cajas, y el CLAP sigue recibiendo el mismo número de cajas”, apuntó uno de los denunciantes.

“No he podido hacer que las personas encargadas de las cajas CLAP me incluyan en el sistema. Hay varios inquilinos que se han ido del país (…), las cajas llegan completas y ellos se quedan con las que los demás no se encuentran en el país”, coincidió otro de los denunciantes.

De las 20 denuncias recibidas por el aprovechamiento indebido de los productos de las cajas se desprende la molestia de los ciudadanos porque las cajas que “fueron entregadas abiertas o incompletas”.

“Las cajas del CLAP vinieron violentadas. No trajo aceite, caraotas, enlatados, mayonesa, salsa, ni azúcar. Se llamó a la jefa de calle y lo que respondió fue que no podía hacer nada, que las agarrábamos así o las devolverían y que si no las aceptamos así nos iban a bloquear y quitarían el beneficio”, dijo una de las denunciantes.

Al menos 12 de esas 20 denuncias se refieren a la reventa de productos CLAP con un precio igual o mayor al del mercado. Recientemente la prensa reseñó la detención de Elena Barrera, hermana de la presidenta de la Cámara Municipal de Santa Rita, estado Zulia, quien desvió seis gandolas con productos subsidiados presuntamente con la intención de negociarlas en Colombia.

También se recibieron 7 denuncias por agresiones físicas o amenazas a la integridad, la mayoría por opiniones contra el Gobierno y la gestión de los CLAP. También fue denunciada la participación de los grupos civiles armados, llamados colectivos, y órganos policiales como el FAES como parte de la coacción a los ciudadanos.

“Amenazan diciendo que quienes van a entregar la bolsa son los colectivos y que van a matar a los que hablen mal del gobierno”, señaló uno de los denunciantes.

Otro ciudadano, bajo anonimato, denunció: “Los hechos comenzaron por un reclamo que inicié el 25 de mayo de 2019 motivado a la entrega de las bolsas de comidas CLAP que a mi mamá y a mí nos fue negada por haber participado en manifestaciones en contra del Gobierno. Una de las voceras de comunas no dijo que ya no teníamos derecho a ese beneficio porque éramos ´traidores de la patria´ y dijo que no nos devolverían el dinero que habíamos pagado porque no se podía”, aseguró.

El denunciante agregó que a principios del mes de junio de este año dos hombres desconocidos se le acercaron y le dijeron que lo tenía identificado y que sí seguía ‘insistiendo’ lo iban a atacar con las FAES.

También se recibieron 8 denuncias más relacionadas con el control social que se evidenciaron en la suspensión del beneficio por las siguientes razones: manifestar una tendencia política diferente a la del partido de Gobierno, por realizar protestas contra el Ejecutivo, o contra la gestión de los miembros de los CLAP.

El informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala expresamente esta situación: “El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP porque no eran partidarias del Gobierno”.

Uno de los afectados manifestó a Transparencia Venezuela cómo ha vivido esta situación. “El jefe de calle tiene a su cargo cobrar y entregar la caja CLAP en el sector, con frecuencia abusa de su cargo, ´eliminando del censo´ a familias para no venderle la bolsa de alimentos con las excusas de ser imperialistas, no necesitan por vivir en una buena casa y por criticar al Gobierno”.

Otro refirió que el 21 de marzo de 2019, los encargados CLAP informaron a su familia que les habían suspendido las cajas por un mes, porque “junto con otros vecinos del sector se encontraban protestando por la falta de energía eléctrica y agua”.

Se recibieron 2 denuncias por alimentos en mal estado. Uno de los denunciantes refirió: “Las cajas llegan con 12 productos destrozadas, abiertas, rotas. Llegan cada mes y medio, hace dos meses se devolvió la leche porque estaba podrida y aún no la devuelven”.

Se recibieron otras 7 denuncias por ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control. Cuatro de los denunciantes manifestaron que acudieron al Estado Mayor correspondiente a su comunidad, e incluso a las alcaldías, para manifestar su inconformidad pero no obtuvieron respuesta.

Fueron recibidas otras denuncias por discrecionalidad en el pago: dinero recaudado en cuentas personales que los miembros del CLAP disponen, la solicitud del pago con poco tiempo de anticipación y exigencia de dinero en efectivo a pesar de la escasez de billetes en Venezuela.

También hubo denuncias sobre el cobro de montos superiores al que anunció el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, quien afirmó que el precio de la caja es de 9.000 bolívares a partir del 15 de junio de 2019.  A esta cantidad se debe sumar pagos de transporte y gastos por impresión de formatos para el proceso de entrega de la caja, que se fijan discrecionalmente.