La eventual aprobación del proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines” configura un contexto desfavorable a la labor de cientos de ONG defensoras de los derechos humanos, gremios, sindicatos, fundaciones y medios de comunicación independientes en Venezuela
Transparencia Venezuela, 27 de febrero de 2024. Cuando a escala internacional se conmemora el Día Mundial de las Organizaciones No Gubernamentales, para subrayar y reconocer el importante papel que desempeñan estas asociaciones sin ánimo de lucro en favor de los ciudadanos, en Venezuela se acrecientan los ataques y las medidas para entorpecer e incluso criminalizar su labor. El eventual cierre del espacio cívico, que ha generado preocupación en la comunidad nacional e internacional, conecta con la vulneración de los derechos humanos, propicia un contexto desfavorable que pone en riesgo a sus integrantes, y expone a la indefensión a los ciudadanos que se quedarían sin instancias a las que acudir para ejercer sus derechos y solicitar asistencia.
Los ataques a la sociedad civil recrudecieron en enero de 2023, cuando la Asamblea Nacional nombrada en 2020 aprobó en primera discusión el proyecto de “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”. Pese a que, durante ese año, no se volvió a discutir públicamente el proyecto, a inicios de 2024 el Parlamento retomó el instrumento y encendió alarmas dentro y fuera del país. Tan pronto se comenzó a anunciar el proyecto, Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente con la que advirtió que, de aprobarse el instrumento legal, todas las ONG tendrán que cumplir con “medidas abusivas o enfrentar un proceso penal”, que violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las organizaciones y a los ciudadanos asistidos por ellas en grave riesgo de criminalización y represalias, por lo que instó a la Asamblea Nacional a poner fin a la discusión de la ley y a cesar los ataques a la sociedad civil.
De igual modo, en febrero de 2023, más de 400 organizaciones nacionales e internacionales suscribieron un comunicado de rechazo al proyecto de la llamada “Ley Anti Sociedad”, por considerar que representa una grave amenaza contra el espacio cívico, además de una vulneración a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales refrendados por Venezuela. “Este Proyecto establece el control discrecional y absoluto del Estado sobre quienes deseen organizarse, asociarse o constituirse de manera formal o informal para el ejercicio de la acción pública”, señala el manifiesto.
En julio de ese mismo año, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe sobre Venezuela en el que continuó documentando las restricciones al espacio cívico, habló de la existencia de “marcos jurídicos restrictivos”, los cuales limitan la labor de la sociedad civil y denunció que las voces disidentes fueron objeto de procedimientos judiciales y administrativos arbitrarios y de estigmatización.
En concreto, el informe de la oficina del Alto Comisionado (OACNUDH) “documentó 21 casos de amenazas y hostigamiento, 46 casos de estigmatización en medios sociales o emisiones públicas, por parte de funcionarios del Estado, y 17 instancias de criminalización, incluyendo 10 casos de detención arbitraria contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil, incluyendo ocho mujeres”. Para ese momento, el Alto Comisionado alentó a las autoridades venezolanas a redoblar sus esfuerzos “para garantizar un espacio cívico abierto y pluralista”.
La OACNUDH manifestó su especial preocupación porque, al igual que la «Ley de Cooperación Internacional», aprobada en mayo de 2022, la legislación propuesta implica nuevas regulaciones para las organizaciones de la sociedad civil. Estas se sumarían a procedimientos preexistentes, como el Registro Único de Sujetos Obligados (RUSO) y el Servicio Autónomo de Registros y Notariado (SAREN), que representarían una restricción indebida a la libertad de asociación y al derecho internacional de los derechos humanos.
Recientemente, por decisión del Gobierno venezolano, la oficina de la OACNUDH en Caracas fue suspendida y a su personal se le dio 72 horas para abandonar el país.
Punto de no retorno
Ante el avance de la “Ley Anti Sociedad”, en septiembre de 2023, la Relatoría Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación advirtió que la aprobación de la versión actual del proyecto, podría afectar al ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de asociación; así como los derechos de las personas que se benefician de las actividades de diferentes tipos de asociaciones.
En el mismo tenor se ha expresado la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que en los distintos informes sobre la situación de los derechos humanos en el país ha identificado una serie de restricciones legales y prácticas que afectan a la libertad de asociación, “a través de limitaciones al establecimiento o funcionamiento interno de organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos y otras entidades”. Marta Valiñas, presidenta de la Misión, dijo que de sancionarse este proyecto “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”.
Por su parte, Civicus Monitor, en su informe anual publicado en diciembre del año pasado, registró que el espacio cívico en Venezuela pasó de “represivo” a “cerrado”, la peor calificación de la valoración que abarca 198 países. Según el análisis, a lo largo de 2023, en Venezuela se documentaron principalmente casos de intimidación, censura, denegación en el registro de organizaciones, así como la introducción de iniciativas legislativas restrictivas.
No obstante, más allá de las restricciones, amenazas y criminalización a las que se expondrían los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los más perjudicados -de entrar en vigencia la ley- serán los beneficiarios de los programas que éstas ofrecen, quienes se quedarían sin espacios a donde acudir para solicitar ayuda en el ámbito nacional, en medio de la emergencia humanitaria que padece Venezuela, y sin una voz que represente a las víctimas ante las instancias internacionales.
Según la ONU, más de 4 millones de personas tienen necesidad de asistencia en Venezuela; lo que significa que, si desaparecen las diferentes organizaciones de asistencia humanitaria, quienes reciben su apoyo quedarán desamparados, situación que podría conllevar a un aumento de la migración, tal como advirtió Amnistía Internacional.
Ante este panorama y en el marco del Día Mundial de las ONG, Transparencia Venezuela se une al rechazo a las acciones intimidatorias contra representantes de la sociedad civil y se suma al llamado de organizaciones y agencias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), la Oficina en Washington Para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Misión de Determinación de los Hechos; así como a más de 200 organizaciones nacionales que han pedido a la Asamblea Nacional no avanzar en la aprobación de la Ley y que cesen los ataques contra la sociedad civil.
seguridad y progreso para las nuevas generaciones.