Edison Lanza recuerda que cuando todo el hemisferio callaba sobre lo que ocurría en Venezuela, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se atrevía a fijar posición y encendía las alarmas que advertían el deterioro del sistema democrático.
“Siempre hay que recordar que esto comenzó por la agresión permanente a la libertad de expresión”, subraya Lanza, abogado y periodista uruguayo que en su condición de relator especial visitó Caracas para participar en la consulta que promueve la Asamblea Nacional con la finalidad de aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
¿Cómo evalúa la actualidad de la libertad de expresión en Venezuela?
– Hay un acumulado de acciones y de vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión, que están teniendo como resultado un deterioro muy fuerte de las garantías que deben existir para el debate público, la tolerancia hacia las voces críticas y la disidencia. Más allá de la coyuntura puntual, lo que planteamos es que Venezuela tiene que comenzar la reconstrucción de sus instituciones y de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Hay mucho camino por recorrer, primero para terminar de desactivar los mecanismos de autoritarismo que pasan por la estigmatización del que piensa diferente y los señalamientos contra organizaciones de la sociedad civil y periodistas.
Hay que transitar una serie de cambios legislativos e institucionales para revertir la situación. El espacio público se ha reducido y el espacio de los medios ha sido distorsionado por adquisiciones y expropiaciones del Estado o sectores del Gobierno, y la compra de medios por parte de grupos que nadie sabe decir quiénes son, pero que han impactado en la línea editorial y la falta de independencia de los periodistas. En el campo del acceso a la información pública, se ha construido una verdadera muralla de decisiones por parte del Tribunal Supremo de Justicia, leyes de secreto o criterios que aplican los organismos públicos para impedir que exista el derecho a la información. Además, se ha militarizado la cuestión de la manifestación pública, imponiendo obstáculos legales para solicitar permisos. En cada campo hay una serie de restricciones tan fuertes que han vulnerado el ejercicio de la libertad de expresión.
En las últimas semanas se han registrado agresiones contra periodistas y medios de comunicación, al tiempo que aumentan las protestas por la escasez de alimentos. ¿La agudización de la crisis puede elevar las amenazas contra la libertad de expresión en el país?
– El tema es que en todos estos años años desde el poder se dirigieron mensajes de denigración de los periodistas, lo que pone a todo el ejercicio del periodismo en una situación de riesgo. Cuando hay situaciones de tensión social, de protesta y polarización, todas las partes deben entender que los periodistas juegan un papel fundamental para informar en situaciones críticas a la población. Hay que facilitar el ejercicio del periodismo, no agredirlo.
¿La Relatoría sigue con atención el caso de Venezuela ante un posible aumento de la represión contra la prensa?
– La situación de Venezuela sigue siendo complicada, influye la crisis del país y la actitud que tradicionalmente ha tenido el Gobierno con la prensa, que forma parte de una estrategia comunicacional de enfrentar a los medios, tratarlos como si fueran enemigos políticos. La oposición también merece respeto, pero en el caso de los periodistas es más complejo todavía porque no forman parte de un partido político, hacen su trabajo y tratan de informar. Las estructuras autoritarias son así y es muy difícil esperar un cambio cuando históricamente se ha mantenido una línea de acción contra la prensa, por algo la Relatoría ha sido tan atacada en estos años por reportar esta situación y entender que eso terminaría afectando a la democracia. Hoy la crisis de derechos humanos en Venezuela que ha denunciado la CIDH y otros organismos internacionales es mucho más amplia, pero siempre hay que recordar que esto comenzó por la agresión permanente a la libertad de expresión.
La Organización de Estados Americanos está asumiendo una posición clave en el conflicto venezolano.
– Este no es un problema ideológico, lo peor que podemos hacer es ideologizar esta situación. En América Latina queremos vivir en sociedades democráticas plurales, eso pasa por asumir que no habrá pensamiento único, que vamos a convivir ideologías diferentes. Eso implica que todas las expresiones están protegidas en una democracia, darle garantías a los que manifiestan ideas o informan cosas que no nos gustan. Ojalá que en este momento clave para la historia de América, en el que Colombia llega a la paz, una de las lecciones aprendidas sea esta, que los cambios políticos se procesen bajo los estándares del respeto a la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho a participar en la vida política sin sufrir represalias. En la Relatoría tenemos el caso de la doctora Rocío San Miguel –presidenta de Control Ciudadano, que fue removida de la Administración Pública por firmar la solicitud de revocatorio contra el difunto presidente Hugo Chávez- por la famosa lista Tascón. Por manifestar una opinión política y ejercer un derecho constitucional, hay gente que terminó siendo objeto de represalias y perdió su trabajo por participar políticamente.
Esa situación puede repetirse ahora. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las personas que firmen la solicitud de revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro no pueden trabajar en entes públicos ni contratar con el Estado.
– Hay una expresión maravillosa de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice que todos tenemos el derecho a ejercer la libertad de expresión sin miedo a ser molestados. Se trata de reafirmarnos en nuestras opiniones sin que el Estado abuse de su poder y nos agreda privándonos de derechos. Este es un caso claro. Ejercer el derecho político a convocar un referendo, algo que al Gobierno no le gusta, implica una represalia. Allí está la vinculación entre libertad de expresión y el ejercicio de derechos políticos. El Estado está obligado a respetar las opiniones disidentes, lo contrario habla de una concepción de algunos altos funcionarios que creen que partido, Estado y Gobierno son la misma cosa y no lo son. Llegar al Gobierno no les da derecho a apropiarse de todos los espacios públicos.