El portal Suprema Injusticia analizó cuatro posibles resoluciones que podría emitir la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional con respecto al recurso interpuesto por el Gobierno venezolano para evitar que el fiscal Karim Khan reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país
Transparencia Venezuela, 19 de febrero de 2024. El primero de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) responderá al recurso que el Gobierno venezolano interpuso contra la decisión de otra Sala del mismo juzgado, que autorizó al fiscal Karim Khan a reanudar sus averiguaciones sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela.
La noticia figura en el auto número ICC-02/18 OA que el magistrado Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones, dictó el pasado 16 de febrero. En dicha resolución se convoca a los representantes de la Fiscalía de la CPI, del Estado venezolano y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés) a comparecer a una audiencia convocada con el único fin de anunciar el veredicto.
Y aunque se desconoce el contenido del dictamen son cuatro las posibles respuestas que el juzgado podría dar, según explicó Francisco González Centeno, funcionario de divulgación de la CPI, en un video difundido a finales del año pasado, con motivo de la audiencia oral y pública que la Sala celebró los pasados 7 y 8 de noviembre como parte del trámite de la acción intentada por las autoridades.
En primer lugar, los magistrados de la Sala de Apelaciones de la CPI pueden confirmar la decisión de sus colegas de la Sala de Cuestiones Preliminares, quienes en julio de 2023 dieron luz verde a la Fiscalía de la CPI a reanudar sus averiguaciones.
La segunda opción sería revertir o anular la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, lo cual implicaría que Khan no podría seguir adelante con su trabajo en relación con Venezuela. En tercer lugar, podría modificar el dictamen y, por último, enviar el caso a la Sala de Cuestiones Preliminares para que emita un nuevo pronunciamiento.
Estos últimos escenarios se producirían de considerar que ciertamente se cometieron errores o fallas formales.
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Las autoridades venezolanas denuncian que la Fiscalía de la CPI, primer lugar; y luego la Sala de Cuestiones Preliminares incurrieron en al menos cinco irregularidades en este caso:
Las autoridades venezolanas sostienen que la Fiscalía de la CPI no le ha informado cuáles casos están investigando o cuáles pretende investigar, por lo que mal se le puede acusar de no estar cumpliendo con su función.
El Gobierno y el Ministerio Público venezolanos sostienen que el fiscal Khan no ha aclarado qué hechos pretende investigar. En un principio las denuncias de la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz; y de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) hablaban de casos ocurridos desde 2017, pero luego Khan ha mencionado hechos ocurridos en 2014.
Las autoridades venezolanas rechazan que se les exija investigar situaciones no previstas en el ordenamiento jurídico, como lo es el delito de persecución, pero además rechazan hablar de crímenes de lesa humanidad en general.
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