Viviendas a un costo muy alto y de calidad cuestionada

La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) fue concebida para dar respuesta a los 30 mil damnificados que dejaron las lluvias entre mediados de 2010 y el año 2011. Aunque el gobierno de Hugo Chávez dedicó recursos, esbozó planes y sufrió la tragedia de Vargas en 1999, la construcción de viviendas se dio después de una nueva afectación de fenómenos climatológicos como El Niño y La Niña.

Como se han dicho en diferentes fases del estudio “Seguimiento a las Cinco Grandes Misiones Sociales” de Transparencia Venezuela, esta ha sido la misión consentida por el gobierno para recibir recursos por vía ordinaria y a través de Pdvsa y otros despachos ministeriales, y por  esta circunstancia una de las menos transparentes tanto para reportar avances y alcances, al usar las cifras de beneficiarios como propaganda y control político, además de la opacidad sobre la rendición de cuentas de esos recursos que incrementa la corrupción.

Incluso se cuestiona la metodología empleada para censar a los venezolanos con necesidad de una vivienda, toda vez que en el mismo lapso en que se concibió la GMVV, el Instituto Nacional de Estadísticas durante los últimos tres meses de 2011 llevó a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, en el que se dieron a conocer cifras oficiales sobre la cantidad de hogares en el país y el estado en el que se encontraban estos.

Una primera conclusión sobre esto es que en vez de usar criterios técnicos y científicos, al crear el Órgano Superior de Vivienda para gestionar la política en materia habitacional, le restaron las competencias que desde 1972 tuvo el Instituto Nacional de Viviendas (Inavi), que en más de 40 años dio respuesta a las necesidades habitacionales en el país.

De allí que se que la Gran Misión Vivienda es una gran operación de propaganda que obviamente tuvo mucho éxito como recurso de la campaña para las elecciones presidenciales y regionales de 2012, que a su vez sirvió de pretexto para darle un mayor control a Hugo Chávez sobre la institucionalidad del país, al recibir una Ley Habilitante que lo facultaba no solo sobre este tema sino sobre un nuevo aparataje que pretendía poner en práctica políticas que le negaron en 2009 con la reforma constitucional planteada por su primer gobierno.

El tema de los damnificados de 2010-2011 también fue usado como una bandera política en el sentido de que se usó hasta el Palacio Presidencial de Miraflores como un refugio, lo que a la larga trajo inconvenientes para su operatividad y llevó a habilitar espacios de otras dependencias como la Casa Amarilla, en la que se invirtieron recursos para transformar oficinas en improvisadas viviendas.

Esto a su vez obligó a funcionarios de diferentes despachos que en nada tienen que ver con vivienda a llevar el control de desarrollos habitacionales como el caso de los ingenieros del Metro de Caracas, a quienes sacaron de su trabajo habitual para supervisar construcciones de edificios, en los que además hay severas críticas.

Por último las irregularidades denunciadas sobre la adjudicación de las viviendas, refleja la discrecionalidad, la asignación a conveniencia y la corrupción que priva sobre esta misión.