Transparencia Venezuela ha identificado que de 475 instrumentos jurídicos de diverso orden adoptados entre 1999 y 2014, 60 contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. Estas normas permiten a los funcionarios públicos negar información a la que los ciudadanos tienen derecho de acuerdo a la propia Constitución venezolana y a la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo ello, en contravención a la recomendación CCPR/C/VEN/CO/4/Párr.19.

Por citar algunos ejemplos de estas prácticas, La Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señalan que tanto el archivo del Poder Ciudadano como el de la Defensoría son reservados por su naturaleza al servicio oficial. La Ley del Estatuto de la Función Pública exige que todo ciudadano deba de demostrar un interés legítimo para acceder a cualquier información de carácter público. La Ley Orgánica del Ministerio Público, señala que el archivo de la Dependencia Fiscal, de las oficinas de los fiscales y de cualquier otra entidad del Ministerio Público, se considerará reservado para el servicio oficial. En añadidura establece que cualquier Fiscal Superior podrá, mediante su poder discrecional, permitir el acceso a la información a los particulares, siempre y cuando dicha información no sea de carácter penal. La Ley Orgánica del Poder Municipal establece que toda información de la actividad municipal podrá ser restringida de publicación, cuando ello sea para resguardar el interés público y salvaguardar el patrimonio público. La Ley de los Consejos de Planificación Pública, señala que el derecho a solicitar una información solo podrá hacerse por un ente gubernamental, excluyendo por ello a los ciudadanos del goce de este derecho. La Ley Orgánica de la Administración Pública, establece que el derecho de acceso a los archivos y registros de la Administración Pública podrán ser ejercidos por las personas, siempre y cuando no sea vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos.

Continúa el informe de la Coalición Proacceso señalando que en Venezuela se registró un total de 304 limitaciones de acceso a la información de interés en los últimos 4 años. De ellas, 46 alertas se contabilizaron en 2012, 83 en 2013, 91 en 2014 y 84 en 2015. Estos datos demuestran que se duplicaron las restricciones de este tipo entre el 2011 y 2014.

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