Mérida no escapa de la crisis carcelaria del país
Los recintos de reclusión del estado Mérida no escapan a la situación que se ha presentado en centros similares del resto del país: hacinamiento, insalubridad, alimentación deficiente, atención médica precaria, inseguridad, retardo procesal, entre otras irregularidades.
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones – Mérida, en este estado existen 21 unidades policiales, 14 de ellas llamadas Centros de Coordinación Policial (CCP). Para el mes de marzo de 2018, se reporta que solo 15 de estas instalaciones tienen capacidad de reclusión.
Sin embargo, los 21 centros albergan reclusos actualmente, 900 detenidos en total, de los cuales 93% es de sexo masculino. La sobrepoblación en estas instalaciones es de un 690% en promedio.
En el CCP de la ciudad de El Vigía, por ejemplo, la capacidad de reclusión es de 5 detenidos y conviven 185, lo que equivale a un 3700% de hacinamiento. De los 900 reclusos, solo el 56% está siendo procesado.
Concretamente en la ciudad de Mérida, municipio Libertador, existen nueve unidades policiales con una población de 483 reclusos, es decir, más de la mitad de los reclusos en todo el estado.
Los privados de libertad también están expuestos a condiciones de insalubridad que los ponen permanentemente en riesgo de sufrir enfermedades de diversos tipos. En los retenes con población masculina, según fuentes confiables, se han registrado las siguientes patologías: tuberculosis, sarna, bronquitis, neumonía, gripes, VIH, desnutrición, diarreas, problemas estomacales (acidez, vómitos). Algunas fuentes afirman que en la actualidad se realizan visitas a distintos retenes policiales y se hacen exámenes médicos para descartar casos de tuberculosis.
La periodista Nora Sánchez informó, según el portal comunicacióncontinua.com en su edición del 23 de marzo de 2018, que el ex gobernador de Mérida Alexis Ramírez (Psuv 2012-2017) prometió en el mes de mayo del 2014, la construcción de dos nuevos retenes de Polimérida y la ampliación del principal centro de reclusión, para acabar con el hacinamiento. Esta promesa no se concretó.
En esa oportunidad, el gobernador reconoció el colapso del cuartel general de Polimérida, una construcción de más de 50 años de antigüedad, y manifestó públicamente, a través de su programa radial “En Marcha”, que contaba con más de 20 millones de bolívares- provenientes del Consejo Federal de Gobierno (CFG)- para proyectar la construcción de dos nuevos retenes, uno ubicado en El Vigía, municipio Alberto Adriani, y otro en San Juan de Lagunillas, municipio Sucre del estado Mérida, con capacidades de 250 y 300 personas respectivamente. Por otro lado, afirmó que los proyectos estaban en fase de diseño y evaluación de los terrenos.
En la misma reseña se afirma que son pocas las iniciativas desarrolladas en el estado Mérida para mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad. En ese sentido, tras una denuncia de un caso positivo de tuberculosis en el retén policial de Bailadores, municipio Rivas Dávila, que fue atendido por Corposalud, el Sistema de Misiones impulsó un despistaje de esta enfermedad en el retén de PoliMérida, en el sector Glorias Patrias, donde hay poco más de 260 reclusos. Pese a la falta de información oficial de los resultados de la jornada de despistaje, se conoció que sólo se registró un caso positivo de esta enfermedad y el recluso fue trasladado a un centro asistencial.
Otra de las acciones emprendidas por la dirección de Polimérida, junto al Sistema de Misiones, es el Plan de Humanización de los Retenes Policiales con atención social para los privados de libertad. Se asegura que 76 reclusos ya han sido beneficiados con el programa de estudio y otros con el aporte de comida de manera eventual.
Kenia Hernández, vocera de la Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad del Estado, en entrevista en un programa especial de la Radio Necesaria de YVKE Mundial Los Andes del día 23 de marzo de 2018, informó sobre este mismo plan de humanización y la creación de la “Unidad de Atención Integral al Privado de Libertad del Estado”, que nació debido a la fragilidad de los presos en los distintos retenes policiales. Hernández precisó que el plan consta de 7 ejes de atención, relacionados especialmente con salud, alimentación, recreación y educación.
Si bien se han presentado algunas iniciativas para atender a los presos, las malas condiciones en las que conviven en los centros de reclusión no se pueden ocultar.
Destaca el caso de un recluso que fue trasladado a principios de abril del Retén Policial de Glorias Patrias, municipio Libertador de Mérida, hacia la Comunidad Penitenciaria de Fénix, en el estado Lara. Jesús Baudilio Azuaje Hernández, de 26 años, padecía de diabetes tipo I y recibía la dosis de insulina que su madre le procuraba.
Azuaje, quien estaba recluido desde 2014, estuvo hospitalizado días antes del traslado y su condición era delicada. Al llegar a Lara, él y sus 16 compañeros fueron recluidos en la zona de aislamiento, por lo que la condición del joven empeoró y falleció días después. Sus compañeros afirman que tenía 5 días sin comer ni ingerir agua y que la atención médica que se brindó no fue oportuna.
Además han ocurrido hechos que ponen en entredicho la seguridad de los recintos penitenciarios del estado Mérida. En diciembre de 2017, un total de 13 presos del Centro de Coordinación Policial de Tovar se fugaron por la garita externa. A principios de abril de 2018, otros 9 detenidos se fugaron del Retén de Polimérida, sector Glorias Patrias, en la capital del estado. Las condiciones no ha sido aclaradas hasta el momento, aunque trascendió la detención del personal de guardia responsable durante la fuga y luego se reportó la captura de dos de los reclusos fugados.
Los medios locales y regionales reseñan hechos irregulares en los centros de reclusión, que dan cuenta de las situaciones que ocurren en el sistema penitenciario, que en ocasiones terminan con la muerte de los detenidos, sin que se llegue a los responsables. La insalubridad y precarias condiciones de los centros de reclusión son algunos de los reclamos por parte de los reclusos, que han realizado protestas para llamar la atención de las autoridades.