Manual de Acceso a la Información para Periodistas Venezolanos
La conclusión se desprende de un informe publicado por Transparencia Venezuela, en el cual se explica como el acceso a las fuentes oficiales de información permiten la elaboración de trabajos periodísticos con datos más certeros y reales, lo que disminuye los procesos judiciales en contra de comunicadores sociales como consecuencia de trabajos periodísticos levantados a través de fuentes extraoficiales.
Pese a que el derecho a la información pública, está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, muchas veces los periodistas no luchan por su cumplimiento, obviando que el acceso a fuentes oficiales, datos, informes y manejo de recursos les permitiría desarrollar mejores trabajos de investigación, formular la pregunta adecuada o escudriñar en la búsqueda de la noticia.
Por otro lado el derecho a la información pública está íntimamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, pues un ciudadano bien informado, moldea y da a conocer mejor sus opiniones sobre un determinado tema de interés nacional.
¨El acceso a la información pública debe considerarse un baluarte que permite un aceitado ejercicio del derecho a la libre expresión fortaleciendo la opinión pública a través de una ciudadanía mejor informada”, señala el estudio de Transparencia Venezuela.
Además el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública también le da protección al periodista en lo que respecta a la responsabilidad profesional, ya que el comunicador podrá acreditar que los datos que alimentaron su trabajo reporteril fueron obtenidos mediante el formal ejercicio del derecho al acceso a la información pública y no simplemente a través del uso de fuentes informales.
El acceso a la información pública debe ser igualitario, es decir deben tener las mismas oportunidades de acceder a los datos tanto los medios audiovisuales como impresos, así como los medios de comunicación locales o nacionales y los medios comunitarios.
Por otro lado, la amplia disponibilidad de datos obliga a agudizar el instinto y la investigación por parte de los comunicadores sociales, a pensar en el Estado y su funcionamiento y a buscar donde está la información más enriquecedora.
Así como los periodistas están en el deber de hacer valer el derecho al acceso a la información pública para fortalecer su labor profesional, los despachos, entes, organismos u oficinas dependientes de la administración pública también están en la obligación de facilitar al comunicador social los datos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. El periodista podrá solicitar estadísticas que no están siendo difundidas, avances de obras ejecutadas con dinero público, cargos desempeñados por algún funcionario, información sobre el funcionamiento de hospitales, y resultados sobre planes de seguridad implementados, entre otras informaciones de interés colectivo que deban ser difundidas en los medios de comunicación.