Las políticas alimentarias que llevaron hasta los CLAP
El 17 de febrero de 2016 se marcó un hito en las políticas alimentarias, el Jefe de Estado anuncia que la Misión Alimentación debía ser reestructurada dado que la corrupción se había enquistado en la red de abastos Bicentenario. De nada valió la propia confesión del presidente Maduro de que Abastos Bicentenario “se pudrió”, o las denuncias que hiciera el diputado Carlos Berrizbeitia ante la Comisión de Contraloría sobre “la desaparición de dinero” destinado a la compra de alimentos. De los poderes públicos con competencia en la actuación del Ministerio de Alimentación, ninguno ha hecho un pronunciamiento.
Desde la Asamblea Nacional han hecho no menos de tres exhortos en lo que va de 2016 en los que declaran la emergencia nacional por la crisis alimentaria; han hecho al menos tres citaciones al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres y a los ex ministros Carlos Osorio, Félix Osorio y Guiseppe Yoffreda y aprobaron una moción de censura contra Marco Torres por su responsabilidad en las recientes políticas alimentarias.
El 11 de julio de 2016, Nicolás Maduro decidió crear la Gran Misión Abastecimiento Soberano que complementaría a la ya existente Misión Alimentación. “Esta iniciativa surgió de la evaluación estos cinco meses de la Agenda Económica Bolivariana; ha surgido de las propuestas operativas, técnicas, económicas y políticas del Consejo Nacional de la Economía; y ha surgido del hermoso proceso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción”, aseguró Maduro desde el Palacio de Miraflores. Este hecho pone en el escenario al ministro de defensa, Vladimir Padrino López, responsable de todo el sistema alimentario.
en este contexto, el Gobierno Nacional aún no ha acertado la fórmula correcta para lograr un abastecimiento pleno. En menos de 
cuatro meses, el presidente Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la Gran Misión Abastecimiento Soberano (GMAS), dejó la distribución de los productos que hay en manos de los militares y sigue inyectando, bajo la figura del Decreto de Emergencia Económica, recursos para importación y producción de alimentos agrícolas. Estrategias que han resultado poco efectivas debido a que no se tiene un diseño, ejecución y seguimiento de los programas sociales implementados en el sector alimentación, lo que conlleva a riesgos de corrupción al no implementar procedimientos abiertos y transparentes en relación al manejo de los recursos económico.
Ante este escenario, es urgente el cese de medidas paliativas que lejos de mejorar, agravan la situación. Se debe incentivar la producción nacional y constatar el cumplimiento de cada procedimiento que eso implica como un mecanismo de rendición de cuentas. Se debe entregar divisas al sector privado de manera transparente y oportuna.
De continuar con el desarrollo de los programas sociales en materia alimentaria, estos deben cumplir un proceso de evaluación y seguimiento que abarque metas, indicadores, publicación de contratos y de manuales de procedimientos y normativas, todo ello como acciones preventivas y que minimicen los riesgos de corrupción.