Gobierno venezolano alimenta la cultura del secreto en las instituciones
Por cuarto año consecutivo la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información presenta el Saber Mas IV, “Acceso a la Información y la Alianza de Gobierno Abierto (Open Government Partnership)”.
En esta oportunidad trata del acceso a la información pública en la iniciativa de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA – OGP, por sus siglas en inglés). Este esfuerzo mundial busca obtener compromisos concretos de los gobiernos en base al acceso a la información pública para poder alcanzar una mayor transparencia, así como una efectiva participación y colaboración. Es por ello que el ejercicio del derecho del Acceso a la Información Pública es clave a la hora de pensar un Gobierno Abierto.
Se presenta un informe que distingue el seguimiento de los planes de acción nacionales y la relación con el acceso a la información. Participan 22 organizaciones de 19 países. En esta oportunidad, en la segunda parte presentan un reporte que explica la participación del Departamento de las Américas de Transparency International en AGA/OGP y AFIC – Africa, manifiesta la visión sobre el acceso a la información y la Alianza de Gobierno Abierto en este continente.
SABER MAS IV contiene la diversidad de opiniones de los miembros en base a sus experiencias en el ejercicio de la promoción, implementación y defensa del acceso a la información pública.
Los avances y retrocesos en materia de transparencia y acceso a la información en Latinoamérica de la última década nos permiten valorar el acceso a la información como herramienta democrática para conocer la actividad pública del Estado. Asimismo, la iniciativa de Gobierno Abierto pone de manifiesto la necesidad de la ciudadanía de conocer el trabajo que realiza su gobierno y que este se realice de manera transparente.
Capitulo Venezuela
En los últimos años las instituciones del Estado venezolano han promovido la cultura del secreto dentro de las instituciones, lo que significa que se han negado a cumplir con el deber de dar información a los ciudadanos sobre las gestiones dentro de la administración pública.
Así lo denunció la organización Proacceso, en el informe “Impunidad, Censura y Opacidad”, que habla sobre las acciones de las instancias gubernamentales ante las solicitudes de información por parte de los ciudadanos u organizaciones no gubernamentales, reflejado en informe Saber Más IV en su cuarta entrega.
En el documento se especifica que desde el 2001 la Asamblea Nacional (AN), ha aprobado leyes que fomentan la opacidad y por vía de la Ley Habilitante se ha puesto en manos de los funcionarios la decisión sobre si facilitan o no la información solicitada.
La organización no gubernamental también acusa al Estado venezolano de promover atropellos contra los periodistas para impedir el ejercicio de su labor. Sólo en el año 2012 el Instituto de Prensa y Sociedad IPYS, contabilizó 22 violaciones de libertad de expresión y seis medidas arbitrarias contra medios.
Las condiciones desfavorables para el cumplimiento del derecho a la información también han hecho que los medios de comunicación se autocensuren y así librarse de las persecuciones por parte del Estado.
“En la actuación de ciudadanos, organizaciones y empresas se instala la autocensura por temor a represarías, que impidan el acceso a un beneficio social, a permisos, a dólares de Cadivi, a un ataque, expropiación, multas o suspensiones”, precisa el informe.
Poder judicial como traba
El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ha actuado como una piedra de tranca a las exigencias de información pública. Del total de 11 casos por los cuales las organizaciones de la coalición para el acceso a la información han acudido a los tribunales el cien por ciento han sido rechazados y catalogados como inadmisibles por parte de la sala político administrativa del poder judicial. En principio el tribunal alegó que no procedían los recursos de amparo, sino que en estas situaciones aplicaba el recurso de carencia o abstención, además de ello solicitaba pruebas de las gestiones hechas ante los despachos para acceder a la información, pero no especifica cuáles.
En este sentido Transparencia Venezuela ha defendido la necesidad de que en Venezuela se promueva la promulgación de una Ley que garantice el acceso a la información pública, además de la creación de una instancia que sea garante del cumplimiento del referido marco legal.
De igual forma la sociedad civil, en conjunto con organizaciones no gubernamentales que defienden el acceso a la información pública han promovido encuentros para impulsar un programa de Gobierno Abierto que aspiran sea tomado en cuenta en el periodo presidencial 2013 2019, por medio del cual se contempla fortalecer niveles de transparencia en la administración pública.