En Venezuela se legaliza la opacidad dentro de la administración pública
En los últimos 15 años en Venezuela se ha dado forma a la cultura del secreto dentro de la administración publica, negando el derecho de los ciudadanos de acceso a la información para conocer en detalle el manejo que se le da a los recursos del Estado y la forma en que se toman las decisiones que de manera directa o indirecta incidirán en su calidad de vida.
Legal pero Injusto es un informe donde se analiza la construcción de todo un estamento legal que permite al Gobierno decidir si da respuesta o no a las solicitudes de información de los ciudadanos, lo que viola el derecho constitucional de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas” (art.28); así como el derecho constitucional de toda persona a “la información” (art. 58) y a la libertad de expresión”.
De igual forma el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”
Los niveles de opacidad en Venezuela, es decir, la falta de transparencia dentro de las acciones de la administración pública, en los últimos años se convirtieron en una especie de norma y bajo estas condiciones surge un universo de 217 leyes, de las cuales 42 promueven el secreto de información, junto a 11 decretos (de un total de 251), es decir que de un diverso de 475 instrumentos legales 60 contienen disposiciones sobre opacidad. La Asamblea Nacional (AN), el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han constituido un equipo perfecto para dar luz verde a leyes y decretos que obstaculizan el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública.
Todo esto se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción, el despilfarro de los recursos del Estado y la instauración de una cultura de funcionarios públicos que actúen contrario a lo establecido en la Constitución de la República.
“El marco legal venezolano restringe el acceso a la información sólo a quien demuestre un interés personal y legítimo en la información solicitada o a quien justifique el uso legítimo que le puede dar a la información obtenida; y al mismo tiempo, sólo favorece el acceso a la información para determinados sectores y organizaciones preferidas por el gobierno, como son las comunas y los consejos comunales, entre otros”, destaca el documento.
El derecho y principio a la transparencia gubernamental es un componente fundamental del ejercicio de la democracia recocida en el artículo cuatro de la Carta Democrática Interamericana. No en vano “la transparencia gubernamental ha sido declarada por los Estados miembros de la OEA, como una pieza fundamental para legitimar el ejercicio de la democracia como régimen de gobierno”.