Compromiso de Lima observa, a medias, las recomendaciones presentadas por las organizaciones de la sociedad civil
Durante los días 13 y 14 de abril de 2018 se celebró en la ciudad de Lima, Perú, la VIII Cumbre de las Américas cuyo tema central “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” invitó a los actores participantes a reflexionar sobre las políticas y acciones que podían ser implementadas desde los gobiernos para minimizar los riesgos y combatir la corrupción en las Américas.
En esa oportunidad la coalición “Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Pública”, conformada por 44 organizaciones de la sociedad civil de las Américas, presentó un conjunto de propuestas agrupadas en cinco áreas críticas y estratégicas para fortalecer mecanismos de combate contra la corrupción: 1) financiamiento de partidos y campañas; 2) presupuestos abiertos, participativos y sujetos a control; 3) compras y contrataciones públicas; y, 5) el sistema de justicia. Las cinco áreas tenían como componentes transversales el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas de calidad y la participación ciudadana efectiva.
En cuanto al sistema de justicia, la coalición recomendó la adopción de acciones necesarias para el fortalecimiento del aparato judicial del Estado, agrupadas en cinco sectores: 1) Consolidar la independencia de las instituciones del sistema de justicia; 2) Cooperación internacional; 3) Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana; 4) Protección de denunciantes y testigos, y 5) Recuperación de activos.
Luego de las acciones de incidencia y diálogo hacia los Jefes de Estado y de Gobierno participantes, surgió el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción” que recoge de forma genérica, algunas de las propuestas presentadas por nuestra coalición para reforzar los sistemas de justicia de las Américas.
1.- En cuanto a la independencia de las instituciones del sistema de justicia: los Jefes de Estado y de Gobierno reconocen la necesidad de “Fortalecer la autonomía e independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad y transparencia en el sistema judicial” y de “Garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, basados en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud”; sin embargo, el Compromiso de Lima no menciona la necesidad de establecer sanciones contra la injerencia en los procesos de selección de los funcionarios del sistema, ni de asignar los recursos materiales, humanos y tecnológicos necesarios.
2.- En materia de Cooperación internacional: casos como Lava Jato evidencian la necesidad de implementar mecanismos de cooperación internacional de los sistemas de justica para facilitar los procesos de investigación y sanción de los posibles sujetos incursos en delitos de corrupción.
En este contexto el Compromiso de Lima acoge en gran medida las recomendaciones presentadas por la coalición “Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Pública” y en este sentido se compromete a “Adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción”, “Promover la más amplia cooperación entre las autoridades judiciales, policías, fiscalías, unidades de inteligencia financiera y autoridades administrativas, en las investigaciones y procedimientos relacionados con los delitos de corrupción, lavado de activos, cohecho y soborno transnacional”, “Promover entre las autoridades competentes el uso de mecanismos ágiles de intercambio de información, cooperación y trabajo coordinado para la investigación y persecución de actos de corrupción”, “Promover la cooperación entre las instituciones financieras y los órganos de supervisión financiera, y las instituciones encargadas de la investigación y enjuiciamiento de los actos de corrupción para una respuesta rápida y efectiva en las investigaciones internacionales, así como para la recuperación de activos” y “Fortalecer el marco internacional de cooperación jurídica e institucional para prevenir que los sistemas financieros de la región puedan ser utilizados para la transferencia y ocultación de fondos provenientes de actos de corrupción”, acuerdos que, si bien su reconocimiento implican un primer paso para el establecimiento de mecanismos que faciliten los procesos judiciales transnacionales por delitos de corrupción, requieren de la ejecución de medidas específicas y concretas que podrán ser evaluadas por los distintos actores sociales en los meses próximos a la VIII Cumbre de las Américas.
3.- Acceso a la información, rendición de cuentas y participación ciudadana: el Compromiso de Lima aborda estos temas desde una perspectiva global y educativa, sin identificar cada una de las especificidades que pueden tener las diversas funciones del Estado.
Entre los compromisos asumidos en esta área encontramos “Desarrollar una cultura de transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida (…)”, “Promover campañas de concientización pública y participación ciudadana para la prevención y lucha contra la corrupción y la impunidad; y sobre los instrumentos disponibles para combatirlas”, “Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital con el objeto de impulsar la transparencia, la interacción con los ciudadanos y la rendición de cuentas (….)” y “Fomentar la transparencia y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones regionales e internacionales de las cuales somos miembros”.
Se destaca el compromiso de acuerdo al cual se buscara “Promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, así como la presentación por parte de servidores públicos de declaraciones patrimoniales y de información financiera, según corresponda” no obstante, para el fortalecimiento de los sistemas de justicia de los países de América, consideramos que era necesario asumir medidas más concretas y específicas como “establecer obligaciones para que la información sobre el desempeño del sistema en general sea de acceso público y verificable” o “garantizar el efectivo y eficaz monitoreo ciudadano del desempeño del sistema de justicia en general”.
4.- Protección de denunciantes y testigos: sobre este tema, el Compromiso de Lima deja un vacío importante al establecer solamente que se asume el compromiso de “Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos de corrupción frente a acciones intimidatorias y represalias”, sin tomar en consideración los diversos actores que puedan ayudar a concretizar este acuerdo o el conjunto de medidas que puedan implicar la protección de testigos.
Consideramos que la concretización de este mandato debe tomar en consideración la necesidad de delimitar el ámbito de aplicación de la protección o crear agencias independientes con las competencias necesarias (recibir, investigar, evaluar y asignar medidas) y dotarlas de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes.
5.- Recuperación de activos: los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron algunos compromisos en esta materia, pudiendo destacar “Impulsar la adopción o fortalecimiento de medidas a través de las instituciones competentes, para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción”, “Profundizar la participación de nuestros Estados en las redes e iniciativas multilaterales contra el lavado de activos a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación, decomiso y recuperación de activos” y “Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales”.
La VIII Cumbre de las Américas dio la oportunidad a Jefes de Estado y de Gobierno, sociedad civil y actores sociales de reflexionar y proponer acciones que busquen combatir la corrupción y sancionar a los responsables de delitos de corrupción. El Compromiso de Lima representa un paso en este sentido, sin embargo, su concreción dependerá de la voluntad de los actores políticos de articular las agendas nacionales con agendas internacionales suscritas y la ejecución de acciones concretas.
La impunidad es el mejor aliado de la corrupción, por ello es necesario fortalecer y reforzar los sistemas de administración de justicia nacionales y dotarlos de recursos, materiales y tecnología suficientes para facilitar su labor de investigación y sanción de hechos y actos de corrupción. Transparencia Venezuela considera que las Américas tienen una gran una gran tarea pendiente en esta área y es urgente comenzar cuanto antes.