Transparencia Venezuela 9 de enero de 2026. Las exigencias en materia petrolera de Estados Unidos a las autoridades venezolanas, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada, requieren que se atiendan las debilidades institucionales de nuestro país para que la necesaria inversión y ampliación de socios se den en el marco de condiciones claras, transparentes, competitivas, equitativas y, fundamentalmente, sin cláusulas de confidencialidad, con criterios en los que prevalezca la decisión de los venezolanos.

En 2021 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que Venezuela requería, para un plan mínimo de recuperación económica de un año, la cantidad de USD 39.325 millones, una cifra que con toda seguridad se ha elevado.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Rice University’s Baker Institute, ha señalado que Venezuela tiene el potencial de multiplicar por cuatro o por cinco la producción actual de petróleo. Sin embargo, eso requiere más de una década de inversión constante de un monto que excede los USD 100.000 millones.

Bienvenidos los capitales constructivos

Aunque no se conoce aún la dirección que tomará la nueva situación a partir de la captura de Nicolás Maduro, Transparencia Venezuela recuerda las condiciones necesarias para que las inversiones tengan efectos constructivos:

1. Definir con claridad las condiciones y los procesos para la inversión extranjera y nacional, garantizando competitividad, trato equitativo, estabilidad en las reglas, respeto de los derechos de propiedad, capacidad para convertir y transferir divisas dentro y fuera del país, transferencia tecnológica, protección frente al incumplimiento de contratos, transparencia, simplificación y celeridad en todos los trámites que deben realizarse.

2. Crear y publicar un Registro de Inversiones Extranjeras en formato de datos abiertos, que incluya todos los elementos de la inversión: identificación del beneficiario final (beneficial ownership), sector, proyectos, montos, origen de los fondos, propósitos, socios, declaración de intereses, participación pública o privada, contratos, lapsos de realización, etc.

3. Garantizar contrataciones públicas competitivas y divulgación completa de contratos, licencias y titularidad beneficiaria, alineados con los estándares de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas en el caso del sector minero (EITI por sus siglas en inglés) y la Alianza de Contratación Abierta. Prohibir sin excepciones las cláusulas de confidencialidad en toda contratación pública.

4. Transparentar todos los acuerdos y compromisos en vigor suscritos por el Estado venezolano con gobiernos foráneos, inversionistas privados extranjeros o nacionales.

5. Reformar la normativa vigente en materia de inversión extranjera (Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva de Nº 41.310 del 29 de diciembre de 2017): eliminar restricciones, desincentivos, trámites excesivos, control de la responsabilidad social y el monopolio del Estado sobre sectores estratégicos.

6. Definir criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo para las empresas en sintonía con los estándares internacionales como la Iniciativa Global de Reportes (GRI), el Consejo de Estándares de Divulgación Climática y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

7. Separar claramente las responsabilidades del Estado venezolano como promotor de inversiones, empresario y regulador en órganos distintos, para impedir la confusión de roles, conflictos de interés, débiles restricciones presupuestarias, mercados asimétricos y desviaciones de poder.

8. Mejorar la gobernanza de las empresas propiedad del Estado que garanticen la racionalidad de la propiedad pública de la empresa, el rol del Estado como propietario, prácticas de integridad, la divulgación de sus relaciones con partes interesadas, la autonomía de injerencias partidistas, la rendición de cuentas y la responsabilidad de sus autoridades.

9. Derogar la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, que establece la concentración de poder en el presidente/a y actuaciones secretas, lo que elimina la separación de poderes y las garantías de transparencia y rendición de cuentas.

Riesgos frente a la entrada de capitales

Frente a las necesidades de inversión y ampliación de socios en las relaciones económicas internacionales de Venezuela es necesario recordar que la llegada de capitales puede tener efectos corrosivos o efectos constructivos. 

Si los acuerdos se establecen de forma opaca; si aprovechan vacíos legales y debilidades de gobernanza existentes en el país receptor; si alimentan los intereses de las élites y sus aliados; si no se conocen los contratos u acuerdos; si no se cumple con las obligaciones tributarias y de negocios y si permiten que las empresas evadan criterios sociales, ambientales y de buen gobierno corporativo, tendrán efectos corrosivos como ha ocurrido con China y Rusia.

En Venezuela, entre 2005 y 2017 entraron por préstamos e inversiones extranjeras más de USD 90.000 millones que no se tradujeron en bienestar para la población ni en crecimiento sostenible. Se transformaron en capitales corrosivos que multiplicaron la deuda sin beneficio para los venezolanos, alimentaron la corrupción y fortalecieron el control autoritario de los pocos con acceso al poder político.

En la actualidad hay serias debilidades de gobernanza por la ausencia de contrapesos, del secreto como política de Estado y un marco jurídico diseñado para el abuso de quien ejerce el poder. Petróleos de Venezuela y el ministerio de Hidrocarburos han estado y siguen estando capturados.

Transparencia Venezuela, 26 de diciembre de 2025.  En un nuevo informe titulado “PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada” revelamos cómo años tras años de expropiaciones y nacionalizaciones justificadas en nombre de la soberanía energética, la industria petrolera venezolana ha evolucionado hacia esquemas de participación privada cada vez más amplios, implementados al margen del marco legal y sin mecanismos efectivos de control público.

A partir de 2018, y con mayor intensidad entre 2019 y 2025, se consolidaron fórmulas de negocio que reducen el rol operativo y fiscal de Pdvsa, mientras se flexibilizan obligaciones tributarias y contractuales en perjuicio del patrimonio público. Estas modificaciones se han aplicado sin reformas formales a la Constitución venezolana ni a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sin licitaciones abiertas y sin supervisión parlamentaria.

El informe documenta cómo el secreto de Estado, instaurado incluso antes de las sanciones internacionales, ha impedido a la ciudadanía conocer el destino de la empresa que durante años se dijo: “es de todos”. Para superar esa opacidad, la investigación sistematiza información sobre presuntas empresas aliadas de Pdvsa y detalla la evolución hasta el modelo actualmente vigente: los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Desde 2019, la comercialización del petróleo venezolano opera en un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional. El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025.

La investigación identifica este entramado no como una suma de operaciones aisladas, sino como un sistema articulado que evidencia la convergencia entre élites políticas, empresariales y negocios petroleros opacos.

En el análisis se examina el rol de figuras clave: Álvaro Pulido (Nicolás Maduro), Majed y Khaled Khalil Majzoub (Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez), Jorge Giménez (Delcy Rodríguez), Ramón Carretero Napolitano (Cilia Flores y Carlos Malpica Flores), Alejandro Betancourt (Nicolás Maduro), Wilmer Ruperti (Nicolás Maduro) y el caso particular de Álex Saab, hoy con funciones formales en la definición de los nuevos modelos de negocio y esquemas de comercialización.

El informe aborda la participación de China, Rusia e Irán, que han intervenido en la comercialización del crudo venezolano para saldar deudas, recuperar inversiones y aprovechar los descuentos asociados al petróleo sancionado.

Entre enero y noviembre de 2025 se registraron alrededor de 411 embarques de petróleo, de los cuales una parte significativa se realizó a través de operaciones opacas o que no pudieron ser plenamente identificada. A este escenario se suma un cambio reciente: la intercepción de buques por Estados Unidos, el endurecimiento del cerco financiero y el cierre de billeteras digitales utilizadas para pagos en criptomonedas, lo que agrava los problemas de flujo de caja de Pdvsa y anticipa nuevas cesiones de activos y áreas de explotación.

Transparencia Venezuela, 22 de diciembre de 2025. El ciclo electoral en Venezuela que comenzó con elección presidencial del 28 de julio de 2024 y culminó con los comicios municipales del 27 de julio de 2025 cierra un período marcado por la profundización del control institucional del oficialismo y la erosión definitiva de los mecanismos de competencia electoral en Venezuela, dando paso a la profundización de los abusos y hechos de corrupción que afectaron directamente e indirectamente el disfrute de los derechos humanos, en particular los civiles y políticos,  lo que se evidenció en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y condenas judiciales rápidas y severas.

El balance es la consolidación de un modelo en el que la participación ciudadana en elecciones disminuye de manera sostenida, la opacidad se normaliza y las instituciones rectoras dejan de cumplir los estándares mínimos de verificación y transparencia.

Los patrones en las elecciones presidencial, regional y legislativas, y municipales se resumen así: control estatal, restricciones políticas, manipulación estadística, ausencia de garantías técnicas y presentación de resultados de la votación sin mostrar evidencias.

En este análisis de Transparencia Venezuela se aborda, además, cómo cambió el esquema de “disuasión política” – que usualmente imperaba en tiempos de elecciones con detenciones ilegales, desapariciones forzadas y criminalización de activistas y dirigentes locales- pues se volvió permanente, más allá de los procesos electorales, específicamente entre agosto y diciembre de 2025.

También se aborda la “democracia comunal post-electoral” con “Consultas Populares” definidas por las autoridades como un ejercicio “democrático directo” y «suigéneris«, para que los mayores de 15 años voten por proyectos centrados en la crisis de servicios públicos y la infraestructura comunal. No son organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sigue con un bajo perfil, sino por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, que realiza hasta el escrutinio de los votos.

Las consultas han mostrado apatía política, sin datos públicos sistematizados sobre participación, criterios de selección de proyectos ni seguimiento de su ejecución. A ello se agrega que Nicolás Maduro anunció una propuesta de reforma constitucional que llevará a la Asamblea Nacional, para consolidar un “sistema electoral de los circuitos comunales”, que implica una “reingeniería” de cómo los venezolanos han votado hasta ahora.

El ataque a dirigentes sociales o políticos, el castigo por parentesco o la práctica Sippenhaft, las condiciones de reclusión y denuncias de tortura, los casos de pena cumplida y nueva condena sin defensa, la criminalización de la actividad sindical, los muertos en custodia, el asesinato transnacional y el trato a las presas políticas son otros de los temas abordados en este estudio.