En el caso de Pdvsa Cripto, el gran escándalo de corrupción que terminó costándole su puesto al entonces vicepresidente de Economía y ministro del Petróleo Tareck El Aissami— y junto a él a diputados, jueces, directivos de numerosas empresas públicas y privadas, funcionarios del sistema cripto, entre otros implicados—, es que ni siquiera hay certeza de que los implicados se encuentren en realidad privados de libertad, a pesar de la exhibición de los detenidos con uniformes anaranjados que circularon por los canales y redes oficiales. Y más de dos años después no se ha informado sobre el juicio, ni cuánto fue el daño sufrido por las arcas públicas, aunque cálculos propios ubican lo defraudado en más de 16.960 millones de dólares.

Sobre Odebrecht, por ejemplo, luego que Tarek William Saab sustituyera a Luisa Ortega Díaz en 2017, fue detenido el asistente del fiscal que había ido a Brasil a interrogar a Euzenando Acevedo, director de la empresa brasilera en Venezuela. La investigación quedó en la gaveta de la fiscalía 51.

Y mientras más se busca, más casos quedan perdidos en la opacidad, especialmente relacionados con Pdvsa, como la detención en octubre de 2024 del exministro del Petróleo que sustituyó a El Aissami tras su renuncia, y que también fue presidente de Pdvsa, el militar Pedro Rafael Tellechea Ruiz. El funcionario fue apresado junto a sus “colaboradores” por entregar “el cerebro de Pdvsa” a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según Saab. Nada más se supo, ni siquiera dónde está detenido, aunque se dice que estaría en la cárcel de El Rodeo.

Otro ejemplo es el llamado caso Atlantic, que denunció Tareck El Aissami cuando era ministro de Petróleo en agosto de 2022. Es un desfalco de casi 5.000 millones de dólares a través de un préstamo a Pdvsa en bolívares hecho por la empresa Administradora Atlantic 17107, C.A. y que la petrolera pagó en dólares. Saab calificó la trama como “hedionda” y “putrefacta”, pero —pese al escándalo y luego de mostrar al exvicepresidente de Finanzas de la petrolera, Víctor Aular, en un video “confesando”—, nada se sabe ni de expediente ni de Aular, quien según versiones fue librado de culpas a través de un sobreseimiento, del que el fiscal nunca habló. Incluso se dice que el exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa fue dos veces sobreseído, en este y otro caso similar, porque los tribunales consideran que no hubo delito.

El propio Saab, en su última rendición de cuentas, al hablar de la lucha contra la corrupción se limitó a informar que 24.152 funcionarios y exfuncionarios fueron imputados desde su designación en 2017, de los cuales 6.954 fueron condenados, lo cual representa un 28,7%. No hay información de los casos.

Un rastreo sobre la actuación del Ministerio Público bajo la conducción de Tarek William Saab frente a las economías ilícitas — narcotráfico, tráfico de material estratégico, diversas modalidades de contrabando y extracción ilegal de oro y otros minerales— reveló que la información suministrada por ese despacho ha sido insuficiente, parcial, discrecional y hasta confusa, lo que exige un  esfuerzo de sistematización para tratar de determinar en qué casos avanza la acción penal, en cuántas causas se logra  sentencia condenatoria o absolutoria y cuáles expedientes estarían paralizados.

El Tribunal Supremo de Justicia es el próximo objetivo

Pero Saab no se ha marchado totalmente, pues la Asamblea Nacional decidió enviarlo de vuelta a la Defensoría del Pueblo, aunque en esta ocasión como encargado.

“Es un movimiento bastante obvio porque el control del Ministerio Público por parte de Maduro y de Cilia Flores había sido absoluto, tenían en Tarek William Saab un operador de sus intereses”, aseguró a la cadena Caracol de Colombia Zair Mundaray, el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público en tiempos de Luisa Ortega Díaz.

Mundaray dio por hecho que en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también se producirán cambios y que los hermanos Rodríguez buscarán modificar la actual correlación de fuerzas, que ha sido ampliamente favorable al dúo Maduro-Flores.

Este organismo ha debido renovar a su directiva hace semanas, pues se venció su período y según el reglamento del TSJ se ha debido convocar una sesión plenaria para elegir una nueva, luego del acto de apertura judicial.

¿Quién es el nuevo fiscal general encargado?

«Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con un máster en derecho constitucional por la Universidad de Valencia, España; un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares en España; es especialista en ciencias penales y criminológicas, y posee dos diplomados en materia de derechos humanos», detalló Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, al presentarlo.

Sin embargo, el currículo de Devoe es más extenso. A principios del siglo XXI se desempeñó como segundo de Germán Saltrón, agente del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos; y en 2007 aterrizó en la Defensoría del Pueblo, donde ocupó el cargo de director de Servicios Jurídicos, un puesto que le permitió representar al organismo en instancias de Naciones Unidas y también dentro del país.

“Él formó parte de la comisión que redactó la resolución 8610”, aseguró un excompañero de Devoe. Esta polémica normativa dictada por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en 2015 permite a los militares emplear armas de fuego para restaurar el orden público en los casos que “sea inevitable”.

El instrumento contraviene lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que establece claramente que “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”.

Davoe: una ficha del círculo cercano

Devoe intentó sin éxito hacerse con el cargo de Defensor del Pueblo en 2014. Sin embargo, fue designado como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un organismo creado por el Gobierno que, en la práctica, se convirtió en una Defensoría paralela. El Consejo estuvo adscrito a la Cancillería y luego a la Vicepresidencia, con Delcy Rodríguez a la cabeza.

“Cuando Delcy Rodríguez heredó el Consejo dejó a Devoe, quien, gracias a su preparación y habilidad política, se ganó su confianza”, agregó otro informante.

Los hechos comprueban esto. Devoe ha ido acumulando numerosos puestos en los últimos años, así fue designado agente del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos y ha formado parte de las comisiones gubernamentales lideradas por Jorge Rodríguez que participaron en las fallidas negociaciones con la oposición en México (2021-2023) y Barbados (2023).

También ha sido designado por la actual presidenta encargada en las comisiones de intervención de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) y de algunas filiales de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).