Alcaldías reprueban Índice de Transparencia en niveles nunca antes vistos en esta medición
Por quinta vez Transparencia Venezuela evalúa los riesgos de corrupción en los municipios de Venezuela. La auditoría independiente fue diseñada, dirigida, e implementada entre abril y noviembre de 2017 en 150 alcaldías y por primera vez, en sus concejos municipales, en 20 estados de Venezuela.
La mejor calificación del ITA fue la Alcaldía de Chacao, con 66,40 puntos sobre 100, mientras que 20 ayuntamientos obtuvieron cero puntos. En cuanto a los concejos municipales, la puntuación más alta del ITCM la registraron los municipios Sucre y El Hatillo del Estado Miranda con 65 puntos sobre 100 cada uno, al tiempo que 29 obtuvieron cero como puntuación
Cuatro alcaldías del este de Caracas obtuvieron los mejores resultados. Los gobiernos locales que obtuvieron calificaciones por encima de 50 sobre 100 merecen un gran reconocimiento
Se detectó que, además de las deficiencias en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, en los municipios se replican prácticas perniciosas en el manejo de los recursos, similares a las detectadas en las más altas esferas del Gobierno Nacional.
Los nuevos alcaldes recibirán, con los resultados personalizados el Índice de Transparencia, un diagnóstico completo y una propuesta de plan de acción anticorrupción.
Caracas, 16 de febrero de 2017.- Un promedio de 15,77 sobre 100 en el Índice de Transparencia evidencia la pésima situación de la transparencia en 150 alcaldías venezolanas objeto de la evaluación. La inexistencia de controles y prácticas anticorrupción son un llamado de alarma para acciones urgentes por parte del liderazgo local, pues del uso efectivo, eficaz y transparente de los escasos recursos y bienes municipales, también depende la calidad de vida de los ciudadanos.
El Índice de Transparencia Municipal 2017 es una auditoría independiente que evaluó 150 alcaldías de 20 estados del país y, por primera vez, a sus concejos municipales. El Índice de Transparencia de Alcaldías ITA 2017 contiene la evaluación de ocho procesos medulares, correspondientes a tres áreas de la gestión local: Finanzas Públicas, Hábitat y Ciudad, y Recursos Humanos, bajo cuatro elementos fundamentales como los son la lucha contra la corrupción, acceso a la información pública de calidad, la existencia de datos abiertos (Open Data) y participación ciudadana.
Entre abril y noviembre 2017, un total de 74 auditores- bajo las directrices de las coordinaciones regionales de Transparencia Venezuela– aplicaron una actualizada y robustecida metodología de evaluación, con criterios de auditoría, es decir, a diferencia de instrumentos de percepción, el ITM requiere verificar la existencia de evidencias de cumplimiento e implementación del marco legal y buenas prácticas en las áreas, así como en los procesos evaluados.
Los resultados del índice muestran que el deterioro institucional en el país alcanza con mucha fuerza a los niveles locales de gobierno, en los que no solamente se ha reducido al mínimo la capacidad para ofrecer servicios públicos- es decir, seguridad, transporte, educación y salud- por la merma constante de los recursos transferidos desde el tesoro nacional y de su recaudación propia, sino que en muchos casos, éstos han llegado a reproducir las prácticas de opacidad y arbitrariedad formalizadas desde el Gobierno Nacional.
Los nuevos alcaldes, electos en octubre de 2017, junto a los concejales, que ya tienen su período vencido, tienen la oportunidad de asumir la reconstrucción del mundo municipal, a partir de la debilidades obvias del país, alejándose de las prácticas corruptas, de los privilegios y de los incentivos al abuso, desviaciones que tienen a los venezolanos en estado de indefensión y con la triste meta de huir del país.
La dramática realidad del país evidencia la necesidad de dar un giro rotundo a la forma de gobernar y que los líderes pongan a Venezuela y a los venezolanos por encima de sus intereses personales. El cambio es una urgencia y el municipio puede ser el espacio ideal para comenzar.
Poco alentador
En los municipios evaluados se detectaron deficiencias como la ausencia de la rendición de cuentas permanente, la falta de manuales de normas y procedimientos, así como poca o ninguna actividad de auditoría interna, lo que coloca a estos gobiernos locales en un riesgo real de corrupción, en detrimento de los ciudadanos que merecen mejores servicios.
La selección de los municipios del estudio respondió a criterios relacionados con el equilibrio político, diversidad geográfica y demográfica, voluntad política, diversidad en la actividad económica y haber sido evaluado con anterioridad.
La evaluación de los concejos municipales se centró en el cumplimiento de sus funciones (controlar, legislar y representar a los ciudadanos) y el ejercicio de actividades distintas a sus competencias.
Los resultados del ITM están expresados en una escala del 1 al 100 y se agrupan en rangos de transparencia que va de “ninguna” a “excelente”.
Los datos arrojados por la evaluación son preocupantes. 143 de las 150 alcaldías (95%) obtuvieron una calificación menor a 50 puntos. Las que obtuvieron calificaciones por encima de 50 merecen un reconocimiento por mantener los procesos y sistemas de gestión, por sus esfuerzos por avanzar en gobierno abierto, rendir cuentas, informar sobre la gestión y sus resultados, tener procesos de control, visibilizar sus presupuesto, entre otras medidas, todo ello en medio de la crisis institucional, social, política y económica que atraviesa el país.
En el ranking general, el primer lugar lo obtuvo la Alcaldía de Chacao, del estado Miranda, con una valoración de 66,40 sobre 100. Además, un total de 20 alcaldías obtuvieron cero en puntuación.
En el caso de los concejos municipales, 129 de 150 (86%) quedaron por debajo de 50 puntos.
En el caso de los concejos municipales, destacaron en el primer lugar El Hatillo y Sucre, ambos del estado Miranda, con una puntuación de 65,00 sobre 100, mientras que 29 órganos legislativos locales obtuvieron cero en la puntuación general.
El promedio obtenido entre las 150 alcaldías alcanzó solo 15,77 sobre 100, mientras que en el caso de los concejos municipales el promedio del grupo llegó a 24,89 sobre 100.
La transparencia de las alcaldías retrocedió en 2017, con respecto a años anteriores.
Transparencia cero
Es preciso recordar que el municipio sigue siendo la unidad político primaria del país y la gestión pública municipal tiene un papel sustantivo en la calidad de vida de los ciudadanos.
El liderazgo local no puede evadir su responsabilidad de construir la estructura necesaria para la implementación de un efectivo, eficiente y transparente programa de gobierno, donde la lucha contra la corrupción sea transversal en cada ámbito de actuación. Esta premisa se presenta como sustancial a la hora de analizar los hallazgos del ITM:
En cuanto al desempeño de las alcaldías encontramos:
Pobres controles contra la corrupción
- 87 % de las alcaldías no tienen manuales de normas y procedimientos
- 90% de las alcaldías y 83% de los concejos municipales tienen poca o ninguna actividad de auditoría interna
- 45% no tiene Plan Operativo Anual
- 61% no realizó Presupuesto Participativo
- 19% no tiene colocaciones bancarias
- 86% no tiene catastro digitalizado
- 57% no tiene disponible el informe anual de rendición de cuentas
- 96% no tiene prepliegos de contrataciones
- Solo 16% tiene un canal abierto para denuncias de corrupción
- Solo 13% de las alcaldías tiene políticas y procedimientos claros para el archivo y conservación de expedientes.
- Solo 11% tiene disponible el listado de delitos reportados en el municipio y apenas 7% cuenta con mapa de delitos del municipio.
- 97% no tiene incorporada la rendición de cuentas permanente en su gestión. Se limita a los mínimos establecidos en la ley: memoria y cuenta anual e informes trimestrales.
- 78% no había realizado informes trimestrales en el año 2017 al momento de la auditoría.
Escaso acceso a la información pública
- Solo 16 alcaldías de las 150 tienen datos abiertos sin restricciones, entregados en formatos editables.
- Solo 17% de las alcaldías tiene la información de los procesos evaluados disponible al ciudadano y apenas 7% es difundida o publicada en sus portales web, redes sociales o carteleras institucionales.
- 66% de las alcaldías evaluadas no ofrece información actualizada
- En 76% de las alcaldías evaluadas la información no es de fácil acceso.
- Solo 21% tiene operativa una Oficina de Atención al Ciudadano de acuerdo a las leyes.
- Apenas 5% tiene una web que cumpla con los estándares mínimos de transparencia.
- 89% de ellas no tiene ordenanza de transparencia y acceso a la información pública.
La evaluación de los concejos municipales determinó que:
- 59% tiene actividades adicionales de sus competencias de controlar, legislar, rendir cuentas y representar a los ciudadanos y promover su participación.
- 64% ha realizado asambleas ciudadanas o cabildos abiertos con objetivos diferentes a sus competencias.
Recomendaciones a favor de transparencia y de los ciudadanos
Los gobiernos locales en Venezuela tienen mucho trabajo por delante para ser considerados como gobiernos abiertos. Deben incorporar en su gestión los principios de Transparencia, Participación, Colaboración y Open Data.
Es necesario incorporar los procesos anticorrupción en las prioridades de la gestión pública.
- Establecer registros sistemáticos y estadísticos de cada proceso.
- Generar y ofrecer información actualizada, clara y completa. Legislar para garantizar el derecho de acceso a la información pública.
- Diseñar y ejecutar el presupuesto con real participación ciudadana.
- Realizar las compras y contrataciones a través concursos o procesos transparentes. Implementar compras en línea.
- Implementar gestiones de gobierno electrónico.
- Promover la participación ciudadana: sin limitaciones y sin miedos.
- Diseñar políticas públicas considerando las necesidades de la comunidad.
- Rendir cuentas de calidad, detalladas con indicadores de impacto de manera permanente para el ciudadano.
- Contar con manuales de normas y procedimientos a fin de asegurar el apego a la ley y la claridad en la toma de decisiones.
- Garantizar que la unidad de auditoría interna ejerza el control al menos una vez al año.
- Incorporar indicadores de gestión y de impacto de las políticas públicas.
- Capacitar a funcionarios en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
- Incluir un canal de denuncias de corrupción con la capacidad de proteger a los denunciantes y la posibilidad de realizar seguimiento de todo el trámite.
- Tener operativa la Oficina de Atención al Ciudadano de acuerdo a lo establecido en la Ley.
- Definir políticas y procedimientos de archivo estandarizados, para la custodia y conservación de los expedientes.
- Contar con un mecanismo para el registro de los reclamos, sugerencias, inquietudes y solicitudes de información de manera de poder responder oportunamente a la ciudadanía.
- Incluir contenidos de transparencia en la web de acuerdo a los mínimos establecidos en las legislaciones de acceso a la información pública. (Transparencia Activa).
- Incorporar y hacer cumplir un código ética o de conducta para los funcionarios, que establezca procedimientos ante conflictos de interés, una política anticorrupción, que reduzca el riesgo de nepotismo y politización en las alcaldías.