Este miércoles 5 de octubre, la Comisión Permanente de Contraloría otorgó un derecho de palabra a el ciudadano Mauro Libi, presidente de Improceca (Avelina) y miembro del aglomerado empresarial Grupo Libi, quien presentó sus alegatos ante las denuncias que recibiera por parte del Dip. Julio Montoya (PJ-Apure), de ser propietario de seis empresas de maletín y desvió de divisas.
Libi aseguró que las acusaciones en su contra carecen de alguna investigación o de algún trámite para certificar los denunciado. En tal sentido desdijo liderar empresas ficticias y explicó la procedencia de cada una de ellas, por las que fue denunciado como: Improceca, distribuidoras de productos Avelina; Pro Image de Venezuela, quien trabajó para Daewoo Venezuela en la importación de electrodomésticos, también Representaciones Orcal y Distribuidora Palo Grannoro, entre otras. Además destacó que las solvencias de cada una fueron generadas en 2016 y comprueban la legalidad de las mismas.
De esta forma Libi sumó a las contradicciones la incriminación respecto a la alta suma de divisas aprobadas a su compañía y declaró que las mismas son irrisorias pues el señalamiento fue por 581 millones de dólares, y la cifra real que habría recibido se aproximó a los 50 millones dólares, es decir 11.6 veces menos; de igual forma agregó que la supuesta vinculación con funcionarios del Gobierno son falsas.
Por su parte el diputado Julio Montoya (PJ- Apure) excusó ausentarse durante la comparecencia del empresario y solicitó copia del expediente de los estados de cuenta de Libi, asegurando que enviaría las preguntas que deba hacer al ciudadano acusado, de forma escrita.
Por su parte el vicepresidente de la instancia, diputado Ismael García (PJ- Aragua), asintió que el caso debe ser investigado por la Subcomisión sectorial n° 1 para el Control del Gasto Público e Inversión de Fondos del Ejecutivo Nacional, Entes Descentralizados, Institutos Autónomos y Empresas del Estado, para que esta genere las conclusiones pertinentes.
Denuncias contra el alcalde de Santiago Mariño
Emer Álvarez, concejal de municipio Santiago Mariño del estado Aragua denunció una serie de irregularidades de presuntos hechos de corrupción durante la gestión del alcalde Alberto Mora.
Las mismas fueron visibles en enero de 2015 cuando se realizó una inspección en la entidad, a la cual le aprobaron recursos para realizar varias obras. Esto a espaldas de los dirigentes del Psuv quienes, de primera instancia se constataron de los hechos y lo acusaron bajo la cámara municipal mediante el Tribunal de la entidad.
“Hemos investigado cuales son las obras que no se han ejecutado y son alrededor de 4 (…) a las que se le aprobaron 30 millones de bolívares” apuntó Álvarez, y explicó que entre ellas destaca la supuesta reparación de vehículos-chatarra que aún siguen en el mismo estado de deterioro; la perforación de pozos, mantenimiento, así como vialidad, alumbrado entre otros.
Álvarez denunció que el Alcalde Mora no entregó ningún informe de gestión en 2014 ni en 2015, y apuntó que “no sabemos los recursos que le fueron aprobados ”. Asimismo se refirió al nepotismo de la administración pública municipal en el que al Alcalde también incurre, asegurando que hay pruebas de que existen varios familiares del funcionario que ocupan cargos cercanos. El caso fue remitido a la subcomisión N° 4 para profundizar las investigaciones.
Como último punto de la reunión, la diputada Mariela Magallanes (Causa R- Aragua), presentó el informe final de la Comisión Especial que Investigó la Violación de Derechos Humanos en las protestas por hambre, para que contribuya con las investigaciones que trabaja la comisión en materia alimentaria.