Luisa Ortega Díaz materializó lo que anunció hace cuatro meses. La Fiscal General removida por la Asamblea Nacional Constituyente acudió este 16 de noviembre a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya (Holanda) para denunciar al presidente Nicolás Maduro por cometer delitos de lesa humanidad y solicitar que le sea dictada una orden de captura internacional.

Pero la jefa del Ministerio Público en el exilio no solo desea que Maduro corra la misma suerte que el mandatario sudanés, Omar Al Bashir, contra quien pesan dos órdenes de detención por parte del tribunal creado por el Estatuto de Roma, reduciéndole así las posibilidades de desplazarse al exterior; sino también contra cuatro altos jerarcas militares, comenzando por los ministros de la Defensa y del Interior, generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol Torres.

Los otros dos uniformados a los que Ortega Díaz acusó de cometer “asesinatos, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático contra la población civil” son el actual jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y el jefe de Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides, quien hasta mediados de este año encabezaba la Guardia Nacional (policía militarizada).

“Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como también por el hambre, la miseria y las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela”, declaró Ortega Díaz tras consignar su querella, que no solo abarca lo ocurrido durante las manifestaciones que estallaron en abril pasado, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente liquidara al Parlamento controlado por la oposición con dos fallos, sino también violaciones ocurridas al menos desde hace dos años.

“Estamos denunciado que en el año 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares. En el año 2016 4.667 personas fueron asesinadas personas bajo las mismas condiciones y hasta el mes de junio de este año se registraron 1.847, todas bajo las órdenes del Gobierno, bajo un plan que persigue el Gobierno una limpieza social. También incluimos en la denuncia las OLP (el último plan contra el crimen lanzado en julio de 2015 y en el que participan miles de militares) donde fueron asesinadas 505 personas, otra limpieza, otra razzia, ejecutada por grupos tácticos de combate. También incluimos más de 17 mil casos de detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura y la militarización de la seguridad ciudadana”, enumeró la removida Fiscal General.

Las OLP fueron impulsadas por el jefe del Sebin durante su etapa como Ministro del Interior y las mismas ya han sido cuestionadas por organismos como la Comisión Interamericana y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Pero Ortega Díaz no se presentó en La Haya simplemente con una denuncia, sino que ofreció a la Corte Penal más de un millar de pruebas que sustentan sus duros señalamientos contra quienes hasta no hace mucho fueron sus aliados.

En mi condición de Fiscal General he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, todos los elementos con los que cuenta el Ministerio Público, más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico legales, psiquiátricos y entrevistas”, aseveró.

Colaboradores que viajaron con Ortega Díaz desde Colombia aseguraron que entregaron expedientes para sustentar cada señalamiento.