El 2015 estuvo caracterizado por el auge de explosión de granadas fragmentarias, despliegues como la Operación de Liberación y Protección del Pueblo y linchamientos, lo que refleja la debilidad institucional que impera en el país y el deterioro del sistema de justicia  que desencadena en la impunidad.

La violación de derechos humanos y el secretismo reina en estos operativos de seguridad. No se registran datos exactos del número de operativos, fallecidos, elementos incautados ni de las bandas que operan en la zona. Del mismo modo, estos planes no cuentan con sistemas anti corrupción, rendición de cuentas y transparencia en la información.

El pasado 13 de julio se instauró en el país el primer operativo OLP en el sector La Cota 905 de Caracas, con el fin de de desmantelar bandas de paramilitares que operan en el país. Tras 10 meses del nuevo “programa” de seguridad ciudadana, los resultados cada

vez son más dramáticos. El objetivo principal se desvió: ir contra el desabastecimiento, que generó el cierre de la frontera y posteriormente la recuperación de viviendas en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).