Crédito de la foto: Miguel Gutiérrez EFE
Transparencia Venezuela en el exilio, 8 de agosto de 2025. El Observatorio Ciudadano de la Corrupción (OCC) en su Informe Venezuela 2024, hace énfasis en las recomendaciones claves para combatir la gran corrupción y restablecer la gobernabilidad democrática a partir de los compromisos adoptados en las Cumbres Presidenciales de Lima 2018 y Los Ángeles 2022.
El informe afirma que Venezuela enfrenta una corrupción “generalizada y sistemática” con “alcance transnacional” que ha socavado el estado de derecho y provocado severas violaciones a los derechos humanos. Las investigaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MIIDH) confirman que “muchas de las acusaciones se refieren a delitos que involucran a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. – PDVSA” y señalan la impunidad como factor agravante de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Recomendaciones urgentes
“Asegurar y proteger la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público para que las investigaciones de corrupción sean imparciales y exhaustivas, y que las víctimas de estos delitos sean reparadas”, es la aproximación fundamental del OCC a las acciones que deben ejecutarse con el fin de promover el mecanismo crucial en la protección de derechos humanos: las garantías judiciales.
Por otro lado, y a partir de una de las indicaciones primarias de las cumbres presidenciales, el Observatorio recomienda altamente la defensa institucional y todos los niveles del derecho de libertad de expresión, “de acuerdo con estándares internacionales”. El informe documenta un incremento del 89 % en las violaciones a este derecho entre enero y agosto de 2024, reflejo de la criminalización de la disidencia y el cierre del espacio cívico que ha restringido la libertad de acción de las organizaciones de la sociedad civil.
Impacto en los derechos humanos
La erosión de la independencia judicial ha permitido que las jurisdicciones penales operen como “parte de la maquinaria represiva del Gobierno”, imputando delitos graves como “traición a la patria” o “terrorismo” a defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Simultáneamente, la opacidad de los órganos del poder público, la carencia de canales efectivos de denuncia y la desprotección de los denunciantes agravan el clima de miedo y autocensura. Organizaciones de la sociedad civil reportan que los mecanismos de denuncia oficiales suelen estar inoperantes o carecer de confianza ciudadana, mientras activistas y periodistas sufren ataques, detenciones arbitrarias y torturas, evidenciando el vínculo directo entre corrupción y violaciones de derechos fundamentales.
Una acción efectiva
El Observatorio Ciudadano de la Corrupción urge al Estado venezolano a:
1. Implementar reformas legales que consagren la independencia judicial con concursos públicos y transparencia en nombramientos.
2. Restablecer y garantizar la operatividad de canales de denuncia con salvaguardias claras para denunciantes.
3. Eliminar leyes represivas que criminalizan la libertad de asociación, expresión y prensa.
4. Reportar públicamente el avance de estas medidas al Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) y a la sociedad civil venezolana.
Solo mediante la aplicación decidida de estas recomendaciones se podrá reconstruir la confianza institucional y garantizar la protección de los derechos humanos en Venezuela, afirma el informe del OCC. Esta indicación está sostenida en la certeza probada y documentada de que la gran corrupción no solo desangra las finanzas públicas, sino que socava las bases mismas de la democracia y el pleno ejercicio de las libertades ciudadanas.