Caracas, 03.12.2015. El 1ero de diciembre 2015, la Asamblea Nacional una vez más aprobó un presupuesto deficitario, alejado de los problemas del país, sin ningún plan para superar la crisis del país y proteger los recurso públicos del abuso y la corrupción. Poco importaron las advertencias sobre las carencias del proyecto de ley para que la mayoría oficial le diera el visto bueno a un presupuesto que favorece ampliamente al Ejecutivo Nacional, el cual administrará en 2016 el 75% de los recursos públicos recaudados en el año, dejando de lado las necesidades del resto de los poderes públicos, en especial la Contraloría General de la República la cual una vez más cuenta con apenas 0,08% del presupuesto.
En 2015 no se aprobó un solo crédito adicional para proyectos de seguridad ciudadana ni para ninguno de los entes adscritos al ministerio encargado de esa tarea, fue un año caracterizado por acudir a los créditos para gasto de pago de nómina, gasto además que no está contemplado en este presupuesto. Al igual que los años anteriores el pago de sueldos y salaros corresponde al 15% en el presupuesto inicial de forma casi arbitraria, aún cuando en 2015 a través de los créditos adicionales esa proporción se eleva al 50% del total autorizado hasta la fecha.
En 2015 se aprobaron 198 créditos que cambiaron el presupuesto de Bs 741.708 MM a Bs 2.102.802 MM.
Este presupuesto artificial basado en supuestos económicos irreales y desactualizados (ya que se basa en cifras del tercer trimestre de 2014) no va a ayudar a salir de la crisis, no mejorará la calidad de vida de los venezolanos ni la calidad de la gestión pública, es por eso que Transparencia Venezuela sostiene su posición de que la nueva Asamblea Nacional que inicie sus actividades en 2016 debe modificar esta ley de presupuesto y ajustarla a las necesidades reales del sector público. Se deben sincerar las metas macroeconómicas para el año 2016, se deben incluir los gastos previsibles como el pago de nómina o el costo de las elecciones de gobernadores a celebrarse en 2016, se deben incluir las autorizaciones de gasto de los centenares de empresas públicas que tiene el Estado y se debe hacer seguimiento y rendir cuentas sobre la ejecución de este presupuesto, para ello se debe preparar y publicar la Cuenta General de Hacienda (en mora desde 2005) y así conocer de manera fidedigna el estado de las finanzas públicas en la actualidad.
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