Nuestro Presupuesto 2017
El TSJ además se negó a divulgar el presupuesto nacional írriamente aprobado, impidiendo a la AN y a los ciudadanos el correspondiente seguimiento del gasto para el año 2017 y la rendición de cuentas en función de las metas planteadas, tales como número de escuelas en el sistema educativo; número de privados de libertad; compras de alimentos, medicinas y equipos; recursos en defensa, entre muchos otros.
Para el análisis del presupuesto, Transparencia Venezuela trabajó con la tasa de inflación anualizada estimada por el CENDA para la Cesta Básica en 2016 de 522% pues el Banco Central de Venezuela (BCV) no publica este dato desde diciembre de 2015. La distorsión que genera la inflación sobre el presupuesto de Bs. 8.47 Billones es tal, que éste alcanzaría para apenas 3 meses si las proyecciones se vuelven efectivas.
El comportamiento del presupuesto nacional en los últimos años, y particularmente en 2016, cuando aumentó en 264% a fuerza de créditos adicionales, hace inferir que en este ejercicio fiscal se seguirá haciendo uso de estas figuras que carecen de criterios transparentes.
– Hacer prevalecer el criterio de austeridad en el gasto.
– Publicar semanalmente el informe de ONAPRE y Tesoro Nacional.
– Iniciar un proceso paulatino de eliminación de controles ineficientes.
– Eliminar subsidios a empresas improductivos del Estado que estiman pérdidas de Bs. 481.109 MM para 2017
– Incorporar al presupuesto gastos obligatorios como incrementos salariales y elecciones
– Crear condiciones para la inversión nacional e internacional
– Transparentar los fondos parafiscales para promover la unidad del tesoro público nacional
– Rehacer el presupuesto nacional con base en una planificación real de las prioridades y necesidades del país.
– Someter la aprobación del Presupuesto a la Asamblea Nacional para que cumpla su función de vigilancia estricta y rigurosa que redundará en el mejor uso de lo público para beneficio de todos, con equidad y justicia.
– Diseñar y publicar indicadores y metas ajustados a las necesidades del país, con mecanismos de seguimiento que permitan redireccionar y cambiar políticas públicas que no alcancen los objetivos esperados.
