Transparencia Venezuela, 21 de septiembre de 2022. Instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que el desvío de los fondos públicos impide a los Estados garantizar la educación, la salud, la vivienda y otros derechos, en particular a las personas más pobres y vulnerables. En Venezuela, la corrupción también se ha convertido en una herramienta a través de la cual las autoridades atentan directamente contra las garantías fundamentales de sus ciudadanos, especialmente de aquellos considerados opositores o disidentes, indica el portal Suprema Injusticia.
La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, en su tercer informe sobre el país, presentado este 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y en el cual acusó al Gobierno de Nicolás Maduro de utilizar al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) dentro de una “política” para “silenciar, desalentar y sofocar la oposición (…) incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno o eran percibidas como contrarias al Gobierno, y a sus familiares y amigos”, indica la nota
En el reporte, de 123 páginas de extensión, la instancia afirma haber recibido información, según la cual los funcionarios de la Dgcim no solo incurren en detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, también roban a sus víctimas. Esta práctica persigue “complementar” los exiguos salarios que reciben, los cuales rondan entre 10 y 40 dólares.
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La Misión consiguió hablar con dos exfuncionarios de la Dgcim, quienes revelaron que “los bienes incautados durante las redadas y las detenciones se sumaban al llamado «botín de guerra» de la Dgcim y se distribuían posteriormente entre los funcionarios, muchos de los cuales dependían de esto como su principal fuente de ingresos”.
En el documento se menciona además que entre los beneficios económicos obtenidos por los efectivos militares también está el permiso para la explotación ilegal de minerales. La Misión afirma que después de la operación Manos de Metal de 2018, que buscaba “desmantelar bandas involucradas en redes de contrabando de oro”, un alto cargo de la Dgcim recibió áreas para la explotación minera.
La instancia hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración sus hallazgos y en particular para que analice “si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción”, mediante “procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad”.