Mercedes De Freitas: “La corrupción tiene un efecto devastador sobre los derechos humanos”
La directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela ha detectado en sus años de experiencia frente a la organización los nuevos patrones de corrupción surgidos desde el poder que se han sumado a los ya existentes desde los tiempos de democracia. La carencia de un verdadero sistema de justicia, la permisividad del CNE ante los abusos del partido de gobierno y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son las principales preocupaciones de Mercedes De Freitas
Por: Crisis en Venezuela
Los caminos andados durante sus estudios de Historia en la Universidad Central de Venezuela llevaron a Mercedes De Freitas al mundo de los temas de democracia, elecciones, organizaciones no gubernamentales, derechos humanos y corrupción, entre otros. Aunque en todos se ha especializado académicamente en instituciones de casi los cinco continentes, han sido los oscuros manejos de los recursos públicos a lo que le ha dedicado gran parte de su labor. De allí que en 2003 fundó Transparencia Venezuela, organización de la cual es su directora ejecutiva y desde donde ha promovido legislaciones sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia, la protección de los denunciantes y casos de derechos humanos.
De Freitas revela constantemente los abusos de poder y el fraude electoral; recientemente emprendió un arduo seguimiento al uso indebido de los bienes del Estado por parte de los candidatos a las gobernaciones. Es miembro de la Coalición de Sociedad Civil de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y hoy habla con Crisis en Venezuela de las nuevas formas ejecutadas día a día por el poder en sus diversos ámbitos para “capturar” la riqueza de la nación.
¿Desde cuándo Transparencia Venezuela hace seguimiento al tema de la corrupción en el país?
La organización nació en 2003 para dedicarse a la lucha contra la corrupción en Venezuela y para lograr un país libre de corrupción, para eso hay que investigar dónde se producen los hechos, cuáles son sus formas, en qué ámbitos se da, qué situaciones o normas incentivan la corrupción, y en eso hemos trabajado desde hace 14 años.
¿Entre 2003 y 2017 ha cambiado en algo la corrupción en Venezuela?
—Ha habido un gran cambio. Hay patrones que se mantienen, lamentablemente no es que hayan desaparecido, sino que a las formas de corrupción que existían se sumaron otras. La principal diferencia es que si bien en Venezuela siempre ha habido corrupción y las instituciones para luchar contra ella eran muy débiles, lo que ha ocurrido desde 2006 o 2007 es que se acentuó una forma de captura del Estado con el objetivo de tener el control de las riquezas del país y de las posibilidades de generar riqueza. Y aunque esa es una afirmación muy fuerte, nosotros la vemos reflejada desde el ordenamiento jurídico hasta las formas que se utilizan para lograr esa captura en los diferentes ámbitos.
¿Puede dar ejemplos?
—Hay muchos; si vemos los cambios en la legislación venezolana notamos cómo se ha ido legalizando la opacidad, y eso lo que trae como consecuencia es mayor corrupción y permisividad a los que tienen el control del Estado para que hagan lo que quieran con total impunidad. Eso es así en todos los ámbitos de la creación legislativa, en lo penal, en las regulaciones de la propiedad, en las regulaciones de los medios de comunicación, en el otorgamiento de concesiones, en las contrataciones. Cuando uno revisa la legislación de los ámbitos de competencia de cualquier institución pública uno ve una reducción significativa del poder real de los ciudadanos de conocer el manejo de las instituciones del Estado en contraposición a un mayor control de Ejecutivo y una mayor opacidad. Y después vemos cómo se implementa ese control; el gobierno ha ido apoderándose de la riqueza de diferentes maneras.
¿Cuáles son esos nuevos patrones de corrupción?
—Lamentablemente, la matraca de la policía a los jóvenes ahora ocurre más; cada vez que alguien va a hacer un trámite estará sujeto a encontrarse con algún funcionario corrupto, lo vemos en la asignación de los contrataciones, pues aunque antes se daban contratos a dedo ahora todos son adjudicados de esa forma, incluso en los que se abren licitaciones como ocurrió con obras de Odebretch. Otro nuevo patrón es el control absoluto del gobierno en los espacios donde hay más recursos: Pdvsa, el control de cambio, las importaciones, el sector de minas, las industrias básicas de Guayana, incluido el aumento en el tamaño de las nóminas en esas empresas precisamente para tener mayor control. Son ejemplos, a los que se suma el Presupuesto de la Nación, que debería estar alimentado por las utilidades, beneficios, regalías de todas estas empresas propiedad del Estado, pero por el contrario hay que auxiliarlas con regularidad porque están quebradas.
Entonces han mutado las formas de corrupción en el país…
—Las formas de corrupción han cambiado en el mundo, nosotros hablamos ahora de ‘gran corrupción’ a nivel internacional, y Venezuela es campeona en eso. Con esas nuevas formas me refiero a que los Estados corruptos tienen vínculos con el crimen organizado y ahora se expanden, crean redes con estructuras internacionales para lavar o legitimar ese dinero. Si hablamos de que los montos de corrupción en Venezuela son milmillonarios (casos Odebretch, Andorra, etcétera) es porque se han hecho negocios gigantescos para robar o malversar esas cifras tan estrafalarias. Y después hay que lavarlas para bancarizar el dinero, crear empresas, abrir diversas cuentas. Lo otro es lo complejo de la corrupción con el control de cambio, así como con el manejo de los bonos, que requieren un trabajo profesional.
¿Es comparable la corrupción en Venezuela con la de otros países? ¿En qué lugar del ranking de Transparencia está ubicado nuestro país?
—Está en el último lugar de América y entre los últimos 10 del mundo. Cuando comparamos los casos de corrupción con los de otros países, las formas en que ocurre esa corrupción y los montos, Venezuela está ganando esa partida de forma impresionante, las cantidades en nuestro país son grotescas, y creo que todo ese rediseño institucional que han hecho es para que el partido de gobierno tenga mayor control, eso hace una gran diferencia con lo que ocurría antes y con otros países. La otra gran diferencia es que si bien las instituciones anticorrupción en Venezuela eran débiles y desde las organizaciones de la sociedad civil estábamos luchando para fortalecer los controles en la rendición de cuentas, lo que ha ocurrido ahora es todo lo contrario.
¿Es el gobierno de Maduro más corrupto de lo que fue el gobierno de Chávez?
—Bueno, hay algunas diferencias. En el período de Chávez hubo más dinero, solo si tomamos en cuenta los tiempos en que el barril de petróleo estuvo por encima de los 100 dólares sabemos que eso significó para la República unos ingresos gigantescos, y no solo se trataba de la opción de apropiarse de esas arcas tan atractivas, sino que les dio posibilidades de endeudar el país de una manera tan impresionante, de allí que la deuda venezolana es tan enorme. En esa época había más de donde robar, y otro aspecto de la era Chávez es que al haber tanto dinero las instituciones tenían como esconder o cubrir su ineficiencia por la vía de la propia corrupción, como fue el caso de las toneladas de comida vencida que se compraron, ¿qué hizo el gobierno? Pues tenía tanto dinero que adquirió más comida y con eso tapó el escándalo. También está el caso de las empresas de maletín denunciadas por el ex ministro estrella Jorge Giordani que manejaron 25.000 millones de dólares; recordemos además que fue él quien afirmó que Chávez había arruinado el país con el uso de la Misión Vivienda para ganar las elecciones de 2012. Ahora, lo que ocurre con la corrupción en la época de Nicolás Maduro es que cada bolívar es más importante, le hace más falta, y como ha perdido popularidad y no tiene ni el dinero ni la carisma de Chávez no puede apelar al apoyo popular para tapar su ineficiencia, por eso recurre a más represión y utiliza los tribunales y todos los poderes a su favor, disimula menos y la opacidad queda más en evidencia. En su gobierno es todo más burdo ni siquiera presenta el Presupuesto de la Nación en la Asamblea, no le interesa guardar las formas.
Pero ante todas estas evidencias y hechos que están a la vista nada detiene al gobierno en el uso inapropiado de los recursos y en la opacidad de su gestión. ¿Qué hace falta para que haya algún control?
—Básicamente lo que necesitamos es un sistema judicial imparcial. Ese es el gran problema que tenemos los venezolanos y que influye no solo en la falta de control de la corrupción, sino en todos los hechos del día a día que involucran al sistema de justicia, a la garantía de los derechos humanos. Cualquier sociedad sea pequeña o un país grande necesita un sistema de implementación efectiva de las leyes, un sistema de resolución de conflictos y de sanciones, pero nosotros no tenemos eso en Venezuela, no contamos ni con una buena gestión, por lo que las sanciones no existen para los corruptos, sino para los que se atreven a oponerse. Entonces, como ese sistema justo, equitativo y transparente no va a ser construido desde el poder lo que le queda al ciudadano que poco a poco ve cómo se está destruyendo su vida, sus derechos, su salud, su alimentación, es seguir exigiendo. Ante el temor a la represión las personas deben sumarse a las organizaciones que trabajan para defender los derechos colectivos y la democracia, y organizarse como sociedad civil. Visibilizarnos, decir no a los abusos, porque estamos frente a un gobierno que se está aprovechando de las necesidades más básicas de la población.
¿Cómo la corrupción vulnera el ejercicio pleno de los derechos humanos?
—De diversas maneras, porque los derechos humanos requieren órganos garantes que los vigilen y que velen por su cumplimiento, y en pocas palabras el que debe hacerlo es el sistema de justicia, pero en Venezuela no lo tenemos. Lo que hay es un Tribunal Supremo que defiende el statu quo, se preocupa por defender el gobierno porque forma parte del poder. Lo que está ocurriendo es que se está usando el Estado completo como herramienta contra el ciudadano, contra sus derechos aunque le dicen que es para defenderlo. Por ejemplo, al hablar de los derechos civiles y políticos cuál es la posibilidad real de ejercerlos en Venezuela, de aspirar a un cargo teniendo que jugar las reglas de un órgano electoral que va a permitir el abuso de poder, la campaña anticipada, que no va a sancionar a ningún candidato del partido de gobierno por mucho uso de recursos públicos que haga, pero sí va a mandar a sacar del aire una cuña que no le convenga, va a imponer multas, va a manipular el padrón electoral y no va a dejar inscribir a los partidos al imponer reglas absurdas y de última hora. Si nos referimos a los derechos económicos, sociales y culturales vemos que la posibilidad real de que la sociedad tenga incidencia es muy baja, porque las vías de participación también están controladas por el Estado. Entonces, hay que dejar claro que la corrupción tiene un efecto devastador sobre los derechos humanos porque la corrupción pacta y controla los órganos que se supone deben garantizar y sancionar la violación de los derechos, pero cuando la corrupción paga a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía o a los representantes de los tribunales bien sea con beneficios, dinero o privilegios dejan de existir las garantías para el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos ante un pequeño grupo que se apodera de las decisiones que garantizan los derechos.
¿Qué es lo peor que ha visto en sus años en Transparencia Venezuela?
—No es fácil saber qué es lo peor, pues todos los días me sorprende un hecho nuevo. Hay muchas cosas que me preocupan del tema de la corrupción, pero hay algo que me molesta enormemente y es lo que hace el CNE porque rompe la equidad y la justicia del proceso de poder, ese es el órgano responsable de dirimir la controversia para la distribución del poder. Tibisay Lucena, a quien conozco desde hace tantos años, me sorprende cada día por lo que ha permitido y ha hecho. Pero lo peor es la complicidad y la participación de la justicia en la corrupción. Me viene inmediatamente al recuerdo el caso del magistrado Eladio Aponte Aponte, que era el máximo juez en materia penal del país pero a su vez era un criminal aliado con el narcotráfico, porque él mismo admitió en sus declaraciones que llegó a ese alto cargo porque era socio de Walid Makled, que tuvo esas relaciones viles con el poder en el gobierno del presidente Chávez. Eso es gravísimo porque cuando no hay justicia no tenemos nada y cualquier cosa puede ocurrir.
¿Cuál es la respuesta que usted esperaría de los países y de los organismos internacionales frente a lo que está ocurriendo en Venezuela con el tema de la corrupción?
—Lo primero que esperaría es que entiendan que la corrupción en Venezuela está causando muertes, que la crisis humanitaria no es menor, que las muertes en Venezuela se producen por la violación de los derechos humanos: por hambre, por falta de medicamentos y equipos médicos, por represión, por ausencia de oportunidades, porque esos 30.000 muertos por violencia con los que vamos a cerrar 2017, según el Observatorio Venezolano de Violencia, son por corrupción porque hemos tenido 21 planes de seguridad en 19 años y ninguno ha servido y porque el gobierno es cómplice de las bandas criminales. La comunidad internacional viendo esto debería moverse rápidamente para hacer varias cosas: primero, lo que hizo Islandia recientemente al decidir frenar el envío de material para la represión; las sanciones que se están evaluando en Europa para congelar bienes producto de la corrupción o aquellos que no puedan explicar su origen; no darle visa a personas que estén señaladas de casos de corrupción; presionar para hacer cumplir las convenciones internacionales; concientizar a sus empresas para que no hagan negocios oscuros en Venezuela ni paguen sobornos a funcionarios. Venezuela es parte de un mundo global que necesita los mercados internacionales y las conexiones, pero aun así creo que el mundo debería ayudar a crear espacios para que se logre una negociación, para que se dé la posibilidad de crear una nueva forma de relacionarnos los venezolanos, de llegar lo más pronto posible a un proceso electoral con garantías que conlleve a una transición. Entonces, es mucho lo que el mundo puede hacer por nosotros, y para ello lo primero que deben preguntarse los países es qué tipo de relación tienen con Venezuela, quiénes de esa nación se vinculan con el gobierno y de qué manera (Estado, gremios, empresarios, organizaciones de la sociedad civil) y si han tenido alguna complicidad en la crisis venezolana, en la violación de derechos humanos, en las muertes a manos de órganos del Estado.
¿Ve un pronto desenlace a la crisis venezolana?
—No… Creo que tenemos que luchar mucho más, ser muy fuertes, inteligentes, entender que la venganza no es el camino, que hay que crear condiciones y ofrecer soluciones para todos.