Transparencia Venezuela, 24 de marzo de 2026. La forzada salida de Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores, tras la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela el pasado 3 de enero, no ha implicado el fin de las violaciones de derechos humanos en el país. Por el contrario, “las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.
Así lo denunciaron el alto comisionado para los Derechos Humanos y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, y presentaron a las autoridades interinas una hoja de ruta para “desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la opresión de la disidencia política”, que incluye el combate a la opacidad reinante en la administración pública.
“(Las autoridades) deben demostrar una mayor transparencia en las estadísticas oficiales sobre el mercado laboral, la seguridad alimentaria y el acceso a la salud y la educación. Esto es esencial para generar confianza”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la actualización oral sobre la situación de Venezuela que ofreció al Consejo de Derechos Humanos el pasado 16 de marzo.
Türk también reclamó mayor “transparencia” en la aplicación de la polémica Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Esto, tras recordar que su despacho “no ha tenido éxito” a la hora de obtener una lista oficial de personas que han sido liberadas incondicionalmente en aplicación del texto y así corroborar la cifra de 7.700 personas presentada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Puro maquillaje
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el informe presentado el 12 de marzo, aseguró que los cambios que se han producido en el país tras los sucesos del 3 de enero están lejos de ser profundos.
“La maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales (…) permanece intacta”, se lee en el reporte.
Y por ello, la Misión de la ONU demandó que “las instituciones estatales que desempeñaron un papel clave en la represión”, como el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sean reformadas.
De la misma manera, abogó para que sean “derogadas o reformadas sustancialmente” la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, así como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, por ser “los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política”.
Türk no solo respaldó las exigencias, sino que demandó “otras medidas importantes”, como “las reparaciones, el esclarecimiento de la verdad y las garantías de que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos”.
Perdiendo el miedo
Pese a que ambas instancias de la ONU denunciaron que la represión ha continuado luego de los sucesos de enero —como lo prueba la detención temporal de 14 periodistas durante la juramentación de Delcy Rodríguez y de 27 personas por supuestamente celebrar la captura de Maduro—, también aseguraron que hay señales que indican que el miedo sembrado en la sociedad venezolana se está perdiendo.
“El número de personas y casos que se solicita registrar e investigar va en aumento significativo y ha duplicado, o incluso triplicado, las labores de la Misión”, se lee en el reporte.
“La Misión continúa recabando información de víctimas directas, sus familiares, informantes y otros actores que relatan hechos y violaciones recientes, pero también de años anteriores. Hoy, más que nunca, se requiere afrontar y asumir esta labor de investigación”, se agrega.
Por su parte, Türk pidió a las autoridades venezolanas no solo establecer canales de comunicación con la Misión, sino también dar marcha atrás en su decisión de retirarse de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).