Foto de William Urdaneta para el Correo del Caroní.

Los primeros días de 2016 se anunció en los medios de comunicación que desde 1971 no se habían presentado tantos casos de malaria en Venezuela. Pero 2017 trajo una desagradable sorpresa, porque la situación se agravó a niveles inesperados. 312.720 personas infectadas solo en el estado Bolívar es la cifra manejada por los expertos en el año. En la historia nacional de la malaria no hubo nunca un número tan elevado de contagiados, según un informe de la Red Defendamos la Epidemiologia Nacional. La cifra suma los casos nuevos, (206.240), más las recaídas (100.314) y las recrudescencias (6.166).

Según organizaciones internacionales como la OMS y la OPS, y nacionales como la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional estamos ante una epidemia  incontrolada, en la que confluyen la opacidad oficial respecto a las cifras que dificulta la toma de adecuados correctivos, la corrupción en el manejo de los medicamentos y el abandono de políticas sanitarias.

La malaria ha llevado al estado Bolívar a vivir una crisis humanitaria, según establece OMS en un informe publicado el 7 de diciembre de 2017. Muertes, pacientes desmayados a las afueras del Ambulatorio de Manoa en San Félix, que refieren padecer la enfermedad hasta nueve veces consecutivas y protestas de enfermos son estampas comunes para el ciudadano guayanés.

Una carta abierta emitida por algunos ex ministros de salud entre los que se cuentan Félix Oletta, Ángel Rafael Orihuela, Carlos Walter y Pablo Pulido, apoyados en expertos como Leopoldo Villegas, dejó en claro lo siguiente:

“Venezuela tiene los peores indicadores de desempeño de la malaria en la región en el período 2000-2016: un aumento de casos de malaria del 709%, un aumento del 521% de muertes relacionadas con la malaria y un aumento del 540% en la incidencia parasitaria anual (IPA)”.

El agravante de que las zonas mineras del estado Bolívar funcionan como exportadoras de la enfermedad hacia Brasil fue anunciado en la carta. “La malaria se está extendiendo rápidamente a nivel nacional, con 17 estados que informan casos autóctonos y exportan malaria a países vecinos (Brasil y Colombia)”, siendo los estados de Bolívar, Sucre y Amazonas, donde se registran la mayor cantidad de casos. Bolívar es considerado el epicentro del contagio de malaria por la OMS. Tiene la mayoría de los casos con un estimado de 205.215; un incremento de 41,76% con respecto al año anterior. Esto sin contar aquellas personas que han padecido la enfermedad varias veces sin curarse totalmente.

En octubre 2017 la OPS referenciaba un acumulado nacional de 319.756 casos solo en el lapso comprendido entre el 1° de enero y hasta el mes de octubre. Comparado con el año 2016, cuando en ese mismo lapso se presentaron 189.785 personas contagiadas, significa un aumento del 68,48%.

Bolívar, donde estalló la crisis

Foto de William Urdaneta para el Correo del Caroní.

Los últimos días de octubre 2017 la situación se hizo insostenible. 12 mil casos y 32 fallecimientos registrados solo en una semana en el municipio Caroní; reiteradas denuncias de bachaqueo del tratamiento por parte de personal de los ambulatorios; entrega de las pastillas incompletas, y la ausencia de fumigación con DDT llevaron a la colectividad a protestar en las calles. La caldeada situación obligó a la Viceministra de Salud a viajar a Puerto Ordaz y desde allí anunciar medidas.

El miércoles 1° de noviembre se inició un plan de contingencia que involucraba la entrega de 200 mil tratamientos en 8 sectores del estado. Los ambulatorios de Manoa, Vista al Sol, Pozo Verde y Gran Sabana en el municipio Caroní; el ambulatorio de La Sabanita en Heres y en los hospitales de Piar, Sifontes y El Callao se llevó a cabo este programa.  Sin embargo, este cerco no fue efectivo y los casos siguieron apareciendo.

Silencio oficial

Un médico del sector público que pidió reserva de identidad por temor a represalias, explicó que hay censura oficial sobre las cifras de enfermos y fallecidos, así como el abandono de medidas como fumigación, que habían sido exitosas históricamente.

La opacidad hace que la población no conozca lo que sucede, la colectividad no coopera porque no tiene conciencia de los riesgos que corre. Tampoco se le proporciona información a los médicos, enfermeras y demás personas que laboran en salud, lo que impide el diagnóstico oportuno y hasta la protección del personal asistencial.

Orígenes de la epidemia

Foto de William Urdaneta para el Correo del Caroní.

En un informe emanado el 3 de noviembre de 2017, la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemología Nacional resaltó que Bolívar es un foco de suma importancia en la epidemia.

Los expertos atribuyen a la minería  del oro y a la instalación del Arco Minero del Orinoco parte de la culpa en este boom de insalubridad. “La migración masiva e incontrolada de grupos de población empobrecida, hacia y desde el foco principal de transmisión de la enfermedad, en el estado Bolívar, atraídas por la fiebre del oro, ha conducido a miles de personas a la práctica de la minería ilegal, en condiciones infrahumanas, en ambientes aptos para la transmisión de la malaria”.

Los manejos oscuros con la medicina, la corrupción y el bachaqueo  son factores también mencionados en este informe. “La corrupción generalizada y la falta de disponibilidad de medicamentos, ha propiciado la venta ilegal de tratamientos antimaláricos, frecuentemente no eficaces y con ello, el incremento de riesgo de resistencia a dichos tratamientos y la pérdida de calidad de estas medicinas, cuyas consecuencias inmediatas son las recaídas, las complicaciones y muertes por la enfermedad. El desabastecimiento de los medicamentos antimaláricos apropiados ha aumentado la emergencia sanitaria del país, desencadenando protestas, temor en la población y  frustración en el personal de salud, por ser una evidente violación del derecho a la salud”.

La Red Defendamos la Epidemiología Nacional  insistió en que  “la epidemia de malaria ha sido alimentada, además, por las restricciones financieras, que impiden el funcionamiento efectivo del Programa Nacional de Malaria y limitan los recursos necesarios para la adquisición de medicamentos antimaláricos, pruebas diagnósticas, mosquiteros, insecticidas y otros insumos; así como para desarrollar las actividades de vigilancia, control e investigación necesarias para reducir la transmisión y para el diagnóstico y tratamiento precoz de la enfermedad”.

Para finalizar, indicaron que “el desarrollo continuo e incontrolado de la epidemia de malaria en Venezuela, pone en peligro los avances alcanzados en la agenda de eliminación de la malaria en las Américas y los objetivos mundiales de la lucha contra la enfermedad”.

Solicitaron además la realización de investigaciones al respecto.  “A la Contraloría General de la República y a la Asamblea Nacional, les corresponde investigar la asignación y el uso o de los recursos destinados para la compra programada de medicamentos antimaláricos que no han estado suficiente, continua y oportunamente disponibles para satisfacer las necesidades de la población”.