Transparencia Venezuela y Ecoanalítica presentan una nueva edición del informe sobre la trama Pdvsa-Cripto. La actualización de los datos permitió no solo aproximar a 16.960 millones de dólares el monto vinculado a este escándalo de corrupción, sino mostrar las necesidades más inmediatas del país que habrían podido ser cubiertas. ¿Y los responsables?
Transparencia Venezuela, 26 de octubre de 2023. Más preguntas que respuestas ha dejado la supuesta “cruzada contra la corrupción” iniciada, a principios de 2023, por la Policía Nacional contra la Corrupción y el Ministerio Público. Una de las mayores interrogantes sobre la trama conocida como Pdvsa-Cripto es el monto real de los recursos públicos comprometidos y las consecuencias que genera el extravío de estos fondos en la calidad de vida de los venezolanos, que padecen a diario los embates del colapso del sistema eléctrico, el descalabro de la red asistencial y de salud, el deterioro de los centros educativos y la escasez de agua potable, entre otras severas necesidades que pudieron ser cubiertas con la inversión del dinero robado o desaparecido.
Pdvsa-Cripto, un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social, segunda edición del informe de Transparencia Venezuela sobre el escándalo que sacudió al país, trae datos actualizados que permiten establecer que la cifra de USD 3.000 millones, mencionada inicialmente sobre el daño patrimonial causado por esta trama de corrupción, se quedó corta en relación con los cálculos revisados en octubre de 2023 por la organización y la consultora financiera Ecoanalítica, los cuales indican que el monto involucrado asciende a UDS 16.960 millones. De estos fondos, USD 3.600 millones son potencialmente incobrables y los otros USD 13.360 millones se mantienen en cuentas por cobrar.
Las estimaciones se desprenden del seguimiento realizado, entre 2020 y el primer trimestre de 2023, al flujo de ingresos y egresos del sector petrolero. De acuerdo con el informe, la principal industria venezolana debió generar USD 30.450 millones con base en los cálculos de exportaciones, los precios y los descuentos por la calidad del crudo nacional y las dificultades para comercializarlo. No obstante, durante ese período, a las arcas del Estado ingresaron apenas 13.490 millones de dólares, es decir, 44% de lo estimado. En tanto que lo que no ingresó, UDS 16.960 millones, es 56% menos de lo esperado.
Lo que pudo haber sido
Según el informe, el dinero faltante permitiría cubrir varias de las necesidades más inmediatas – a un año- que tiene la economía nacional, estimadas en un estudio hecho en conjunto entre Ecoanalítica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2021. El sector agroalimentario, por ejemplo, requiere de USD 8.816 millones, poco más de la mitad del monto que no ingresó al tesoro público. También se pudo destinar 30,1% de ese dinero, USD 5.099 millones, a resolver las graves fallas del sistema eléctrico que hoy mantienen en zozobra a la población ante los constantes bajones de energía y la amenaza latente de un nuevo apagón nacional.
De igual modo, se pudieron invertir USD 2.899 millones (17,1%) para mitigar la terrible crisis del sector salud, y otros USD 1.184 millones (7%) para mejorar la red de suministro de agua potable; así como USD 1.944 millones (11,5%) para el sector educativo, uno de los más golpeados por la crisis, y USD 2.749 millones para corregir las deficiencias de infraestructura, entre otras muchas.
No están todos los que son
A siete meses del escándalo Pdvsa-Cripto, se desconoce el estatus de la investigación, dónde y cómo se encuentran los detenidos, quiénes están fugitivos, cuántos bienes se han recuperado y cuál es el destino que le han dado. La opacidad oficial ha llevado a algunos analistas a presumir que la supuesta “cruzada contra la corrupción” no fue más que una especie de purga interna entre los grupos que detentan el poder.
Para intentar dar respuesta a parte de ese vacío informativo, Pdvsa-Cripto, un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social profundiza el análisis, de esta red que tenía varios años operando ante los ojos de las autoridades, que abordó el pasado junio con la publicación del primer reporte titulado Trama Pdvsa Cripto, una investigación que sorprendió al país.
Sobre el modus operandi de la red, el Fiscal General, Tarek William Saab, dijo que desde Pdvsa se asignaron cargas de crudo a particulares y a la Sunacrip, sin cumplir con las normas de contratación, sin controles administrativos ni garantías. El dinero obtenido por las ventas no regresaba. Según el informe, 61 personas se encuentran implicadas en la trama, aunque públicamente solo se mencionó a 51, que supuestamente se encuentran detenidas.
El proceso se centró en el círculo cercano del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, cuyo paradero aún se desconoce, y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Luego se extendió hasta integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y alcaldías. Por ello, además de intentar desentrañar cómo se fraguó esta trama de corrupción y arrojar luces sobre el monto real del dinero público comprometido, el informe incluye un perfil de las personas que se mencionan en la investigación y sus diferentes vínculos e interrelaciones.
Asimismo, Pdvsa-Cripto, un desfalco sin precedentes con un grave impacto económico y social hace referencia a los altos funcionarios del Ministerio del Petróleo y de la Sunacrip que quedaron fuera de la investigación de la Fiscalía, y ofrece un recuento de las actuaciones de las autoridades en la llamada “cruzada contra la corrupción”, desde febrero hasta mediados de septiembre de 2023, que dejan en evidencia una serie de irregularidades en el proceso y la falta de información oficial.
Transparencia Venezuela continúa a la espera de respuestas a los planteamientos públicos presentados al fiscal Tareck William Saab, pocos días después de las primeras detenciones, y sobre los cuales deben dar respuesta desde el contralor interno de Pdvsa, los auditores externos, la junta directiva de la petrolera, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y el contralor general, hasta el mismo presidente de la República.
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