Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de Prisiones y CODHEZ presentan investigación sobre las ruinas de una prisión en Zulia
La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, prometió para 2013 una nueva cárcel para el estado Zulia. Tres años después, y con una obra inconclusa, tres ONG denuncian con evidencias contundentes la opacidad de un caso que involucra violación de derechos de procesados, familiares y ciudadanos tras el abandono de la obra.
(Caracas, 20.09.2016). El 5 de diciembre de 2012 la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, anunció la construcción de un centro de reclusión judicial al sur de Maracaibo, en el municipio San Francisco del estado Zulia, ese mismo año había prometido la edificación de 24 establecimientos penitenciarios en todo el país, ocho serían centros de reclusión, enmarcado en la política de emergencia carcelaria decretada por el gobierno nacional. Ese día fue puesta la primera piedra de la obra, en compañía del entonces candidato a gobernador Francisco Arias Cárdenas.
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Dieciséis días después el Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) suscribe un contrato con la empresa Cresmo, C.A. por 130.660.866,54 bolívares para la construcción de dicha obra que arrancaría el 2 de enero de 2013. El 4 de diciembre de ese año sellaron un nuevo contrato, sumando entre ambos un desembolso por el Ministerio de Servicios Penitenciarios de 209.104.434, 64 bolívares, que finalizaba el 31 de diciembre de 2014.
«Transcurrieron 46 meses desde que la ministra prometiera que en un año estaría terminado el centro penitenciario. Esa obra inconclusa está rodeada de la mayor opacidad y tanto el gobierno nacional como el regional deben explicar por qué se perdieron los recursos públicos invertidos en ella», juzga Jesús Urbina, coordinador regional de Transparencia Venezuela.
La obra, diseñada para alojar 600 reclusos, fue garantizada para 2013 en aras de combatir el hacinamiento carcelario, que en ese año se acrecentó tras el desalojo de la Cárcel Nacional de Sabaneta, cuyos reclusos fueron dispersados por todo el país tras los eventos convulsos que terminaron en su clausura.
A pesar del galopante hacinamiento, la ministra clausuró varios recintos penitenciarios, entre los que destacan La Planta, dejando al Área Metropolitana de Caracas sin centros de reclusión; Sabaneta, y El Marite, en el estado Zulia, y Los Teques e Internado Judicial San Antonio en Nueva Esparta, lo que ha ocasionado el colapso de los centros de detención preventiva en un sinfín de policías municipales y estadales.
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),una de las principales preocupaciones son las condiciones de salud de quienes fueron trasladados desde El Marite y Sabaneta y todas las consecuencias queello acarrea para los familiares. Carlos González, representante de la organización en Zulia, cuenta el fallecimiento de dos de esos reos. González y Pradoreiteran que en cinco años el MPPSP no ha resuelto el hacinamiento en las cárceles, ni mucho menos ha dado solución a la falta de estructuras penitenciarias.
Además, «la decisión de trasladar esos reclusos a otros centros ha generado aún más retardo procesal», asegura la directora general de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ), Daniela Guerra. «Varela prometió en 2012 construir 24 centros penitenciarios en dos años. De esos, sólo se han construido dos cárceles», refiere la abogada y defensora.
«En la región zuliana, el Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia (CRPPJEZ) debió ser terminado hace tres años en el municipio San Francisco, pero la construcciónfue abandonada y las instalaciones sufrieron múltiples saqueos que la han dejado en ruinas», denuncia Urbina, representante local de Transparencia Venezuela.
Los módulos para reclusión de máxima, mediana y mínima seguridad, así como un módulo para mujeres han ido desapareciendo tras el hurto de los materiales en sus estructuras por falta de vigilancia en el lugar de la obra.
En abril de este año, un equipo conformado por activistas de Transparencia Venezuela, OVP y CODHEZ hizo una primera inspección a los terrenos sobre los que se empezó a edificar el centro penitenciario, una zona en la que hay comunidades circundantes apenas a 400 metros de distancia. Los activistas encontraron los restos de la obra y decenas de documentos de la contratista del FONEP encargada de su ejecución.
“De acuerdo al análisis que hace Transparencia Venezuela a la Memoria y Cuenta de los ministerios, y el seguimiento de los presupuestos pudimos determinar que de Bs. 36.469.000.000 ($ 5.183.715.098) que recibió el ministerio de Servicios Penitenciarios en los últimos cinco años, solo Bs. 2.401.176.821 fueron destinados para la ampliación, recuperación, dotación y construcción de la Edificación Penitenciaria. Y en 2012 cuando el gobierno prometió la construcción de 24 establecimientos y anunció la construcción del CRPPJEZ solo asignaron para dicho fin Bs. 207.000.000, monto insuficiente para cumplir con la promesa que hizo Varela”, advierte Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Revisa aquí los números
De Freitas recuerda que la referencia en Venezuela sobre la construcción de cárceles es la de Coro, dicho centro le costó a la nación 60 millones de dólares, por lo que explica que es absurdo pensar que con 1.000.946.005 bolívares iba a ser posible construir un centro de reclusión en el estado Zulia con la envergadura con la que se prometía.
Los estándares internacionales determinan que debe haber al menos un custodio por cada 10 internos. En Venezuela hay una población de 50.000 reclusos lo que se traduce en un custodio por cada 100 reos.
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3.390 reclusos sobreviven al hacinamiento en Zulia
En El Marite, Cabimas y San Carlos del Zulia, un total de 2.290 sobreviven al hacinamiento que supera el 220%. Estas cifras fueron reveladas por el Secretario de Seguridad de la entidad, Biagio Parisi, quien añadió que en la Costa Oriental del Lago hay 411 internos, pero su capacidad es de 150 máximo.
A estos 2.290 se le suman los 1.100 que están recluidos en los calabozos de la policía regional, las policías municipales, Cicpc, Guardia Nacional y Sebin. En ese sentido, Parisi aseguró hicieron algunas solicitudes ante el Ministerio de Servicios Penitenciarios, entre las que destacan la revisión de los expedientes de los privados de libertad y la reactivación de la construcción de la cárcel del estado, la cual se encuentra paralizada.
Dicha situación se repite en todo el territorio nacional, “en la mayoría de las comisarías hay penados que llevan dos años recluidos ahí. Nunca han sido trasladados a un retén y/o una penitenciaría”, sentenció Prado, quien agrega que el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como la cárcel de Tocorón, es el recinto con mayor índice de sobrepoblación, donde actualmente hay 7.634 personas en un espacio construido solo para 750, lo que representa 918% de su capacidad.
El Estado tiene que responder:
- El Ministerio Público debe explicar el posible fraude por un contrato que recibió recursos del Ministerio de Servicios Penitenciarios y no se terminó.
- La Contraloría de la República debe investigar, señalar y sancionar a los responsables por las pérdidas de recursos públicos de una construcción que ahora está desmantelada.
- El Ministerio de Servicios Penitenciarios tiene que publicar los contratos completos paras saber cuánto dinero se invirtió y cómo fue utilizado.
- Desconocemos cuál es su plan de construcción de los establecimientos penitenciarios. Siendo necesarios para resolver, entre otros problemas, el terrible hacinamiento al que son sometidos los reclusos vulnerando sus derechos humanos. Debe existir un cronograma.
- El ministerio de Servicios Penitenciarios tiene que rendir cuentas de todos los recursos que recibió (36.469.000.000) y del uso que se les dio.
- Cuál es el plan que tiene la ministra Varela para reasignar a los reclusos que fueron trasladados de la cárcel de El Marite y de Sabaneta.
- La ministra Varela debe explicarle al país por qué no pudo cumplir con las promesas hechas sobre la construcción de ocho centros de reclusión judiciales en 2012.