Transparencia Venezuela, 20 de febrero de 2026. Desde hace décadas la estructura del Estado venezolano se llenó de entes públicos que sirvieron para expoliar el patrimonio público, como un sistema de control social que también sirvió para el mantenimiento de la militancia partidista y, de paso, distribuir poder y dinero a la familia presidencial, así como a sus aliados. La lista es larga.
Ahora que se anuncia la liquidación de siete de las llamadas “misiones”, Transparencia Venezuela exige la publicación de toda la información referida a la gestión de estos entes y de quienes los han estado dirigiendo todo este tiempo.
En un nuevo reporte titulado “¿Liquidación exprés de misiones sin rendir cuentas?” analizamos cuatro de las «misiones» que desaparecen y que han existido bajo un manto de opacidad y denuncias de corrupción: Fundación Propatria 2000; el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa); la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE) y la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz.
La Fundación Propatria 2000, por ejemplo, habría sido utilizada por la familia Maduro- Flores para negocios multimillonarios que favorecieron a su entorno, con el panameño Ramón Carretero Napolitano, poco tiempo después de la muerte de Hugo Chávez.
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