El Poder Ejecutivo se asignó más de 94% del gasto total aprobado en 2019, mientras 63% de los créditos adicionales fueron otorgados a Fonden, para proyectos de inversión y gastos de funcionamiento sobre los que no se posee información

Transparencia Venezuela, 10 de agosto de 2020. Tras la incesante y creciente opacidad en el manejo de los recursos del Estado venezolano, Transparencia Venezuela continúa monitoreando las finanzas públicas del país, en un esfuerzo por obtener alguna pista de los datos sobre montos, fuentes de ingresos, prioridades, distribución, proyectos, metas, indicadores, responsables y otras informaciones que se conocen a través de documentos presupuestarios, con el fin de develar qué está haciendo el Gobierno nacional con el dinero de los ciudadanos, y poner a disposición del público información oficial en torno a los hallazgos realizados.

Para realizar el seguimiento a Nuestro Presupuesto 2019, se hizo una revisión exhaustiva de las gacetas oficiales correspondientes a este período y, así, rastrear las modificaciones presupuestarias. Es decir, los créditos adicionales, las rectificaciones y las insubsistencias publicadas, además de cualquier otra información presupuestaria relevante. Dado el retraso en la publicación de gran parte de las gacetas, el monitoreo inició en enero de 2019 y culminó en abril de 2020. Con estos resultados, se construyó una base de datos detallada de las modificaciones presupuestarias aprobadas en 2019.

También está a disposición del público la información sobre el presupuesto aprobado para el año 2019, obtenida de forma extraoficial de fuentes del Ministerio de Finanzas, en la que se podrá encontrar la distribución institucional del gasto por partidas generales y el cronograma de ingresos estimados. Así mismo, encontrarán la Ley Especial de Endeudamiento aprobada para el ejercicio fiscal 2019, sus tres leyes complementarias y la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial entre gobernaciones y alcaldías, junto con el análisis de los hallazgos realizados y una guía ciudadana que explica de forma sencilla y detallada que ocurrió con el presupuesto nacional del año 2019.

Opaco, deficitario y discrecional

Desde 2016, no se publica el Presupuesto Nacional en ningún formato y en ningún medio. Desde 2010, no se publica ningún informe del gasto público. El Presupuesto 2019 no fue la excepción. La escasa información que se publicó sobre el presupuesto del año pasado se limita a la Ley Especial de Endeudamiento, sus tres leyes complementarias, la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial entre gobernaciones y alcaldías, y las modificaciones presupuestarias. Todos en gaceta oficial.

Durante 2019, Transparencia Venezuela consiguió, de manera extraoficial, información del presupuesto aprobado que contenía la distribución administrativa del gasto público por partidas generales y el cronograma de ingresos proyectados para la nación.

Sin embargo, la información recopilada no permite conocer realmente qué se está haciendo con el dinero del Estado, se impide el acceso a la información pública y dista, significativamente, de las prácticas de transparencia presupuestaria, pues la Ley de Presupuesto 2019 fue un completo misterio. Los informes de gestión trimestrales y las memorias y cuentas de la gestión pública tampoco fueron publicadas. Los venezolanos desconocen cómo el gobierno maneja los recursos públicos, no se realizan consultas sobre los proyectos, no se les muestra lo que se planea hacer y no se rinde cuenta de lo que se ha hecho. 

Los hallazgos realizados por Transparencia Venezuela demuestran, una vez más, que el manejo del dinero público por parte del Gobierno nacional no se corresponde a un verdadero proceso de planificación. Prueba de ello, son los 77 créditos adicionales aprobados durante 2019, los cuales totalizan Bs.S. 151,99 billones, de los cuales 70% (medidos en términos reales) fueron decretados para cubrir insuficiencias presupuestarias concernientes al pago de personal (activo y jubilado) y gastos de funcionamiento. Es decir, gastos que pudieron ser previstos antes de haber iniciado el ejercicio fiscal.

Producto de la aprobación desmedida de créditos adicionales, el Presupuesto 2019 terminó siendo 9.935% mayor al estimado inicialmente (en términos nominales), convirtiéndose en el principal causante de la hiperinflación venezolana y, en consecuencia, del empobrecimiento de la población. El resultado es contrario a la razón por la cual se diseñan y utilizan los presupuestos: promover el desarrollo del país, estimular el crecimiento económico y propiciar el bienestar social. En este sentido, el año 2019 inició con un presupuesto de Bs.S. 1,53 billones y culminó con un presupuesto de Bs.S. 153,52 billones. Esto se traduce en que 99% del gasto público del país fue aprobado a través de modificaciones presupuestarias mientras que solo 1% fue formulado en la Ley de Presupuesto. 

El presupuesto nacional creció sin los controles legales necesarios para garantizar la vigilancia sobre la obtención y utilización de los recursos del Estado, puesto que ni la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, ni la Ley Especial de Endeudamiento, sus tres Leyes Complementarias, el Plan Operativo Anual, y las modificaciones presupuestarias del año fueron enviados a la Asamblea Nacional para su aprobación, como lo establecen los artículos 187 y 314 de la Carta Magna. Así mismo, los informes de ejecución trimestral y las memorias y cuentas tampoco fueron presentadas ante el Poder Legislativo tal como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Es decir, los recursos públicos se manejaron a discreción exclusiva del Poder Ejecutivo venezolano.

¿A dónde fue la mayoría de los recursos?

De acuerdo con la información recabada, 68% de los recursos fueron asignados al Ministerio de Economía y Finanzas (Bs.S. 103,88 billones), lo que equivale a más de 2/3 del presupuesto nacional, los cuales se distribuyeron entre la empresa del Estado Fondo de Desarrollo Nacional, S.A., mejor conocida como Fonden, y el pago del servicio de la deuda pública. 

A Fonden se le otorgaron Bs.S. 95,03 billones (US$2.640 millones), a través de créditos adicionales, para financiar supuestos proyectos de inversión y gastos de funcionamiento. Sin embargo, no se tiene ninguna información sobre tales proyectos. Además, se desconoce cuánto dinero se le asignó a través de la Ley de Presupuesto. En tanto, para el servicio de la deuda se destinaron Bs.S. 7,56 billones. De esta asignación, Bs.S. 7,25 billones fueron aprobados mediante créditos adicionales para cumplir compromisos de pago de deuda externa (gobiernos extranjeros, organismos internacionales y proveedores). No obstante, se desconoce quiénes son los acreedores y la situación en la que se encuentran esos compromisos de deuda.

Otro hallazgo relevante es que, en 2019, se incrementó la centralización de los recursos públicos. El Poder Ejecutivo se asignó más de 94% del gasto total aprobado, excluyendo del cálculo las transferencias realizadas por éste a las gobernaciones y alcaldías, que recibieron solo 5% del presupuesto total asignado al 31 de diciembre. De modo que, los demás poderes públicos se repartieron el 1% restante.

El presupuesto de un país es un instrumento para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo de la nación y propiciar el bienestar social. Si un gobierno realmente desea mejorar la calidad de la educación, aumentar los niveles de seguridad, reducir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades es necesario que se planifique para ello, que se involucre a los ciudadanos y que se rinda cuenta de la gestión. 

¡Los recursos públicos son de todos! Los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se está utilizando el dinero de forma oportuna, detallada y con fácil acceso