Hoy lunes 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Derecho a Saber o también conocido como Día Mundial del Acceso a la Información, un derecho que en Venezuela no se ha convertido en práctica y que por el contrario se niega sistemáticamente. Solo en lo que va de 2015, desde Transparencia Venezuela se han realizado 51 solicitudes formales de información a distintas dependencias del Gobierno, de las cuales solo una obtuvo respuesta en correspondencia a los parámetros de calidad de información que comprende que sea cierta, actual, precisa y completa.
Otras siete solicitudes fueron contestadas para señalar que la información no sería otorgada. Entre los casos, destaca la Contraloría General de la República (CGR), que se ha negado a dar respuesta a 20 denuncias relacionadas con hechos de corrupción enviadas en diferentes oportunidades por Transparencia Venezuela, hasta declararse “incompetente” para investigar.
Para que el ciudadano pueda comprender cabalmente los asuntos de interés público, a fin de participar eficazmente en el adecuado funcionamiento de la democracia, necesita acceso a mayor cantidad y calidad de datos que le permitan formarse una opinión. Sin embargo, “la opacidad se ha convertido en una política sistemática del Estado, que contrasta con la retórica oficialista en torno al principio constitucional de democracia participativa y protagónica”, explica Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.
Y una muestra de ello es que desde diciembre del 2014, el Banco Central de Venezuela no publica las estadísticas económicas del país en la página web de dicha institución. Y aun así, sin sorpresa, pero no por ello menos indignante, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible la demanda por abstención contra el presidente del BCV, Nelson Merentes, interpuesta por Transparencia Venezuela, por no publicar datos de importancia vital para la economía del país. Es decir, el TSJ no quiso obligar al BCV a difundir información pública, limitando el acceso a la información y el ejercicio de este derecho.
Desde el mes de septiembre de 2014 hasta la fecha (24 de septiembre de 2015), la Asociación Civil Transparencia Venezuela ha introducido cuatro recursos en ejercicio del derecho de acceso a la información, dirigidos al Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT, Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) y dos contra el BCV, tres fueron declarados inamisibles. Uno de ellos espera por respuesta.
Una encuesta realizada por la Colisión ProAcceso, en donde se quiso conocer cuál es el dato que los venezolanos consideran más importante por su impacto en la calidad de vida o limite en el ejercicio la ciudadanía, la inflación ocupó el primer lugar, seguido por los resultados de las investigaciones en torno a los 20 mil millones de dólares fugados de Cadivi y la tasa de homicidios.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en las Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela sobre la aplicación del Pacto International de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 2 y 3 de junio de 2015, recomendó al Estado que “adopte medidas necesarias que permitan el libre acceso a la información sobre la organización, funcionamiento y los procesos de decisiones de la administración pública, incluso mediante la adopción de una ley que garantice el acceso a la información de interés público, y la transparencia de la administración pública en la práctica”.
Asimismo que establezca mecanismos eficaces de difusión de la información que sea de interés para los titulares de derechos con relación a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y que continúe promoviendo la recopilación sistemática de datos, así como la elaboración y utilización de estadísticas sobre los indicadores de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales basadas en tales datos.
El derecho a saber, es decir, a ser informado y a buscar libremente cualquier información que se desee obtener es un derecho humano transversal para el ejercicio de la democracia y disfrute de los demás derechos. Desde Transparencia Venezuela se continuará exigiendo el cumplimento del derecho de todos a conocer todo lo concerniente al ejercicio de los público.
Informe Acceso a la información Pública 2015. Listado de solicitudes Aquí