Transparencia Venezuela, 26 de marzo de 2020.- “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”. Esta frase del poeta chileno Pablo Neruda define la actuación del Ministerio Público dirigido por Tarek William Saab en materia de lucha contra la corrupción, pues se ha centrado solo en combatir pequeños casos de delitos contra el patrimonio público y se ha olvidado de los grandes desfalcos a la nación.

Al menos esto es lo que se desprende de la propia información suministrada desde el despacho dirigido por el fiscal designado por la cuestionada Constituyente, Tarek William Saab, según la cual en lo que va del año 2020 se han iniciado 39 investigaciones por irregularidades administrativas, pero la inmensa mayoría de ellas gira entorno a pequeños grupos que buscaban beneficiarse de bienes y recursos públicos y que habían logrado apropiarse de bajas sumas de dinero.

En solo dos de los casos -instruidos por el intervenido Ministerio Público- el monto sustraido supera el millón de dólares. El primero, según información de la misma Fiscalía emitida el pasado 24 de enero, es la investigación que afectó al Banco Central de Venezuela (BCV), que involucra al entonces jefe de Pagos y Tributos del organismo, José Rubén Albornoz, quien habría autorizado cancelar 1,7 millones de dólares a tres compañías por bienes que el instituto emisor no compró y que por supuesto jamás recibió.

La segunda averiguación fue anunciada el 14 de febrero de este año. En esa ocasión, Saab informó sobre el desmantelamiento de una trama que operaba en la Industria Chino-Venezolana de Taladros y en Pdvsa Industrial, la cual habría logrado durante varios meses la sustracción de 213 bobinas de acero galvanizado, provocando un daño a las arcas públicas equivalentes a 6,3 millones de dólares. Por este caso fueron aprehendidos dos directivos de ambas empresas, según informó el fiscal general provisional.

Otros casos

En la mayoría de las 37 investigaciones restantes el Ministerio Público no informó los montos presuntamente sustraídos por los sospechosos. Apenas en algunos casos se suministró cierta información, como -por ejemplo- en el referido al exfiscal superior de Falcón, Diego Alejandro Flores, quien a mediados de febrero fue detenido- junto a su escolta y dos abogados- tras haber sido denunciado por extorsión por un comerciante.

El exfuncionario habría solicitado 40 mil dólares y una camioneta a su víctima a cambio de cerrar una averiguación que abrió en contra del comerciante por presunto contrabando de alimentos, informó la Fiscalía.

Las restantes causas están relacionadas con sobornos que policías y otros funcionarios habrían exigido a ciudadanos a cambio de liberarlos, facilitarles documentos o trámites; así como con la desarticulación de grupos que se dedicaban a sustraer alimentos, medicamentos y otros materiales o equipos de instituciones del Estado. Sin embargo, la instancia que debe garantizar la legalidad no aportó datos sobre el daño que provocaron estas actividades ilícitas al erario público.

No obstante, la información disponible permite concluir que el Ministerio Público ha mostrado empeño en combatir la corrupción, pero en niveles bajo o medios y el propio Saab ha reconocido que no se trata justamente de peces gordos. 

“No solamente (investigamos) los hechos ocurridos a gran escala en el Área Metropolitana de Caracas. Algunos de estos hampones piensan que por estar en lugares remotos o lejanos no habrá investigaciones para ellos o no los alcanzará el peso de la ley”, afirmó en febrero al anunciar la aprehensión del exdirector del Seguro Social en el estado Táchira por presuntas irregularidades cometidas en su gestión.

La gran corrupción en la gaveta

El énfasis puesto por la Fiscalía por desarticular pequeñas y medianas tramas de corrupción contrasta con la inacción a la hora de abordar la “gran corrupción”. 

¿Qué es la “gran corrupción”? Transparencia Internacional le define como “el abuso de altos niveles de poder que beneficia a pocos a las costas de la mayoría y causa daños profundos y diseminados a individuos y a la sociedad. Y por lo general queda impune”. 

La mayor evidencia de esta omisión queda de manifiesto con el hecho de que investigaciones como las relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht se encuentran paralizadas, o al menos no se ha informado ningún avance, pese a que directivos de esta compañía admitieron haber pagado grandes sumas de dinero a funcionarios de los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, a cambio de mil millonarios contratos de obras públicas.

Otra señal es que de los 129 venezolanos que el Ministerio Público ha señalado, en sus distintos comunicados de prensa, y que fueron detenidos o están siendo solicitados por las 39 averiguaciones antes mencionadas, un total de 97 tenían cargos públicos, mientras que 29 no tenían relación con el Estado. Además, ninguno de los funcionarios, bien sean civiles o militares, ocupaban altos puestos.

En enero, Saab reiteró que su despacho libra una “lucha sin cuartel” contra la corrupción, la cual “no dura un mes, una semana o una jornada, sino que es permanente”. El tiempo dirá si esto es así y si esa supuesta batalla también abarca desfalcos como Odebrecht, Pdvsa, Pdval o Cadivi donde miles de millones de dólares de los venezolanos se perdieron.