Transparencia Venezuela, 13 de marzo de 2026. La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de desechar la denuncia de Nicolás Maduro contra a Estados Unidos por las sanciones, impuestas desde 2014 a funcionarios y exfuncionarios venezolanos por atentar contra la democracia o violar derechos humanos, deja una duda al aire: ¿Como presidenta encargada, Delcy Rodríguez insistirá en continuar con la acusación?
Aunque la Fiscalía de la CPI haya considerado que “no existe una base razonable para iniciar una investigación” contra las autoridades estadounidenses, en el caso conocido como Venezuela II, esto no implica necesariamente el fin del asunto porque el Gobierno venezolano dispone de 90 días para solicitar la revisión a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos).
¿Delcy Rodríguez ordenará que se ejerza el recurso de apelación? ¿o este es el fin de los intentos de Maduro por sentar en el banquillo de los acusados a Estados Unidos por las sanciones?
“Aunque se acepta que la imposición y aplicación de las sanciones estadounidenses puede haber exacerbado la grave situación humanitaria existente, según la información disponible, esto no es suficiente por sí solo para demostrar, a efectos del derecho penal, que exista un nexo causal suficiente entre la adopción de medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela y los presuntos delitos, y que estos se llevaron a cabo con la intención necesaria”, se lee en el escrito de tres páginas emitido por la Fiscalía de la CPI.
La acusación contra EE.UU. habla hasta de “exterminio”
Venezuela acusó a Washington de incurrir en los delitos de asesinatos, exterminio, deportaciones, persecución y otros actos inhumanos “como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente (…) al menos desde el año 2014”.
Al presentar la denuncia el 13 de febrero de 2020, el entonces canciller Jorge Arreaza aseguró que «nuestro gobierno se ampara en el derecho internacional» y aseveró que las sanciones eran “una sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos por año”.
El tema de las sanciones es complejo y había sido aprovechado por el Gobierno venezolano para explicar la grave crisis económica y de servicios públicos que enfrenta el país. Maduro llegó a cifrar en más de 900 las medidas sancionatorias, a las que calificó de “misiles contra la economía venezolana”.
Sin embargo, insistentemente el mismo Nicolás Maduro y otros personeros oficiales obviaron aclarar que la mayoría de esas medidas fueron tomadas contra individualidades (funcionarios, exfuncionarios, empresarios y sus familiares).
Funcionarios de Naciones Unidas como el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, han cuestionado las sanciones. Sin embargo, la ONU comenzó a reconocer que Venezuela enfrentaba una crisis humanitaria en 2016, antes de que muchas de las sanciones fueran impuestas.
No hay que confundir con el caso de delitos cometidos en las protestas
La decisión de la Fiscalía de la CPI de desechar el llamado caso Venezuela II no afecta las investigaciones que este despacho viene conduciendo por los presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por funcionarios civiles y militares en el país desde 2014, se lee en el último párrafo del escrito. Ese expediente se denomina Venezuela I.
En noviembre de 2021, el entonces fiscal Karim Khan anunció que iniciaría una averiguación para hallar a los responsables de los delitos de persecución, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. Sin embargo, tras más de un lustro, hasta el momento se desconoce el estado de las indagaciones.
Los escándalos de conflicto de intereses y abusos en los que se ha visto envuelto Khan y que lo obligaron a separarse del caso de Venezuela a finales del año pasado parece que han incidido en la marcha de las pesquisas.