Por Diederik Lohman
Mientras su bebé de 3 meses se recuperaba de una cirugía de corazón en uno de los principales hospitales públicos de Caracas, los médicos le dijeron a Yamila que debía salir a comprar insumos médicos básicos para su niña, ya que en el hospital se habían agotado. Le entregaron una lista que incluía catéteres, jeringas para fluidos intravenosos, antibióticos y otros medicamentos, la madre le dijo a un investigador de Human Rights Watch en noviembre.
Yamila debió entonces dejar a su hija e iniciar una búsqueda desesperada para conseguir insumos médicos que son tan básicos que nunca deberían faltar en ningún hospital, y mucho menos en uno de los hospitales universitarios más importantes del país. Pero ninguno de los hospitales y farmacias que visitó tenían los insumos que ella necesitaba. Al final, a pesar de dudar sobre la calidad de los insumos, y sin la certeza de si había conseguido los catéteres y las jeringas del tamaño adecuado para una bebé recién nacida, Yamila no tuvo más opción que comprar lo único que pudo encontrar en el mercado negro, sin ninguna garantía de calidad.
El sistema de salud de Venezuela, que durante mucho tiempo fue motivo de orgullo para el gobierno, atraviesa una profunda crisis. Miles de pacientes no pueden recibir tratamientos médicos esenciales, y miles más están en lista de espera para someterse a cirugías que podrían ser vitales, debido a que los médicos no tienen los elementos necesarios para operar.
El gobierno ha estado intentando eludir su responsabilidad, y ha arremetido contra los directivos de una cadena líder de farmacias y detenido e interrogado a médicos que han criticado abiertamente la escasez de medicamentos e insumos. Pero lo cierto es que el gobierno no ha asegurado que medicamentos e insumos médicos esenciales estén disponibles en el sistema de atención de salud pública, mientras que las restricciones cambiarias y los controles de precios impuestos por el gobierno obstaculizan la posibilidad de que estos sean suministrados por empresas farmacéuticas. La caída del precio del petróleo, una fuente de ingresos clave para el país, ha agravado sustancialmente una situación que ya era precaria.
En visitas realizadas recientemente a Venezuela, Human Rights Watch advirtió que había faltantes de medicamentos para el tratamiento del dolor, asma, hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas, entre otras. Había también escasez de jeringas, gasas y agujas, y los hospitales no podían realizar análisis básicos de laboratorio.
En marzo, Médicos por la Salud, una red de médicos residentes que trabajan en hospitales públicos de todo el país, informó los resultados de una encuesta llevada a cabo en 130 hospitales públicos de 19 estados, la cual mostraba que el 44 por ciento de los quirófanos no estaban operativos, y que el 94 por ciento de los laboratorios tienen fallas en el funcionamiento o falta de reactivos. También se comprobó que en los hospitales había escasez o faltantes en el 60 por ciento de los medicamentos o insumos médicos que normalmente se mantienen en inventario, y que la mayoría de los medicamentos incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud no estaban disponibles en farmacias.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que estos medicamentos estén disponibles y sean accesibles para todas las personas, sin discriminación. Si bien documentamos estos problemas en países de todo el mundo, pocas veces hemos visto, fuera de zonas en guerra, un deterioro tan rápido en el acceso a medicamentos esenciales como el de Venezuela.
Muchos países de la región han enfrentado desde hace tiempo obstáculos en el acceso a medicamentos y servicios básicos, sobre todo en zonas rurales. Pero el desabastecimiento que se observa actualmente en Venezuela afecta tanto a hospitales importantes como a farmacias privadas. Y las políticas implementadas por el gobierno hacen que sea incluso más difícil conseguir estos medicamentos básicos, no sólo en el sistema de salud pública sino también en el sistema privado.
A fines de 2014, los hospitales públicos tenían en lista de espera aproximadamente a 20.000 pacientes que necesitaban someterse a cirugías, incluidos 4.000 en el Hospital Universitario de Caracas, según datos de Médicos por la Salud. En enero, luego de que, según la prensa, habrían fallecido más de 10 pacientes que esperaban poder ser operados en ese hospital, el establecimiento cerró la unidad de cirugía cardiovascular y envió al resto de los pacientes a sus casas. La unidad reabrió por un período breve en febrero, cuando tras la difusión de las muertes en los medios, las autoridades de salud repusieron algunos medicamentos, según nos informaron médicos venezolanos. Pero dos semanas después, el servicio volvió a cerrar.
Médicos del servicio pediátrico del Hospital Universitario nos dijeron que esterilizan y reutilizan las mascarillas para tratar a niños con afecciones respiratorias. A su vez, médicos del Hospital J.M. de los Ríos, el principal hospital de niños de Caracas, indicaron que enfrentaban graves desafíos para efectuar diagnósticos porque carecían de insumos tales como tubos de ensayo o reactivos para realizar análisis.
Al igual que en otros países de la región, se ha producido en Venezuela un drástico aumento de enfermedades virales transmitidas por mosquitos, y en 2014 se estimó que había más de 34.000 presuntos casos de chikungunya y 75.000 presuntos casos de dengue, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud. Expertos independientes sospechan que los casos podrían ser muchos más, considerando la gran cantidad de pacientes con fiebre que no reciben un diagnóstico adecuado. Médicos y pacientes nos dijeron que, a pesar de los compromisos expresados por el gobierno de importar medicamentos para tratar el dolor y la fiebre asociados con estas enfermedades, a menudo los venezolanos no podían conseguir estos medicamentos, especialmente durante los períodos de mayor demanda.
No es sorprendente que esta situación haya provocado un profundo malestar entre la población. Desde febrero de 2014, los venezolanos han realizado protestas en la vía pública por distintas causas, incluida la escasez de medicamentos y otros bienes. Miembros de las fuerzas de seguridad han utilizado reiteradamente la fuerza ilegítima contra manifestantes y transeúntes, incluidas detenciones arbitrarias, golpizas y torturas.
Es habitual que el gobierno venezolano intente desviar la atención de las distintas crisis que enfrenta planteando teorías conspirativas o buscando chivos expiatorios. En este caso, ha intentado desviar el enojo popular culpando a médicos, farmacias y empresas farmacéuticas por la escasez de insumos y medicamentos.
A comienzos de febrero, el Presidente Nicolás Maduro acusó a una cadena farmacéutica de “hacer [una] guerra económica contra el pueblo”, luego de que cerrara varias cajas en una de sus tiendas, lo cual provocó una larga fila. No es raro ver largas filas de venezolanos enojados que esperan durante horas en la calle para comprar distintos productos, cuando resulta que estos están disponibles en farmacias u otros comercios. En vez de abordar las causas subyacentes de la escasez de productos, el gobierno detuvo a dos de los directivos de la cadena farmacéutica durante 45 días. Los hombres finalmente fueron liberados de manera condicional pero enfrentan cargos por “boicot y desestabilización de la economía”, un delito creado hace poco más de un año mediante un decreto presidencial.
Varios médicos han sido detenidos e interrogados por policías tras haber reclamado públicamente por la escasez de medicamentos e insumos médicos, o luego de atender a manifestantes heridos.
En febrero, las autoridades detuvieron a Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas del estado de Carabobo, luego de que en una entrevista televisiva criticara la escasez de medicamentos. Diversos medios indicaron que Rosales fue llevado del centro médico donde trabaja e interrogado durante tres horas antes de ser liberado.
Pocas semanas después, dos médicos de Táchira fueron interceptados por policías, quienes les pidieron que declararan sobre el tratamiento que habían brindado a manifestantes heridos el día anterior, según informes de medios de prensa. Los médicos señalaron a un medio de noticias local que los policías no les mostraron ningún documento escrito que exigiera que prestaran declaración, pero les dijeron que negarse a aportar estos datos podía constituir “ocultamiento o falseamiento de información”. Fueron retenidos durante cinco horas, y posteriormente liberados.
Sin embargo, en realidad, el responsable de esta situación es, en gran medida, el gobierno.
Venezuela no cuenta con una industria farmacéutica fuerte, y debido a ello el país tiene que importar la mayoría de los medicamentos e insumos médicos. Incluso en el caso de medicamentos que se fabrican localmente, la materia prima a menudo proviene del exterior. El gobierno obtiene medicamentos e insumos directamente a través de acuerdos bilaterales con otros países, incluidos Argentina, Cuba, Uruguay y China, pero no ha asegurado que el sistema de salud pública cuente con los recursos que necesita.
Varios informes recientes preparados por la propia Contraloría General de la República de Venezuela criticaron las deficiencias en materia de planificación y condiciones de almacenamiento, y advirtieron que numerosos medicamentos debieron ser desechados porque se estaban vencidos. Por ejemplo, en su informe de 2011 la Contraloría indicó que había encontrado medicamentos e insumos quirúrgicos en hospitales públicos que habían vencido hasta seis años antes. En 2013, el informe de la Contraloría concluyó que el Ministerio de Salud no había liberado oportunamente productos farmacéuticos que estaban en la aduana, y esto había generado demoras de hasta 168 días. Para septiembre, el ministerio apenas había recibido el 0,84 por ciento de los medicamentos previstos para ese año, mientras que el cronograma de 2013 indicaba que para entonces el 74 por ciento ya debía haber estado disponible. De manera similar, un informe de 2014 sobre el hospital de niños en Caracas indicó que 10 de 11 áreas no estaban prestando servicios adecuados debido a “la carencia de personal médico, equipos e insumos médicos, así como al deterioro de la infraestructura”.
Pero para la mayoría de los medicamentos e insumos médicos, Venezuela depende de proveedores farmacéuticos privados. Y la normativa sobre tipo de cambio y controles de precios que ha impuesto el gobierno están obstruyendo este proceso.
Los proveedores extranjeros de medicamentos e insumos médicos exigen pagos en moneda extranjera, pero los dólares no se consiguen fácilmente debido a que el gobierno mantiene un férreo control de las pocas reservas que parece tener. Las empresas farmacéuticas privadas en Venezuela necesitan autorización gubernamental para comprar dólares para pagarles a los proveedores extranjeros. Una vez otorgada la autorización para obtener dólares, deben solicitar al Banco Central de Venezuela que los entregue. Este proceso suele estar asociado con largas demoras, que se traducen en pagos tardíos, según nuestra investigación. Y los proveedores extranjeros se niegan a realizar nuevos envíos a Venezuela hasta que se cancelen las cantidades adeudadas.
Dado que la ley prohíbe comprar dólares fuera de este sistema, las compañías farmacéuticas no pueden comprar legalmente divisas de otro modo. Pero aun si esto fuera lícito, tampoco sería económicamente viable. La legislación venezolana aplica un precio máximo a la venta de medicamentos en el país en función del tipo de cambio oficial, que es de aproximadamente el 3 por ciento del valor en el mercado negro. Si las empresas compraran dólares fuera del procedimiento oficial, terminarían pagando mucho más por los medicamentos y los suministros de lo que luego podrían cobrar por ellos.
Así es como hospitales y farmacias se quedan habitualmente sin insumos y medicamentos básicos, lo cual hace cada vez más difícil que los médicos puedan hacer su trabajo. Como nos dijo un médico, “es frustrante como médico no poder resolver con medicamentos o con intervenciones las cosas que estamos entrenados para hacer, que es quitar la enfermedad, o por lo menos mejorarla, aliviar el dolor”. Como consecuencia de esto, hay decenas de miles de personas cuya salud o vida se encuentra en riesgo.
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Diederik Lohman es director adjunto de salud y derechos humanos de Human Rights Watch.
http://www.hrw.org/node/134639