En materia legislativa, el balance de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en 2014 fue igual a cero. En su informe de gestión, la instancia presidida por el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) reconoce que “motivado a la Ley Habilitante otorgada al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para legislar en materia contra la corrupción, las iniciativas legislativas que se estaban adelantando fueron enviadas al Ejecutivo Nacional para su consideración”; sin embargo, pasó un año, esos instrumentos no fueron aprobados por Maduro y la ciudadanía desconoce qué pasó con esto.
La AN envió a Miraflores los proyectos de Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y de Intereses, y de Ley para Facilitar e Incentivar la Denuncia de los Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos. Dado que el Jefe de Estado no incluyó estas normas en su paquete Habilitante, el Parlamento debería explicar si retomará la discusión de estos textos legales y el alcance que tendrían para combatir las desviaciones que minan a la Administración Pública.
El año pasado, la Comisión de Contraloría se limitó a constituir –como señala su propio informe- una “subcomisión de legislación para la elaboración del proyecto de Ley del Control Político”, bajo la responsabilidad del vicepresidente de la comisión, diputado Jesús Montilla (PSUV-Falcón). Hasta la fecha, los venezolanos ignoran el contenido de esta propuesta y sus avances.
En cambio, vía Habilitante, Maduro intentó saldar una vieja deuda de la AN, decretando una reforma de la Ley contra la Corrupción que no fue objeto de debate público y sentó las bases de un nuevo Cuerpo Nacional de Prevención, Análisis, Inteligencia e Investigación contra la Corrupción, cuyo funcionamiento tampoco ha sido suficientemente explicado a los ciudadanos.
Como conclusión, puede advertirse que la Comisión de Contraloría no cumplió con su labor de legislar, dejando esta responsabilidad que le es propia en manos del Ejecutivo Nacional, razón por la cual una serie de proyectos siguen en el limbo a falta de mayores definiciones por parte de la mayoría oficialista que domina la Cámara.
Varados
El informe de la Comisión de Contraloría de la AN ofrece un cuadro con la “relación de solicitud de viáticos y pasajes con motivo de las investigaciones” que adelantaron en esta instancia parlamentaria durante 2014. Allí mencionan ocho traslados que han debido completar el año pasado; no obstante, solo en un caso se acota que “se realizó el viaje”. Se trata de una visita que se habría llevado a cabo del 14 al 28 de mayo en Nueva Esparta y en la que participaron los diputados Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar), Rosa Del Valle León (PSUV-Aragua), Lesbia Castillo (PSUV-Carabobo), Rodolfo Rodríguez (AD-Anzoátegui) y Richard Eloy Arteaga (PJ-Anzoátegui).
El resto de los traslados aparecen como “reprogramados”. Uno que tenían previsto hacia Zulia en junio fue pospuesto “por falta de disponibilidad presupuestaria”, lo mismo que otro recorrido que harían en Bolívar entre los meses de mayo y junio, cuyo estatus aparece reflejado en el documento oficial de la forma siguiente: “No depositaron los viáticos por falta de disponibilidad presupuestaria”.
El informe general no precisa si los diputados cumplieron en algún momento con estos compromisos, aunque cada una de las tres subcomisiones en sus respectivos balances dicen haber realizado un total de siete viajes al interior de la República.
Cuesta creer que en un país donde –según admitieron altos jerarcas del Gobierno- se dilapidaron 25 mil millones de dólares, el Poder Legislativo no tenga la “disponibilidad presupuestaria” para realizar visitas a las regiones con el fin de investigar hechos de corrupción.