En su informe de gestión de 2014, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional destaca como un éxito que cerró durante este ejercicio 157 casos. Sin embargo, de ese total, solo nueve concluyeron con una solicitud de declaratoria de responsabilidad política. Es decir, apenas en 6% de los expedientes finiquitados los legisladores plantearon imponer sanciones a los señalados por incurrir en hechos de corrupción.
El balance expuesto por la instancia que preside el diputado Pedro Carreño (PSUV-Lara) da pie a preguntarse hasta qué punto la AN cumple de manera eficiente y oportuna con su función de ejercer “control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”, tal como lo establece el artículo 187 de la Carta Magna; o si, por el contrario, dedicó el año pasado a deshacerse de viejas carpetas.
Aunque el informe no precisa la fecha de presentación de cada una de las denuncias que finalizaron en 2014, los títulos de algunos expedientes sirven para determinar la existencia de investigaciones que se venían arrastrando desde hace 12 años o más. Como ejemplo, vale citar las siguientes averiguaciones: “Presuntas irregularidades en la construcción de la autopista ‘Antonio José de Sucre’, tramo San Esteban-Santa Fe, estado Sucre, año 2002”, y “Presuntas irregularidades administrativas por la paralización y atraso de un conjunto de obras macro por la Gobernación del estado Vargas, durante el año 2002”. Ambos casos fueron analizados por la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Nacional, del Ejecutivo Regional Descentralizado y de Fondos Públicos del Poder Legislativo, Judicial, Electoral, Ciudadano y del Poder Popular, coordinada por la diputada Isabel Lameda (PSUV-Lara).
Incluso, la Subcomisión de Control del Gasto Público e Inversión del Ejecutivo Municipal, a cargo de la diputada Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar), cerró una denuncia promovida contra Henri Falcón hace 14 años, cuando administraba la Alcaldía del municipio Iribarren. Esta misma Comisión de Contraloría ha abierto otras averiguaciones contra Falcón, ahora por su desempeño como gobernador del estado Lara.
Pese a que el balance oficial de esta instancia legislativa dice que en 2014 entregaron nueve expedientes con declaratoria de responsabilidad política, el informe en su “cuadro 3” solo identifica seis. Uno de ellos propone castigar por la presunta comisión de “irregularidades administrativas” al ex gobernador del estado Sucre, Ramón Martínez, que abandonó ese cargo en 2008 y lleva, al menos, cinco años en el exilio.
En contraste, la Comisión de Contraloría de la AN no brinda información sobre actuaciones en temas que en la actualidad escandalizan a la opinión pública venezolana, como el desvío de unos 20 mil millones de dólares que habrían beneficiado a empresas de maletín, según reveló el ex ministro de Planificación de este Gobierno, Jorge Giordani.
Puro archivo
El balance de la Comisión de Contraloría consta de 128 páginas. Allí detallan las actividades que desarrollaron hasta la Unidad de Correspondencia, Mensajería y Recepción, los responsables de limpieza y el señor que saca las fotocopias. Sin embargo, no informan en qué terminó la evaluación de las memorias y cuentas que el Vicepresidente de la República y los ministros consignaron ante el Parlamento el martes 25 de febrero de 2014.
El documento sí refleja que en la reunión ordinaria que sostuvo la Comisión el 23 de julio pasado, acordaron “ratificar los oficios con requerimiento de información de aquellos ministerios que aún no han remitido los recaudos solicitados para la evaluación de la cuenta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013”. No obstante, jamás aclara si recibieron los datos que necesitaban para continuar con su “evaluación” y qué pudo arrojar la misma.
En síntesis, los miembros del Gabinete Ejecutivo se preparan para entregar sus informes de gestión de 2014, y aún los venezolanos no conocen la opinión de la Comisión de Contraloría sobre el desempeño de los ministros en 2013.
Por otra parte, el artículo 45 del Reglamento Interior y de Debates estipula que las comisiones permanentes “se reunirán por convocatoria de su Presidente o Presidenta, o en su ausencia por el Vicepresidente o Vicepresidenta, por lo menos dos veces al mes” en sus respectivas sedes. La AN tiene un mes de receso reglamentario, entre el 15 de julio y el 15 de septiembre. El informe de la Comisión de Contraloría reseña que el año pasado celebraron “18 reuniones ordinarias”.
Los ciudadanos reclaman y merecen una Comisión de Contraloría que trabaje a fondo, aborde los problemas que afectan en la actualidad al país y revise de forma exhaustiva el desempeño del Presidente, los ministros y los principales responsables de la Administración Pública.