Por Pedro Pablo Peñaloza
El choque de poderes no es solo cosa de dos. Además de enfrentar las presiones del Ejecutivo, la Asamblea Nacional ha tenido que lidiar desde su instalación con el Tribunal Supremo de Justicia, que en la práctica ha mutilado a la Cámara al admitir la impugnación de los cuatro diputados electos por el estado Amazonas y que hasta declaró en desacato a la junta directiva del Parlamento por ese caso.
Pero ese no es el único foco de conflicto entre la AN y el TSJ. Una comisión encabezada por el diputado Carlos Berrizbeitia (Prove-Carabobo) está evaluando la legalidad de la designación de 34 magistrados (13 principales y 21 suplentes), realizada el pasado 23 de diciembre de 2015. Más que analizar un procedimiento que la oposición ya denunció como irregular, Berrizbeitia señala que asumen esta tarea con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática de Venezuela
– ¿Cómo avanza el trabajo de la comisión? ¿Qué han detectado hasta la fecha?
– La comisión tiene apenas dos semanas de haberse instalado. Lo primero que hicimos fue pedir a Archivo de la AN todo el expediente, donde está reflejado el procedimiento administrativo que hizo la directiva saliente (encabezada por el diputado Diosdado Cabello) con la comisión que presidía Elvis Amoroso (exdiputado del PSUV por el estado Aragua) para elegir el 23 de diciembre a estos 13 magistrados principales y 21 suplentes.
Lo primero que hemos visto es que el expediente está incompleto, solamente hay dos currículos de los 13 magistrados principales y 21 suplentes. Además, a la comisión están viniendo expertos en materia constitucional para entregar sus informes sobre las supuestas violaciones en el procedimiento. La idea es demostrar con pruebas fehacientes, con el expediente en la mano, que hubo violaciones en el procedimiento administrativo que desarrolló la AN para elegir a estos magistrados. La AN tiene capacidad de autotutelaje, es decir, que si el proceso administrativo no cumplió con el Reglamento, con la Ley Orgánica del TSJ y con la Constitución, la AN debe rectificar y corregir esta situación. Hay que tener claro que la AN es la que designa a los magistrados, y que la AN es elegida por el soberano. Entonces, se tomarán las decisiones correspondientes si hubo fallas en el proceso administrativo.
– Entonces, ¿en los archivos de la AN solo reposan dos currículos de los 34 magistrados designados en diciembre de 2015?
– Todo el país vio el nerviosismo, el apresuramiento con que designaron a estos magistrados en diciembre. Ese fue el regalo que le dieron a los venezolanos en Navidad, elegir a unos magistrados de una manera exprés, sin guardar las formas. El expediente es el resultado de ese apresuramiento. Ni siquiera está foliado, ni tiene ningún tipo de protección, aunque trata un asunto tan serio como la designación de unos magistrados del máximo juzgado del país. Además, debería haber expedientes individuales para cada uno de los magistrados. Esto demuestra la ilegalidad cometida con esos nombramientos.
– ¿Solicitarán al TSJ la información que no está en el expediente?
– Primero tenemos que conseguir los currículos. Cualquier profesional en cualquier área de servicio entrega su currículo. Tenemos que revisar los currículos para ver si cumplen con los requisitos que imponen la Constitución y las leyes. Un magistrado de la Sala Electoral tiene que tener experiencia en la materia, posgrados. Vamos a pedirle a la presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, que envíe los currículos a la AN.
– Menciona el caso de los magistrados de la Sala Electoral. Allí designaron a Christian Zerpa, quien pasó de ser colega suyo como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela a magistrado del TSJ.
– Aquí también hay que hablar de ética. Como diputado, Zerpa votó por él mismo para ser designado magistrado. Por cierto, ese es uno de los dos currículos que están en la AN. El currículo de Zerpa muestra su actividad política en el partido de Gobierno. El gran daño que el Gobierno ha infligido a la democracia es eliminar la independencia de los poderes. Zerpa fue diputado y ahora es magistrado, pero también están otros que solo han tenido vinculación con el partido de Gobierno.
Se ha utilizado el TSJ como herramienta política y no como herramienta para impartir justicia. La única forma de que logremos una democracia sólida y seria es que las instituciones funcionen. Venezuela necesita instituciones fuertes, sólidas e independientes. En eso estamos trabajando. Si el procedimiento que se desarrolló para la designación de los magistrados está viciado, si comprobamos con base que hubo fallas en la elección de los magistrados, tendremos que tomar las medidas constitucionales para resarcir el daño que le están haciendo a una institución que debemos rescatar como el TSJ.
– Una decisión de ese tipo puede agudizar el conflicto de poderes.
– Ya hubo un escarceo arrancando el año. Nosotros acatamos una decisión del TSJ (la impugnación de los cuatro diputados de Amazonas). La acatamos no solamente porque hay en el país una normativa legal, sino porque hay unas variables políticas muy importantes que debemos manejar. Así como nosotros aceptamos algo que nos pareció políticamente inaceptable, esperemos que el TSJ acepte también que somos un poder independiente y que la Constitución nos da las herramientas para modificar leyes y designar funcionarios. Ojalá no lleguemos a un choque de instituciones porque nosotros no queremos quitarle el poder y sus espacios al TSJ, pero tampoco vamos a aceptar que el TSJ nos quite los espacios, responsabilidades y herramientas para rectificar los procesos.