El día 19 de julio de 2016, diversas activistas y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa (AVESA), FUNDANA, Prepara Familia, Observatorio Venezolano por los derechos humanos de la Mujer, Voces Vitales de Venezuela, y ASOSABER, que trabajan en favor de la igualdad de género y los derechos de las mujeres introdujeron un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir respuestas del Estado venezolano frente a la aguda crisis de salud, la cual tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres.
En el documento introducido, señalaron que la grave crisis de salud por la que atraviesa Venezuela afecta derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a no morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, el derecho a obtener información en planificación familiar, el derecho a acceder a métodos para la regulación de la fecundidad, el derecho a la autonomía reproductiva y el derecho a no morir por causas relacionadas con el VIH/SIDA, ante las cuales el Estado venezolano está obligado a actuar en virtud de los marcos normativos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Citaron como ejemplo cómo la escasez de anticonceptivos y condones afecta el derecho a la autonomía reproductiva (consagrado en el artículo 76 de la Constitución) en virtud del cual las mujeres pueden decidir libre y responsablemente cuántos hijos o hijas tener y cuándo. La escasez de preservativos, por su parte, incluyendo la escasez de condones femeninos, implica un riesgo para las mujeres y la población en general, de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH/SIDA.
Mientras a nivel global la incidencia de VIH/SIDA entre mujeres disminuye, en Venezuela existe una feminización de la epidemia dada la poca información y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y a un sistema de salud que no garantiza el control oportuno y seguro de los embarazos.
El artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela también dispone que el Estado debe garantizar asistencia y protección integral a la maternidad, lo cual en la práctica no está ocurriendo dada la grave escasez de insumos médicos y medicamentos básicos como vitaminas para mujeres embarazadas, y el colapso de la infraestructura de salud. Existen reportes que indican que las mujeres deben recorrer hasta cinco establecimientos de salud antes de ser recibidas para dar a luz. Las cifras de mortalidad materna se mantienen altas y en incremento desde 2013, cuando se ubicaba en 406 para ese año. El 2014 cerró con una cifra 432 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos reportados.
Otros de los temas ante los cuales exigieron la acción del Estado venezolano son el aumento de las ya altas tasas de embarazo adolescente (la más alta de América Latina), y las consecuencias de salud como bajo peso al nacer, desnutrición y otros, exacerbados por la crisis; la aguda escasez de medicinas, insumos médicos y atención oportunas para el cáncer de mama; y la ausencia de datos e información sobre la relación entre el virus del Zika y las mujeres embarazadas en riesgo de tener bebés con microcefalia.
Mediante este documento, las organizaciones y activistas firmantes se suman a la causa interpuesta el pasado 23 de mayo de 2016 por las organizaciones PROVEA, CEPAZ, Codevida, Acción Solidaria, SenosSalud, Funcamama, Convite y Transparencia Venezuela ante la Sala Constitucional del TSJ demandando la protección del derecho a la vida y a la salud de los/as venezolanos/as en virtud de la aguda escasez de medicamentos e insumos médicos y solicitando la cooperación internacional en el marco de los derechos humanos.
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