El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, señala que el acceso a la información permite a los ciudadanos colaborar con la resolución de los problemas comunitarios.
Más allá de normas y regulaciones, la clave para alcanzar la transparencia pasa por involucrar a los ciudadanos en el combate contra la opacidad. Esta fue una de las premisas que defendió Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México, durante su participación en un foro sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública que impulsa la Asamblea Nacional.
Salas Suárez, quien visitó el lunes 30 de mayo el Palacio Federal Legislativo para intervenir en la consulta pública de la propuesta legal, subrayó que la población debe ejercer su derecho a tener acceso a la información para contribuir a solucionar los problemas que afectan a las comunidades.
– La aprobación de la Ley de Transparencia dará pie a la creación de un organismo que se encargará de velar por el cumplimiento de la norma. ¿Cómo justificar esa iniciativa cuando en la sociedad crece el rechazo contra la burocracia?
– Al garantizar un derecho, tienes dos opciones: se lo das a alguna institución del Estado que ya existe, pero que no tiene la especialidad ni las competencias, o bien creas un organismo nuevo con plena competencia y facultad que además de garantizar el derecho, pueda potenciarlo en el ámbito de todas las instituciones del Estado. En el caso mexicano, se fue por la opción de crear un organismo especializado. No estamos construyendo un elefante blanco, la realidad es que la percepción generalizada es que el órgano sí es necesario. Venimos de periodos de plena opacidad y la única manera de revertir estas tendencias es dándole total autonomía y funcionalidad a un órgano que tutele este derecho.
– ¿Cómo garantizar esa autonomía y evitar que el organismo sea controlado por un partido o institución política en particular?
– Lo peor que le puede pasar a este tipo de instituciones es que sean capturados por intereses políticos o por los poderes que los nombran. En el caso mexicano, creo que eso se garantizó con la participación de la sociedad civil. La sociedad civil pudo opinar sobre quiénes consideraban eran los mejores perfiles y eso le dio cierta legitimidad de origen al nombramiento de nosotros. Igual, eso no garantiza nada si a quienes eliges no asumen a cabalidad su independencia y autonomía. De allí la importancia de que la población esté monitoreando cada una de las decisiones del organismo.
– ¿Qué debe hacerse para activar a la ciudadanía en la lucha por la transparencia?
– En el caso de México, se previó desde el diseño de la ley la construcción de un sistema nacional de transparencia, donde convergen todos los órganos garantes y las instituciones federales responsables de generar, producir y gestionar la información. Eso es fundamental, que el esfuerzo que hace un órgano nacional tenga correlato en el ámbito local, y que en cualquier comunidad llegue la difusión de la importancia del ejercicio de este derecho. Además, la propia autonomía le da tiempo en los medios de comunicación masivos, entonces, tenemos campañas muy fuertes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
– ¿Por qué es importante promover un Gobierno abierto?
– El tema de fondo, si te quedas solo con la garantía del derecho y la transparencia activa como viene en su proyecto de ley, es que vas a generar grandes cantidades de información que al final nadie te garantiza que será utilizada. Entonces, cuando te abres a la sociedad civil para definir cuáles son los problemas públicos y cuáles son las mejores soluciones, obligas a que población y autoridad utilicen estratégicamente la información para resolver los problemas cotidianos. Ese es en el fondo lo que está detrás de “Gobierno abierto”, cómo haces para que mediante la información y la transparencia detonen procesos reales de rendición de cuentas y una colaboración ciudadana en la resolución de los problemas públicos.