Un Gobierno Abierto promueve y garantiza sistemas robustos de lucha contra la corrupción; es decir, promulgación de leyes, normas, políticas y prácticas destinadas a erradicar los riesgos de corrupción dentro de la administración pública. Ello implica: fortalecimiento de la institucionalidad y aplicación de controles anticorrupción, medidas para prevenir la impunidad y un sistema de sanciones efectivos para los corruptos; y mecanismos de denuncia y protección para víctimas y/o denunciantes de hechos de corrupción.
El Estado tiene la responsabilidad de publicar proactivamente toda la información en sus manos y ponerla a disposición de sus ciudadanos. Esto incluye la rendición de cuentas sobre la gestión gubernamental, como una forma de dejar evidencia de la actuación pública ante la ciudadanía. Ambos espectros van de la mano y no puede hablarse de uno sin el otro. La administración pública, bajo los principios de la democracia, debe garantizar el ciclo de publicar información y hacerlallegar por los canales idóneos a sus ciudadanos, para que éstos la puedan analizar, compartir y reaccionar a través de la contraloría social.
La participación de la ciudadanía en la gestión pública no debe ser usada como instrumento político o como una forma de minimizar la responsabilidad de los Estados en la garantía de los derechos humanos, sino garantizar condiciones reales para que las personas puedan ejercer sus derechos frente al gobierno y hacer aportes en aquellos aspectos de la vida pública que sean de su interés. Por tanto, la interacción entre los ciudadanos y sus gobiernos debe materializarse en hechos concretos y no como algo meramente enunciativo, creándose canales efectivos para garantizar este diálogo en igualdad de condiciones.
La transparencia y la rendición de cuentas, en todos los aspectos del gobierno, tienen que estar sustentados en la apertura de los datos, que no es otra cosa que poner a libre disposición de todos, la información en manos del Estado, para poder acceder, utilizar y volver a publicarlos sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o propiedad. Los datos abiertos no son propiamente los archivos o files, sino los números ordenados en categorías; por lo tanto, su apropiación requiere que estén en formatos desde los cuales se pueda extraer y reutilizar las unidades de información. No sirven el HTML –o los links basados en este lenguaje- ni el PDF, y las hojas de cálculos deben están configuradas de forma que los datos duros sean asimilados sin los tropiezos que los formateos de tablas y la incrustación de descripciones pueden generar.
